Tras su victoria electoral de medio término y con el respaldo inesperado de Estados Unidos, el Gobierno comenzó a mover fichas en el terreno de las reformas estructurales. Entre ellas, circula un borrador de reforma laboral con más de 100 artículos, centrado en:
- aclarar puntos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para reducir conflictos;
- regular el trabajo de plataformas digitales por fuera de la LCT;
- eliminar la exigencia de matrícula para profesiones liberales;
- y, sobre todo, descentralizar la negociación colectiva, permitiendo que los acuerdos de empresa prevalezcan sobre los convenios sectoriales.
La intención es que cada empresa pueda pactar con sus trabajadores cómo organizar la producción y las remuneraciones, lo que —según el diagnóstico oficial— generaría una “masiva formalización” laboral, aliviando así el colapso del sistema previsional.
¿Qué dicen los datos sobre informalidad laboral?
El problema es mucho más complejo que lo que propone el proyecto. Según datos del Indec, hay siete millones de trabajadores informales entre asalariados y cuentapropistas. De ellos, tres millones tienen bajo nivel educativo (secundaria incompleta) y trabajan en empresas con menos de 10 empleados. Esto significa que el 42% de los informales están en condiciones de muy baja productividad.
En este contexto, el incumplimiento de las normas laborales muchas veces responde a una estrategia de supervivencia en sectores de la economía donde los ingresos apenas alcanzan para sostener la actividad. Formalizar a estos trabajadores implica asumir costos que sus empleadores no pueden cubrir sin mejorar, primero, su capacidad productiva.
Ahora bien, también es importante mirar el otro lado del mercado laboral: la calidad de la oferta de trabajo. Existen muchos casos en los que las empresas no solo enfrentan regulaciones complejas, sino también una escasez de trabajadores capacitados. La baja formación educativa, la falta de habilidades técnicas y la escasa incorporación de tecnología limitan las posibilidades de crecimiento tanto de los trabajadores como de las empresas.
No alcanza con flexibilizar normas si no se aborda, en paralelo, la necesidad de contar con un capital humano más formado, que pueda integrarse a estructuras más productivas y competitivas. La informalidad, entonces, no es solo un síntoma de rigidez normativa, sino también de una estructura económica fragmentada y desigual, donde buena parte de los actores —empleadores y trabajadores— están atrapados en círculos de baja productividad.
¿Qué cambios hacen falta para que funcione la descentralización?
Mejorar las reglas laborales es necesario, pero no alcanza. La informalidad no se resolverá únicamente con reformas normativas si no se abordan las causas estructurales. Muchos trabajadores independientes, cuentapropistas o empleados de microempresas viven en la informalidad porque no hay otra opción laboral viable. En ese sentido, el texto refleja que la informalidad no es una elección, sino una necesidad para una gran masa de trabajadores. Por eso, no hay salida sin políticas integrales que combinen: educación y capacitación laboral para elevar el capital humano disponible; modernización tecnológica de procesos productivos; y un apoyo real a las micro y pequeñas empresas, que son las que más sufren las barreras de la formalización.
En este marco, el borrador de reforma laboral que propone priorizar los acuerdos de empresa sobre los convenios sectoriales apunta en la dirección correcta, pero se queda corto. Deja intacto el poder de veto de las cúpulas sindicales y empresariales, replicando el mismo esquema que hoy impide avanzar.
Para que la descentralización funcione en serio, hacen falta cambios más profundos:
- Romper el monopolio sindical: permitir que los propios trabajadores de cada empresa negocien directamente con su empleador.
- En el caso de microempresas (hasta 10 empleados), excluirlas del alcance de los convenios sectoriales y aplicar sólo la legislación general más lo que acuerden internamente.
- Para las pymes, habilitar acuerdos de empresa en forma directa, sin requerir autorización sindical, al menos mientras exista un convenio “ultraactivo” vigente (es decir, vencido pero prorrogado automáticamente).
No es una idea nueva. La ley 24.467 de 1995 ya contemplaba esta posibilidad. Permitía que los trabajadores de una pyme negociaran acuerdos propios, con la condición de que el sindicato lo autorizara. 30 años después, ningún sindicato otorgó esa facultad, y la ley quedó en la nada. Repetir ese modelo sin modificarlo es garantizar un nuevo fracaso.
Si se quiere que esta reforma no sea otro intento frustrado, hay que combinar flexibilización real de la negociación con transformaciones de fondo en el sistema productivo y educativo. Solo así se podrá avanzar hacia una formalización genuina y sostenible.
*Economista de Idesa
