El Colegio de Abogados de Córdoba, la Facultad de Derecho de la UNC y el Círculo de Abogados Laboralistas organizaron la semana pasada el primer debate nacional sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Fue antes de que el jueves último la senadora Patricia Bullrich anunciara que la discusión –que el Gobierno pretendía cerrar antes de fin de año– se postergaba para febrero próximo.
El reclamo de mayor análisis y estudio en profundidad del impacto de la reforma laboral propuesta sobre los derechos de los trabajadores registrados en la actualidad, el sistema previsional y el mundo del trabajo en su conjunto fue la principal coincidencia de las dos mesas y los ocho especialistas que analizaron el proyecto que apenas 48 horas antes había ingresado al Senado.
Hay tres apreciaciones que se reiteraron a lo largo de las ocho exposiciones: la primera es el reconocimiento de que se trata de un proyecto sólido desde lo técnico y quirúrgico en los puntos que aborda en el objetivo de modificar la orientación de la legislación laboral argentina.
La segunda apreciación con más coincidencias es que el proyecto incluye numerosos retrocesos en materia de protección de los trabajadores y se destaca por el perfil pro-empresa.
La tercera es la que apunta al carácter ideológico que La Libertad Avanza imprime a toda la propuesta, que apunta debilitar las instituciones colectivas vinculadas al mundo laboral e impulsa la negociación individual o por empresa a la hora de acordar condiciones laborales.
También se insistió en que el proyecto no contempla la modernización en cuanto a la incorporación de los cambios tecnológicos, ni contempla la compatibilización de las tareas laborales con la vida familiar, ni el trabajo a distancia o la previsión del impacto de la inteligencia artificial.
Esto lleva a que desde el derecho se cuestione el carácter modernizador de la propuesta y se advierta sobre lo opuesto: su carácter regresivo desde el punto de vista de la protección de los trabajadores. Las previsiones sobre la jornada laboral, el cese de la relación y lo concerniente a accidentes y enfermedades son algunos de los puntos señalados.
Las exposiciones incluyeron un análisis de los cambios propuestos, en dos paneles. El primer panel abordó los ejes del Derecho Individual del Trabajo, con exposiciones de los abogados especializados en derecho laboral Alejandro Manzanares, Fabiola Prietro, Carlos Toselli (decano de la Facultad de Derecho de la UNC), Laura Cociglio y Claudio Moroni (ex ministro de Trabajo de la Nación).
El segundo panel trató el Derecho Colectivo del Trabajo desde una mirada histórica, normativa y política, con la participación de César Arese, abogado laboralista, exjuez de Cámara, docente y consultor externo de la OIT; Jorge Sappia, exsecretario de Trabajo de la Nación y referente del Derecho Laboral argentino y María Agustina Karakachoff, abogada especializada en Derecho Laboral. Estaba convocado el exministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca, pero suspendió su participación.
Al cierre del primer panel, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, recalcó que “se trata de leyes trascendentales en la vida de la ciudadanía” y que requieren “todo el tiempo debido de discusión” para alcanzar consensos y evitar posteriores conflictos.
Dejó planteado también un reclamo: “Nosotros necesitamos una abogacía que pueda desempeñar su ejercicio de una manera libre”, dijo, cuestionando el artículo 20 del proyecto, por considerar que implica un avance indebido sobre el ejercicio profesional y el derecho de defensa, al establecer la imposición de costas a los profesionales del derecho. “Querer imponer una sanción por el ejercicio adecuado del derecho de defensa, luego de haber discutido un pleito, resulta abusivo y constituye un ataque a la profesión”, afirmó.
Advirtió que ese artículo, además, incurre en una extralimitación normativa, al tratarse de una disposición de fondo que se introduce en cuestiones procesales. “El régimen arancelario y la imposición de costas deben discutirse en normas arancelarias y procesales, no en una reforma laboral”, remarcó.
Primer panel
Alejandro Manzanares (Profesor de grado y posgrado UNC y UBP, especialista en derecho del trabajo)
“Es muy positivo el incentivo a la registración laboral”
Analizó los que consideró como los puntos “más lindos” del proyecto de reforma laboral: la reducción de costos de ingreso de los nuevos trabajadores al sistema.
“Durante 33 años la Ley Nacional de Empleo sólo fijó multas y sanciones para los empleadores con trabajadores no registrado y el resultado de esa norma castigadora y sancionadora es que desde 1992 a la actualidad, los trabajadores no registrado subieron del 29% al 42%”, indicó, y valoró que el proyecto incluya el Régimen de Incentivo a la Contratación Laboral y otorgue al empleador un año con reducción de aportes y contribuciones. También consideró muy positivo que los incentivos se apliquen a la contratación de beneficiarios de planes sociales, esto es fundamental.
“La norma por sí misma no genera empleo, pero si hay reactivación económica, estos incentivos facilitarán el ingreso de nuevos trabajadores”, explicó. Defendió también el beneficio de reducción de aportes para empleadores que ya tienen trabajadores registrados, así como las condonaciones de intereses y multas para quienes registren empleados que ya tienen de manera irregular. “Esto es sumamente beneficioso y va a generar empleos”, recalcó.
También defendió los lineamientos establecidos para los “prestadores independientes de plataformas tecnológicas”. Consideró que pretender encuadrarlos en la Ley de Contratos de Trabajo es “una irrealidad”, puesto que se trata de una relación sin subordinación laboral.
“El proyecto define la tarea de retiro, traslado y entrega de productos en cualquier medio de transporte y da libertad de contratación y libertad de conexión: las partes podrán acordar los términos del contrato que crean más adecuados”, dijo. Consideró fundamental que se fije la obligación de las plataformas de garantizar seguro de accidente de los prestadores del servicio. “Es un paso adelante respecto de la nada que tenemos hoy, que genera inseguridad jurídica para ambas partes”, indicó Manzanares.
Fabiola Piretro (Abogada y escribana, especialista en Derecho laboral
“Se refuerza el poder de control del empleador”
Analizó los cambios propuestos en materia de accidentes y enfermedades inculpables y de Ley de Riesgos del Trabajo. Sostuvo que se “refuerza de manera significativa el poder de control del empleador, incorporando exigencias formales que exceden la regulación original y dejan en segundo lugar la tutela del trabajador”. Consideró que la imposición de certificados médicos digitales con requisitos detallados puede constituir un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho a justificar inasistencias, especialmente en situaciones de urgencia, vulnerabilidad o limitaciones de acceso a medios tecnológicos.
“Existe el riesgo de desnaturalizar el principio protectorio y de buena fe, trasladando al trabajador una carga probatoria excesiva frente a una contingencia no imputable. En consecuencia, la reforma prioriza la lógica de control y seguridad jurídica empresarial por sobre la finalidad tuitiva que inspira el régimen de licencias por enfermedad o accidente inculpable”, indicó.
Consideró importante la claridad normativa que aporta el proyecto y recalcó que se trata de previsibilidad para el empleador, pero advirtió: “Introduce una flexibilización que habilita la reducción salarial como consecuencia directa de una incapacidad sobreviniente. De este modo, se desplaza hacia el trabajador un riesgo que hasta ahora asumió el empleador, desnaturalizando el principio protectorio y el objetivo de estabilidad económica que inspira la regulación vigente.
Respecto de la reincorporación del trabajador, señaló que en casi todos los casos se empeoran los términos y las condiciones para el trabajador en caso de incapacidades parciales o absolutas. “Nuestro actual artículo 212 tiene una concepción protectoria del trabajador y garantiza la continuidad del empleo y la intangibilidad del trabajo. El proyecto de reforma le da previsibilidad y flexibilización al empleador, pero debilita la tutela protectoria, habilita la reducción salarial y traslada al trabajador un riesgo que hasta ahora es del empleador”, indicó.
Laura Cociglio (Abogada especialista en derecho del trabajo)
“El fondo de cese laboral se manejará como las AFJP”
Desarrolló un análisis técnico sobre los artículos 49 a 53 del proyecto, vinculados a la extinción del contrato de trabajo. Planteó observaciones críticas desde una perspectiva jurídico-laboral y marcó reparos respecto de los efectos que podrían derivarse de la regulación en lo que respecta a la extinción del contrato de trabajo.
“En la extinción del contrato de trabajo sin justa causa, se mantiene el tope a la base del cálculo de las indemnizaciones, pero se establece que la indemnización no será inferior al 67% de la remuneración habitual y normal del promedio del último año, cuando hoy es el mejor haber del último año”, indicó.
Señaló que la incorporación del fondo de cese laboral es la gran novedad en esa materia. En su interpretación –hubo otras, en la misma jornada– el 3% mensual lo debe aportar el empleador y no se quita del sistema previsional. “Se plantea un fondo que se manejará muy al estilo de las AFJP”, indicó.
También señaló que de manera reiterada la ley apunta a limitar los reclamos judiciales de los trabajadores. “En caso de despido sin causa, se establece que lo único que se puede exigir es la indemnización” puesto que el proyecto apunta a disminuir los incentivos al juicio laboral, a acotar el monto discutible y a evitar recargos indemnizatorios creados por vía jurisprudencial.
“La otra novedad es que se intenta excluir del aguinaldo el cálculo indemnizatorio y esto es en claro perjuicio de los trabajadores, ya que se baja la base del cálculo”, indicó.
Carlos Toselli (Decano de la Facultad de Derecho de la UNC y ex juez del Fuero Laboral)
“Es como la Casa de Casper, va todo hacia un solo lado”
Se refirió a las modificaciones en la Ley de Contratos de Trabajo y explicó que es un proyecto más integral y más prolijo que los anteriores intentos. “Es quirúrgico, toca aspectos puntuales, incorpora puntos que son necesarios para eliminar dudas”, indicó, aunque recalcó que en términos generales “el proyecto es como la Casa de Casper, porque va hacia un solo lado”.
Toselli remarcó que la propuesta del Gobierno tiende a favorecer a un solo sector e intenta que no se pueda regresar luego al esquema de protección anterior. “En trabajador queda en desventaja en esta discusión”, indicó.
También apuntó al “contenido ideológico determinante” que presenta el proyecto. Señaló numerosos ejemplos, desde la eliminación del principio justicia social a la derogación de la ley de teletrabajo. “La norma tiene deficiencias, pero ahora se elimina, junto a las nociones sobre las tareas de cuidado, o los mecanismos de compensación de gastos para la persona que hace tareas remotas”, indicó.
En las consideraciones del proyecto sobre el salario, señaló tres objeciones. Cuestionó que se elimine la naturaleza salarial de las gratificaciones y participación en ganancias, que serán considerados beneficios complementarios pero no salariales a efectos de las indemnizaciones (lo mismo ocurre con el aguinaldo). También criticó el restablecimiento de los vales alimentarios y consideró que se incluye algo de lo más polémico: la negociación individual que elimina toda posibilidad de reclamo por derechos adquiridos y en lugar de salario prevé “componentes retributivos dinámicos, fijos o variables”.
“El otro punto clave es la muerte de la ley de jornada de trabajo y la compensación de horas extras a través de un banco de horas o de francos compensatorios. El proyecto solo dice que se deben respetar las 12 horas de descanso y menciona la jornada semanal, ya no diaria”, indicó.
Claudio Moroni (Abogado y exministro de Trabajo de la Nación)
“El proyecto tiende a la desaparición de los sujetos colectivos”
Fue una de las exposiciones más críticas de la jornada. Reiteró que el proyecto apunta al debilitamiento de todas las entidades colectivas vinculadas al mundo laboral y que sólo apunta a la reducción de los costos laborales por la vía de la pérdida de derechos de los trabajadores.
“Argentina tiene 37,3% de asalariados no registrados, y más de la mitad en empresas de menos de 5 trabajadores. Por lo general son empresas fuera de los registros: es difícil establecer que la causa de no registración sea el derecho del trabajo, parece más vinculado al tamaño de la empresa y de la forma de desenvolvimiento, de una imposibilidad financiera de las pequeñas empresas que la ley no resuelve”, indicó. Recalcó que no hay demostración empírica de que por la vía de la baja de costos o de aportes patronales se haya haya motivado la formalización, lo mismo que los blanqueos.
“Si no resuelve lo que dice que quiere resolver, ¿qué hace? Modifica los beneficios de la ley de contratos de trabajo, en muchos casos reduciéndolos y en otros casos sacándolos de la negociación colectiva", indicó.
“Las leyes son grandes distribuidores de potencias e impotencias de las partes. Este proyecto genera impotencias para el trabajador en materia de elección, porque lo saca del ámbito colectivo. De modo individual, el trabajador va a aceptar peores condiciones”, reiteró.
Sostuvo que el proyecto tiende a la desaparición de los sujetos colectivos fuertes, al debilitamiento de las entidades gremiales y a la potenciación de la discusión individual o por empresa. “Ese cambio va en contra de toda la tradición del derecho del trabajo argentino”, aseguró.
Dijo que quienes redactaron el proyecto apuntan a una nueva distribución del poder en las relaciones laborales y que ese orden propuesto no está pensado para la armonía entre producción y trabajo. “Yo no creo en un derecho del trabajo eterno e inmutable, tiene que ser histórico y ajustado a las necesidades de producción del capital y el trabajo. Ahora, esa historicidad requiere sujetos colectivos fuertes. Los convenios por empresa son un disfraz de convenio colectivo. Hay que sincerar el objetivo del proyecto, que es la reducción de costos y una nueva distribución de poder”, recalcó.
Sobre el Fondo de Asistencia Laboral propuesto, dijo que es lo más disparatado del proyecto. “El sistema de despido en Argentina será financiado por el Tesoro de la Nación, porque se reducen 3% las contribuciones patronales y esos recursos van al fondo. Entonces, es el Tesoro el que asume el gasto de las indemnizaciones privadas a costa del sistema previsional. Les van a dar a las grandes empresas –que casi no despiden– un fondo de ahorro que termina solventando el Estado, y que terminarán usando para otra cosa. A las empresas chicas, que son las que despiden, ese fondo no les sirve para nada. Todo me parece mal, pero esto me parece disparatado", concluyó.
Segundo panel
César Arese (Ex juez de Cámara, doctor en Derecho, asesor de la OIT)
“Proponen ir de la negociación colectiva a ámbitos menores, para diluir la fuerza gremial”
Abordó los cambios previstos en materia de negociación colectiva, proceso al que definió como una institución central del Derecho del Trabajo, ya que “permite a los trabajadores intervenir en su propio destino”. Advirtió que el desplazamiento hacia ámbitos de negociación menores –convenio por empresa– puede debilitar la fuerza normativa de los convenios colectivos y fragmentar el sistema, generando desigualdades entre sectores y regiones.
“La negociación colectiva rige desde 1953 para el sector privado y tiene una inserción y una complejidad enorme: unas 600 entidades de negociación, dos tercios por empresa y un tercio por grandes rubros de actividad. Casi todos los días se negocian salarios y condiciones de trabajo, es muy dinámico”, indicó, y advirtió que el proyecto de reforma induce a la negociación por empresa, en segundo término a cambiar el sujeto de la negociación colectiva (el gremio) y en tercer lugar, a cambios en el sistema normativo.
“Se flexibilizan los requisitos a los gremios –se puede negociar sin personería– y se fortalece al sujeto empleador. Se derogan las cinco categorías de árbitros de negociación, y se priorizan las negociaciones de ámbito menor sobre las de ámbito mayor, es decir, lo que se acuerde con la empresa sobre el convenio colectivo”, explicó Arese.
“Habrá dos años para negociar los convenios, pero con la particularidad de que el Ministerio de Trabajo de la Nación podrá suspender cláusulas que provoquen distorsiones económicas en las empresas. Esto está absolutamente prohibido por el comité de libertad gremial de la OIT”, explicó.
Las conclusiones a las que arribó hacen foco en la pérdida de poder de la negociación colectiva: el sistema que tiene preeminencia hasta ahora se modifica y se interviene hacia un nivel de negociación colectiva menor. “Se alienta a un sujero de rango menor para la destrucción de derechos de carácter convencional. De un sistema de negociación colectiva empoderadora de los trabajadores, vamos a algo menor y con menos derechos”, insistió Arese.
Jorge Sappia (Exsecretario de Trabajo de la Nación, referente del derecho laboral)
“Un proyecto de ley antiobrero y antisindical en extremo”
“Voy a empezar por la conclusión: este es un proyecto antisindical. Omite considerar dos elementos fundamentales y rectores del sistema laboral: el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la negociación colectiva y el derecho de huelga”, indicó Jorge Sappia. Recalcó que ambas garantías están depositadas en manos de los sindicatos.
Destacó que la propuesta del Gobierno quiere minimizar el impacto de la huelga al imponer servicios mínimos del 75% o el 50%, tratando de que “si hay huelga, que no se note”.
“La intención antisindical es clara. Le impone al sindicato avisar 5 días antes de lanzar medidas de fuerza y cuáles son los servicios mínimos”, Indicó, y señaló que la tutela sindical es el otro objetivo. “Hoy el empleador debe recurrir a la Justicia para despedir a un delegado o representante gremial. Ese representante ya no tendrá protección legal”, explicó.
También señaló una novedad: “Cuando se da un proceso de ‘reorganización total de una empresa’ caen las tutelas sindicales”, explicó. No se especifica qué implica ese proceso. Cuestionó que los sindicatos puedan ser denunciados como autores de prácticas desleales, como ocurría en la dictadura. “Si se reitera la denuncia, el juez puede quitarle la personería al sindicato”, agregó Sapia.
Señaló numerosos elementos más de la política antisindical de la propuesta. Respecto de la retención de la cuota sindical y los aportes solidarios, el texto reemplaza el verbo “tendrá” por “podrá” si se trata de un convenio colectivo. En cambio, en un convenio por empresa la cuota se retendrá siempre.
“Se privilegia al sindicato de empresa, en un intento por atomizar el poder gremial y hacer más vulnerables a los trabajadores”, dijo Sappia, que cuestionó la eliminación de los estatutos de Uatre, Viajantes y Prensa.
María Agustina Karakachoff (Derecho Colectivo: negociación colectiva, paritarias y rol sindical
“De modernización este proyecto no tiene nada”
Agustina Karakachoff propuso una pregunta ordenadora: “¿Por qué esta reforma laboral?”, y cuestionó el uso de la idea de “modernización” cuando -según señaló- se vuelve sobre esquemas que desbalancean la relación entre capital y trabajo.
En su exposición, puso el acento en el impacto del proyecto sobre la salud psicofísica del trabajador, así como en el sentido constitucional de conceptos como equidad, dignidad laboral y justicia social.
Además, advirtió que la descentralización de la negociación colectiva y la preeminencia de convenios por empresa podrían derivar en desigualdades regionales y sectoriales, con una consecuencia institucional central: “quebrar el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea”, eje que -remarcó- cuenta con anclaje constitucional y respaldo en tratados internacionales.
“Lo llaman modernización y lo que hace es atrasar en el concepto de la relación entre el empleador que pone el capital y el trabajador que pone la fuerza de trabajo, donde se pone en riesgo la salud psicofísica”, dijo en referencia a la modificación de la jornada laboral.
La especialista también apuntó a que el salario real tuvo una caída estrepitosa en las últimas dos décadas, pese a la vigencia de los convenios colectivos y la ley de contratos de trabajo. “El salario registrado promedio se acerca al salario mínimo de los convenios mayoritarios. Entonces, ¿qué pasaría si se sacan los convenios?“, interrogó, para responder que el nivel salarial será todavía menor.
“Lo que se busca es la preeminencia a los convenios por empresa, pero no para mejorar, sino para establecer principios disímiles por región y empresa. Eso no se puede hacer, hay leyes y convenios internacionales que hablan de igual remuneración por igual tarea”, recalcó.
Cuestionó que se instituya la fijación de un techo de paritarias. “El Estado quiere borrarse de todos lados, pero se mete en la negociación salarial para bajarla. Ya lo hizo el Gobierno, y el objetivo es siempre perforar los pisos mínimos salariales. La norma intenta cristalizar los salarios a la baja que tenemos para darles más beneficios a las empresas”, indicó.
Sobre el fondo se cese laboral, coincidió en que son tres puntos que dejarán de entrar a la Anses para afrontar despidos sin causa del sector privado. “Sacar fondos del Estado para dárselos a una trenza financiera es algo que ya pasó en Argentina”, recalcó.
