La diputada nacional por Córdoba Alejandra Torres cuestionó un aspecto de la “ley ómnibus” que impulsa el presidente Javier Milei, referido a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. “La prioridad debería ser cancelar las deudas con los jubilados y las provincias”, remarcó la flamante legisladora cordobesa.
Más allá de la opinión de la exfuncionaria de la gestión municipal de Martín Llaryora, el dato político fuerte es que Alejandra Torres es la pareja de Osvaldo Giordano, el exfuncionario schiarettista al que Milei designó como presidente de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
“Debido a la acumulación de malas decisiones, el sistema previsional está quebrado. En ese contexto, la ‘ley ómnibus’ plantea la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es necesario mejorar el proyecto de ley para que el sinceramiento contable de la Anses sea genuino”, argumentó Alejandra Torres, en la red social X (ex-Twitter).
En este sentido, en una opinión que intenta ser constructiva, la diputada nacional que integra el flamante bloque Hacemos Coalición Federal, realizó propuestas alternativas.
“El proyecto pasa por alto que, en las quiebras, con lo que se consiga de la venta de activos, lo primero que se hace es tratar de cancelar los pasivos. En este caso la prioridad debería ser cancelar las deudas de la Anses con jubilados y provincias”, manifestó Torres.
La legisladora nacional termina su argumentación apuntado a que la Anses debe cumplir sus compromisos con los jubilados que iniciaron juicios y hacer frente a las deudas con las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
“Esto implica arrancar compensando activos con pasivos, es decir que el primer eslabón en el proceso, sea usar los recursos del Fondo de Sustentabilidad para pagar juicios y deudas de la Anses con los jubilados y las provincias”, remarcó Torres.
Demandas de Córdoba
Precisamente, Córdoba es la única provincia que demandó este año a la Anses por una suma superior a los 230 mil millones de pesos. Lo hizo en dos causas que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.
El 5 de abril pasado, el entonces gobernador Juan Schiaretti presentó una demanda contra la Anses reclamando la actualización de los giros a la Caja de Jubilaciones de Córdoba por los años 2020, 2021 y 2022.
Un mes después, el ahora exgobernador presentó una segunda demanda ante la Corte Suprema. Allí reclamó la actualización del financiamiento nacional a la caja provincial, pero durante el corriente año.
Hasta ahora, la Anses envía mensualmente a la Caja de Jubilaciones 1.072 millones de pesos, monto que no se actualiza desde el año 2020.
Schiaretti reclamó por los últimos cuatro años. Pero el que más chances tiene de prosperar es el de este año, ya que la Ley de Presupuesto (21.701) vigente dice concretamente en su artículo 93, que los desembolsos a las provincias (son 13 las que no transfirieron sus sistema previsionales) deben ser actualizados de acuerdo al índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentina (Sipa).
Esa actualización debería ir -aproximadamente- en líneas con los aumentos que recibieron los pasivos nacionales durante este año.
Sergio Massa, como ministro de Economía, y María Fernanda Raverta, como presidenta de la Anses, nunca cumplieron lo que el propio titular del Palacio de Hacienda escribió en el proyecto de Presupuesto, que luego fue convertido en ley por el Congreso.
El nuevo gobernador Martín Llaryora no puede esperar el fallo de la Corte Suprema, que puede demorar entre dos y tres años.
Al menos hasta ahora, tampoco se abrió una negociación con la Anses por los fondos para el año que viene, pese a que el organismo nacional es presidido por el cordobés Giordano.
Como el Gobierno prorrogó el Presupuesto de este año para el 2024, se debería cumplir el artículo 93, pero Llaryora no tiene expectativas de que la Anses actualice sus desembolsos para la Caja de Jubilaciones.
Según los datos que manejan en el Centro Cívico, si cumpliera lo que dice el Presupuesto, la Anses debería estar girando más de 7.000 millones de pesos a Córdoba, en lugar de los 1.072 millones.
En este contexto, Llaryora impulsó un aumento de los aportes personales de los empleados públicos.
