Unos 40 intendentes radicales se reunieron este miércoles en la Defensoría del Pueblo, convocados por el titular del organismo, Mario Decara, para analizar la “problemática” que les representa el dique a la re-reelección y los “posibles escenarios” para saltearlo, bajo el argumento de que la autonomía municipal les permitiría redactar ordenanzas electorales.
En un gesto hacia la interna del partido, a la cumbre asistió la mesa ejecutiva del Foro de Intendentes de ese partido. El objetivo final es quebrar la resistencia de los legisladores del radicalismo a suspender el artículo 7 de la ley 10406, que es el que, accionando como cláusula transitoria, les impide un último período entre 2023 y 2027.
Mientras tanto, la localidad de Tanti, gobernada por Luis Azar, hizo propia la ordenanza que elaboró el equipo legal de la Defensoría del Pueblo y fijó un código electoral para esa ciudad, cuya legalidad es impugnada en la Justicia por los concejales opositores, quienes consideran que esa norma es “ilícita e inconstitucional”.
En la reunión de los radicales, el abogado constitucionalista Roberto Olmedo, quien ya señaló que, en su opinión, “la existencia de una Ley Orgánica Municipal (...) no quiere decir que los municipios pierdan la autonomía”, por lo cual “las prohibiciones electorales dispuestas como reforma de la Ley Orgánica Municipal no resultan obligatorias para los municipios, a no ser que ellos mismos decidan que así sea”.
Olmedo entiende que las reglaes electorales son “decisiones de evidente contenido político y que, por lo tanto, no se puede limitar o invadir (con una ley provincial) la potestad decisoria de los municipios en esa materia”.
