El parate que le imprimió el gobernador Juan Schiaretti a la vuelta de la re-reelección tiene en vilo a casi 300 intendentes y a un puñado de legisladores.
Oficialistas y opositores descontaban que, a esta altura, el tema estuviera liquidado: un período más para todos y todas era la creencia generalizada entre los impedidos por la ley votada en 2016, que fue impulsada por Hacemos por Córdoba y que contó con el acompañamiento unánime de radicales, macristas y juecistas.
Pero Schiaretti plantó el taco en el pedal del freno justo cuando se encaminaba a quedar en off side argumentativo e institucional. Ahora, con menos eufemismos que antes y con mayor involucramiento, el jefe del peronismo de Córdoba avisó por distintas vías al radicalismo que sin el acompañamiento de esa bancada en la Unicameral, la ley-cepo no será retocada.
“Nosotros vamos a ganar las elecciones el año que viene. A los 140 nuestros, trabajo no les va a faltar. Ahora, no sé qué harán ustedes con los suyos”, fueron las filosas palabras trasmitidas desde lo más alto del poder provincial a los opositores.
Entre los intendentes radicales, el asunto se transformó en la principal preocupación de este tiempo. Y en el partido reconocen que el tema se ha transformado en una bola de nieve que no ha parado de crecer en los últimos días.
“Hay reuniones y llamados cruzados todo el tiempo. No queremos que esto nos complique y meta más ruido del que ya hay en el armado para 2023. Alguna solución hay que encontrarle”, aseguran en privado altos referentes partidarios que buscan salvar la relación política con los 70 jefes municipales propios afectados.
Desde que Schiaretti hizo saber que es condición sine qua non para retocar la legislación el apoyo de “toda” la bancada del radicalismo, los intendentes posan las miradas en los nueve integrantes del bloque legislativa de la UCR y en las autoridades del partido, contrarias, hasta el momento, a prestar colaboración para reinstaurar la re-reelección por “única vez”, como se plantea desde el oficialismo.
Precisamente, el punto de la excepcionalidad es el argumento que comenzará a tomar relieve en los próximos días, para intentar reflotar la re-reelección y salvar a los intendentes y legisladores vetados de repetir un tercer mandato consecutivo, tomando como primero el período 2015/2019.
El argumento central remarcará la necesidad de enmendar el “error” de haber legislado de manera retroactiva –algo ciertamente reprochable desde el punto de vista judicial– y, a su vez, intentará dar garantías de que no habrá reelección indefinida sino una enmienda que subsane de manera “excepcional” aquel defecto ahora puntualizado de la ley votada en 2016 y con efectos desde 2015.
“Si al error lo cometimos todos, al arreglo lo tenemos que hacer entre todos, los mismos partidos que votamos la ley”, se le escuchó decir a Schiaretti en los últimos días, antes de partir hacia los Estados Unidos, donde permanece aislado y con agenda suspendida por haber contraído Covid.
Presión, déjà vu y pragmatismo
Importantes actores del radicalismo comenzaron a sentir la presión y las advertencias que transmiten sin medias tintas los intendentes afectados. “Ni piensen en nosotros para la campaña si siguen así. Que (Luis) Juez y (Rodrigo) de Loredo ni sueñen que los vamos a recibir cuando quieran venir a buscar votos a nuestros pueblos. Nos están dando la espalda”, levantan la queja, apurados por un tiempo cada vez más apremiante.
El ruido es grande en la oposición. En el ambiente, vuelve a instalarse un clima parecido al vivido durante diciembre último por la fuerte controversia interna que generó la legalización del juego online. “Nos estamos matando entre nosotros como con el juego y lo cierto es que a nadie en nuestros pueblos le importa si llevamos dos, tres o cinco mandatos. Otra vez estamos entrampados en una discusión que nos daña”, admiten desde despachos de la Casa Radical.
A finales del año pasado, la UCR fijó una posición tajante en contra del juego digital y de la “re-re”. Los legisladores que responden a Mario Negri y a Ramón Mestre mantienen, hasta ahora, esa postura. En ese grupo se imponía la idea de que el peronismo, al final del camino, se expondría en soledad y votaría en socorro de sus afectados, cargando en exclusiva con el peso político de manosear las reglas electorales. Sin embargo, esa creencia se esfumó con la actitud de Schiaretti de pisar la pelota y condicionar a los opositores.
“Es un problema del peronismo, no de nosotros”, planteaban hasta hace unos días en el bloque Juntos UCR. Algunos integrantes de esa bancada comienzan a cambiar de parecer. “Con tres o cuatro legisladores radicales que adhieran, se puede sacar, además de los del PRO”, se escucha desde algunos sectores internos, que plantean que durante julio se debe arribar a un consenso.
Para la semana próxima está prevista una reunión en la sede del Foro de Intendentes de la UCR. Será la primera vez que sus integrantes –la mayoría necesita del cambio normativo para volver a presentarse– aborden el tema de manera formal. De allí tienen pensado dirigirse a la Casa Radical, para elevar un pedido oficial a las autoridades del partido. El objetivo final es reunirse con los legisladores de la UCR para persuadirlos de cambiar de opinión.
¿La presión de Schiaretti comienza a dar resultados?
