El mercado laboral argentino está empezando a crujir. Es que si bien la inflación se desaceleró en los últimos meses, lo hizo a costa de una fuerte recesión sin precedentes en lo que va del siglo, un impacto que, tarde o temprano, se traducirá en crisis de empleo.
Un dato que ilustra la situación: la actividad manufacturera retrocedió 14,3% en mayo frente al mismo periodo del año pasado, según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), encadenando el duodécimo mes consecutivo con retroceso industrial.
El estudio dice que el primer semestre cerró con una contracción de 12,6% y que hay una aceleración de la caída del empleo asalariado registrado en la industria, con 5.074 puestos menos, sólo en mayo. Y para junio, los datos preliminares consolidan un escenario de caídas interanual y mensual.
Según los últimos datos del Indec, en los primeros tres meses de 2024, el empleo en el sector privado registrado medido frente al cuarto trimestre de 2023 tuvo la peor performance, por lejos, de los últimos ocho años (-1,25%). Los asalariados no registrados fueron los más perjudicados (-6%), seguidos de los trabajadores por cuenta propia (-3,5%).
En este contexto, la alta informalidad del mercado de trabajo en Argentina es un problema grave que se arrastra desde mucho antes que Javier Milei desembarcara en la Casa Rosada, porque no hay redes de contención para ese enorme universo.
Según la modalidad de medición, la informalidad abarca a alrededor del 40% de la población ocupada o asalariada argentina.
Definime “informalidad”
Según un amplio informe de Fundar, una organización sin fines de lucro dedicada al estudio, investigación y diseño de políticas públicas con foco en Argentina, la informalidad laboral se refiere a empleos que no cumplen con las regulaciones y normas laborales establecidas.
“La informalidad incide en el bienestar y la pobreza porque los trabajadores en el sector informal a menudo enfrentan condiciones de trabajo precarias. Sus ingresos suelen ser inestables y por lo general bajos, lo que aumenta su vulnerabilidad ante cualquier crisis económica o de salud. Además, la informalidad laboral es una expresión de la desigualdad”, define la investigación para luego desglosar datos de Argentina y América latina.
La investigación, liderada por el doctor en sociología Daniel Schteingart, describe dos formas de calcular la informalidad laboral de un país o provincia. Por un lado, está la “definición legalista”, que considera informales a las personas ocupadas (por lo general, asalariadas) que no tienen derecho a una jubilación vinculada a su empleo cuando se retiren. Esta es la más común, aunque la que menos contextualiza el problema.
Por otro lado, está la llamada “definición productiva”, que clasifica como informales a las personas ocupadas que son asalariadas y trabajan en microempresas (de hasta 5 trabajadores), son cuentapropistas de baja calificación o son trabajadores familiares sin remuneración.
Para esta definición, en contraste, se considera como formales a las personas ocupadas que son asalariadas y trabajan en empresas de seis o más puestos de trabajo (empresas pequeñas, medianas y grandes), trabajan en el sector público, cuentapropistas profesionales (con estudios superiores completos) o son patrones (empleadores).
El estudio de Fundar, contenido en la plataforma Argendata, aclara que esta última definición contempla al conjunto de la población ocupada.
La legalista, en tanto, considera sólo a la población asalariada, que es un subconjunto del universo ocupado.
Ambas definiciones de informalidad captan dimensiones distintas de la relación laboral. La definición legalista hace foco en aquellos empleos no registrados que no ofrecen una serie de beneficios sociales, entre ellos, la jubilación.
La definición productiva, en cambio, capta los empleos de baja productividad, independientemente del estatus legal de la relación laboral.
Diferencias por provincias
Comparando la realidad de la informalidad laboral en las diferentes provincias, la investigación, con datos de 2022, muestra que las peores calificadas en este ranking son Chaco (según la definición productiva) y Salta (de acuerdo a la definición legal).
En general, todas las provincias del norte “rankean” mal, fundamentalmente las del noreste argentino.
Las “mejores”, es decir, las menos informales en ambas definiciones, son las provincias del sur y la Ciudad de Buenos Aires (Caba).
Córdoba, según si se analiza la tabla por la definición legal o productiva, está en los puestos 20º y 17º, respectivamente.
Si se cuentan sólo los distritos más grandes por cantidad de habitantes y aporte al producto bruto, Córdoba es la más informal en ambas definiciones, seguida por Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Caba.
Informalidad: Argentina, peor que Chile, pero mejor que México, Perú y Ecuador
Sobre América latina, el informe de Fundar compara 15 países y ubica a la Argentina entre los de menores tasas de informalidad considerando ambas definiciones, la productiva y la legal.
Con la definición productiva, el país se encuentra entre los cuatro de menor informalidad, por detrás de Chile, Uruguay y Costa Rica.
A nivel regional, los de peor desempeño son Bolivia (75%), Ecuador (68%) y Perú (67%), donde hay grandes porcentajes de la población que son cuentapropistas de baja calificación o trabajadores sin ingresos (en general, trabajadores familiares en agro y comercios).
El estudio aclara que la situación relativa de Argentina ha ido empeorando con el correr del tiempo, particularmente considerando la definición legal.
La principal razón es que Argentina es un país más desarrollado que la media de la región. Por ejemplo, al observar el PIB per cápita (uno de los indicadores más habituales para medir desarrollo), se encuentra una correlación estrecha con la tasa de formalidad, particularmente en su definición productiva.
De acuerdo con Fundar, esto ocurre por una serie de razones. Primero, porque en las sociedades de mayores ingresos per cápita las unidades productivas tienden a ser más grandes. También, el peso del empleo público es por lo general mayor, dada la existencia de mayores prestaciones sociales.
Finalmente, porque gana protagonismo el empleo cuentapropista profesional respecto al cuentapropista de subsistencia.
Explicaciones
“Argentina tiene un mejor desempeño relativo en la definición productiva en comparación al promedio regional porque tiene una menor proporción de trabajadores sin ingresos y cuentapropistas no calificados”, dice el estudio de Daniel Schteingart.
En Argentina, menos del 1% del empleo corresponde a trabajadores sin ingresos, en comparación con el 10% en países como Honduras, Ecuador, Perú y Bolivia.
A su vez, el cuentapropismo no calificado explica el 19% del empleo.
Dicha cifra se ubica muy por debajo de países como los centroamericanos o los andinos, en donde la misma supera el 30%, llegando en algunos casos al 40%.
Por otro lado, en Argentina el sector público da cuenta del 19% del empleo urbano, el valor más alto de la región.
Este hecho supone que en Argentina el empleo público contribuye relativamente más a la tasa de formalidad que en el resto de los países de la región.
Argentina, junto con Chile y Colombia, tiene el porcentaje más alto de cuentapropismo profesional en la región, con un 5% del total del empleo.
Considerando la definición legal, mientras Brasil y Chile tienen hoy menor informalidad laboral que a principios de la década de 1990, Argentina registra un nivel similar al de 1991.
Buena parte de estas diferencias se generaron en esa década y no se revirtieron después, concluye la investigación que también abunda en datos sobre informalidad laboral respecto de la edad y el género.
