Expectativa versus realidad. La política de Córdoba asiste en estas semanas a un escenario en el que las certezas son escasas y las dudas, muchísimas. Y así seguirá hasta que se conozca todo o parte del cronograma electoral provincial y capitalino de 2023.
Aunque lo confirmó oficialmente hace un mes con un lanzamiento que la realidad frustró por imperio del fatal siniestro protagonizado por el legislador Oscar González, el peronismo sabe desde el triunfo capitalino de 2019 que Martín Llaryora encarnaría la sucesión de Juan Schiaretti en el poder provincial.
Esa es la única certeza en el oficialismo. En cambio, aún no sabe quién acompañará al sanfrancisqueño en la fórmula. Tampoco Hacemos por Córdoba definió su candidato a intendente en la Capital. Y resta por definir otro aspecto clave: el día de la votación provincial, determinante como acelerador de definiciones.
Schiaretti no tomó esa decisión. En medio de complejos problemas ligados a aspectos sensibles de la gestión, y en una seguidilla que no encuentra pausa desde hace meses, el gobernador aún no evaluó seriamente cuándo sería más oportuno ir a las urnas. En juego está nada más y nada menos que la extensión de la vida útil del proyecto político del que sigue siendo líder, aunque resten sólo algunos meses para que sea elegido su sucesor en el Panal.
La máxima que atraviesa al poder provincial sobre la fecha de votación se reduce hoy al pragmatismo absoluto: “cuando más nos convenga”. Traducida, la frase significa sólo una cosa: cuando Llaryora esté mejor. Más finito: cuando consiga –si es que logra hacerlo– una diferencia superior a siete puntos sobre su rival de Juntos por el Cambio. En ese momento, cuentan en el seno del PJ, se activarán todos los mecanismos que sean necesarios para retener el poder. Esa movida incluye, obviamente, modificar el Código Electoral Provincial para adelantar los comicios, en caso de que sea necesario.
La expectativa en el PJ y en el Palacio 6 de Julio era que para diciembre ese margen estuviera garantizado. La realidad marca otra cosa. Quienes dicen contar con números “confiables” de un mix de encuestas a través de las cuales se toman decisiones aseguran que el panorama es de “paridad” a nivel provincial. Llaryora saca ventaja en la Capital, donde gobierna, pero Luis Juez –arriba de Rodrigo de Loredo por entre cinco y siete puntos, según el PJ– recupera terreno con su desempeño en el interior.
Cambios que inquietan
Los principales operadores políticos del peronismo no ocultan su inquietud por el fenómeno fronteras afuera de la Capital, aunque confían en revertirlo. La tónica histórica de un peronismo fuerte en el interior y débil en el principal distrito electoral provincial se presenta hoy invertida. Se trata de una novedad que se desprende de los sondeos previos. Habrá que ver si el pulso actual coincide con el que se viva al momento de votar.
Otra incertidumbre, aunque menor respecto de todo lo que hay por definir, pasa por decidir quién acompañará a Llaryora en la fórmula. El PJ repite la consigna de ampliar el frente justicialista, pero el lanzamiento provincial de De Loredo les quitó argumentos a los radicales que juraban no subordinarse al liderazgo de Juez.
En el Centro Cívico reconocen esa dificultad, pero creen que, llegado el momento, habrá radicales dispuestos a ocupar lugares importantes en el nuevo gobierno. “¿Por qué no pensar en ministros que no provengan del peronismo o en un vice que no sea propio?”, se analiza cerca de Schiaretti, en búsqueda de tentar a extrapartidarios.
Esa ampliación de la que cada vez se habla con mayor soltura en el peronismo es hija de una debilidad: hoy, lo propio no es suficiente para garantizar un triunfo. Ese factor es precisamente el que debilita las chances de sumar a foráneos. ¿Por qué un radical se sumaría a un gobierno peronista si tiene chances de ganar con los suyos?
La expectativa también se rinde ante la realidad en el denominado “caso González”. El martes, en un barrio cerrado de La Calera, siete legisladores del oficialismo se reunieron con González. Lo instaron a renunciar a su banca, como una manera de oxigenar la situación política en la Unicameral. Pero el expresidente provisional del cuerpo les dijo que no se moverá de su licencia.
Más incertidumbre
La oposición también padece el síndrome de la no certeza. Apenas sabe que tiene dos candidatos lanzados, pero nadie se atreve a predecir cómo terminará esa guerra de roces que ya libran Juez y De Loredo por la postulación provincial. Juez nunca creyó que De Loredo iría tan lejos.
Acostumbrado a las decisiones verticales por fundar y conducir un partido del que siempre fue su único líder, Juez no sólo debe lidiar con la cultura internista de una UCR que necesita sí o sí para su objetivo político, sino que también tiene que batallar con el radical más disruptivo y menos predecible de todos los que conoce.
En público, el senador y el diputado juran que no repetirán el garrafal error político de la división que marcó a la oposición en 2019. Pero en privado los arañazos comienzan a dejar marcas. La calma, aunque sea provisoria, sobrevendría en los próximos días con la adhesión del Frente Cívico al reglamento y a la interna, como quiere el diputado. El juecismo firmará ese compromiso, pero fijará una cláusula que ya fue aceptada por De Loredo: el que salga segundo de una eventual interna será el vice.
El tablero capitalino opositor también se vio impactado por la decisión de De Loredo de priorizar lo provincial. Sin embargo, esa capítulo no está del todo cerrado. El diputado de Evolución no renunció explícitamente a la postulación municipal, que se plagó de inmediato de endebles precandidaturas.
Se dijo: reinan las dudas, escasean las certezas.
