El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Juntos por el Cambio (JPC) Miguel Ángel Pichetto solicitó este jueves al presidente Javier Milei que “muchas de las reformas” incluidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que anunció en la noche del miércoles por cadena nacional sean “tratadas por ley” y debatidas en el Congreso porque la Argentina se rige bajo un sistema de gobierno republicano.
El DNU completo de Milei publicado en el Boletín Oficial
“Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso, no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por ley y, seguramente, muchas podrían tener su aprobación”, consideró Pichetto en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X.
“Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, agregó el diputado de JPC en su publicación.
Milei dio a conocer anoche los alcances de un DNU que implica una profunda desregulación de la economía, propone un plan de estabilización “de shock”, deroga múltiples leyes y normativas y procura avanzar en la privatización de empresas públicas.
La medida fue oficializada hoy con su publicación en el Boletín Oficial. Se trata de una norma de 366 artículos que, entre otros puntos, declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″.
El DNU deberá ser analizado, una vez que lo envíe el Gobierno nacional, por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Para eso, la presidenta provisional del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deberán designar a los 16 miembros que conformarán la Comisión, que aún no está conformada.
El Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo.
