En el Centro Cívico y en la Caja de Jubilaciones, se viven días intensos. Muchos funcionarios trabajan “horas extras” para cerrar cada detalle de la reglamentación de la nueva reforma previsional, que el gobernador Martín Llaryora espera anunciar en los próximos días.
Tras la sanción de la norma, en el oficialismo provincial sobrevuela un clima de optimismo. En el entorno del gobernador creen que, una vez que se conozca la letra fina de los cambios previsionales, entre los estatales –activos y pasivos– habrá más aceptación que rechazo.
Aunque el objetivo central de la movida es achicar el déficit de la Caja de Jubilaciones, que según la Provincia el año próximo superará los $ 800 mil millones, Llaryora está convencido de haber encontrado una fórmula que también le permita obtener un rédito político.
Con la mirada puesta en su reelección, en el lejano 2027, en el oficialismo aseguran que los empleados públicos y jubilados que cobran menos de $ 1,3 millones se verán beneficiados con un aumento de entre el 11% y el 19%.
De acuerdo con los datos preliminares que manejan los llaryoristas, más de 55 mil jubilados provinciales verán mejorar sus ingresos.
Pero no todos ganarán. En el oficialismo admiten que con esta decisión también habrá perdedores. A grandes trazos, estiman que unos 20 mil agentes con salarios superiores a los $ 3 millones sentirán una reducción en sus ingresos por la suba de los aportes previsionales.
La motosierra también alcanzará a unos 10 mil jubilados provinciales con haberes más altos. Así lo indican los borradores y las miles de simulaciones que se realizan en la Caja de Jubilaciones, en permanente contacto con el Centro Cívico.
Como ya ocurrió con la rebaja impositiva, Llaryora sigue de cerca el trabajo de sus funcionarios y exige datos concretos.
“Con la baja de impuestos y ahora con la reforma previsional, no tenemos margen de error. Una mayoría de la gente deberá percibir un beneficio”, admitió uno de los ministros de mayor confianza del gobernador.
Movida política
Para los llaryoristas, si estas dos medidas “son exitosas”, el camino para retener el poder provincial estará más allanado. Hasta ese nivel llega el optimismo en el Centro Cívico.
Falta mucho para la campaña y el gobernador no lo dirá públicamente. Pero cada decisión que tomó en los dos últimos meses del año apunta a consolidar su gestión, ahora desafiada por el viento libertario que sopló con fuerza en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.
En política, toda decisión de gestión también es política. Llaryora percibía que el rojo de la Caja de Jubilaciones se había convertido en un barril sin fondo y que, además, enfrentaba reclamos permanentes de activos y de jubilados.
Es un tema que lo inquietó desde el primer día que se sentó en el sillón principal del Centro Cívico. “Son los jubilados con los haberes más altos del país y, sin embargo, tenemos reclamos de todos lados”, solía decir en privado, mucho antes de que tomara forma este proyecto de reforma previsional.
Los números siempre lo desvelaron. Según las planillas de la Caja de Jubilaciones, alrededor de 16 mil jubilados provinciales cobran en promedio $ 3,7 millones. Al mismo tiempo, más de 60 mil pasivos –entre docentes, personal de salud y empleados administrativos– perciben menos de $ 1,5 millones.
Con los cambios en la ley jubilatoria, más allá de la necesidad de achicar el déficit, Llaryora cree que logrará equilibrar, al menos parcialmente, esas desigualdades dentro del sector pasivo provincial.
La lógica se replica entre los empleados públicos. La mayoría –docentes, personal de salud y administrativos– cobra salarios inferiores a $ 1,5 millones.
En cambio, sectores como los judiciales provinciales, bancarios, municipales capitalinos y trabajadores de Luz y Fuerza superan –en promedio– los $ 2,5 millones mensuales, siempre según datos del oficialismo.
Los gremios, especialmente los cuatro con mejores ingresos, reconocen que sus sueldos son más altos que los de la administración central provincial, pero rechazan la etiqueta de “millonarios” que, aseguran, se les adjudica desde el Centro Cívico.
Así lo remarcaron Rubén Daniele (Suoem), Federico Cortelletti (Judiciales) y Ezequiel Morcillo (Bancarios), durante la multitudinaria protesta callejera del miércoles pasado.
Elegir a los enemigos
En este escenario, al optar por beneficiar a los trabajadores y jubilados de menores ingresos y ajustar a quienes más ganan –algo que deberá comprobarse cuando se conozca la reglamentación definitiva–, Llaryora tomó una decisión política nítida: eligió confrontar con los cuatro gremios de mayores salarios y menor consenso social entre los cordobeses.
Como en su momento lo informó La Voz, el gobernador buscó evitar que los dos gremios estatales más numerosos, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y docente (UEPC), se sumaran a las protestas contra las medidas del Gobierno provincial.
Más allá de los detalles de la reglamentación –que permitirán precisar quiénes serán alcanzados por el ajuste y quiénes recibirán el bono no remunerativo–, en el oficialismo destacan que lo central de la nueva norma sancionada (38 a 32) en la Legislatura es que el gobernador contará con todas las herramientas para definir los ingresos de los estatales, tanto de activos como de pasivos.
Estas herramientas también serán claves en las próximas discusiones paritarias, que comenzarán en febrero con el gremio docente, el más numeroso, con 80 mil maestros.
Estatales, deliberan
Los gremios estatales se reunirán este lunes en la sede del Sindicato de los Trabajadores Viales para analizar la situación, luego de la sanción de la reforma previsional. La mayoría está en desacuerdo con lo aprobado por la Legislatura provincial, pero los gremialistas admiten que será complicado impulsar protestas en estas dos últimas semanas del año.
Los gremios aguardarán los detalles de la reglamentación de la nueva ley para decidir los pasos por seguir. Uno de los caminos que se analiza es llevar a la Justicia el reclamo.
El miércoles pasado, los gremios estatales se movilizaron y generaron una protesta multitudinaria. El acto central debió realizarse a dos cuadras de la Legislatura, ya que el operativo de seguridad no dejó pasar a las columnas de manifestantes hasta el edificio donde se sancionan las leyes.
En general, hay cuatro gremios que dicen que impulsarán nuevas protestas, porque creen que serán los más perjudicados por la reforma que impulsó el gobernador Llaryora.
Municipales capitalinos (Suoem), bancarios, judiciales provinciales y Luz y Fuerza son los sectores con mejores salarios y, por lo tanto, los más afectados por los cambios previsionales, que también afectan a los activos por la suba de los aportes.
Hay otra idea que sugirió del titular del Suoem, Rubén Daniele, que va ganando consenso entre los gremialistas: ir a protestar durante el verano a cada festival adonde concurra el gobernador Llaryora.
Esta fue una estrategia de protesta que utilizaron los docentes autoconvocados, que en su momento generó inquietud en el Centro Cívico. Daniele lo dijo sin grises: “Si Llaryora cree que nos vamos a quedar quietos si nos tocan el salario, se equivoca. Iremos a hacer sentir nuestros reclamos a cada lugar adonde vaya el gobernador”.
