Una resolución de la Justicia federal vinculada con el caso de la financiera CBI puso fin a las objeciones sobre la actuación del fiscal Enrique Senestrari en relación al exintendente de Villa María y exdiputado Eduardo Accastello.
La medida fue adoptada a días de que Accastello asuma como flamante ministro de Industria y Comercio del gobernador Juan Schiaretti.
La resolución, que lleva la firma del juez federal Alejandro Sánchez Freytes y tiene fecha del 25 de noviembre, desestimó una denuncia contra el fiscal federal Enrique Senestrari, a quien se acusaba de haber protegido a Accastello y a otras personas “políticamente expuestas”, debido a coincidencias político partidarias con ellos.
El denunciante fue el abogado Manuel de Allende, representante del empresario Darío Ramonda, quien denunció a Senestrari ante la Procuraduría General de la Nación por retardar, ocultar o desviar la investigación por una “postura ideológica personal”.
El abogado acusó al funcionario judicial de no haber tomado medidas luego de que un arrepentido declarase sobre presuntos retornos y coimas con dineros de obras públicas nacionales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También lo apuntó por haber “frustrado el cumplimiento de una orden de secuestro de cheques” para ocultar la identidad de los políticos que se encontraban detrás de esos documentos.
La resolución de Sánchez Freytes coincidió con la conclusión a la que había llegado el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, referida a que los hechos denunciados por el abogado no constituyen delitos.
Ya en mayo, el juez federal Daniel Rubén Herrera Piedrabuena había confirmado a Senestrari como instructor de la causa de la financiera CBI, cuando rechazó la recusación que habían planteado en su contra los defensores de dos empresarios.
Si la decisión de Sánchez Freytes hubiera ido en sentido contrario, la lupa judicial debería ponerse en la historia de las cajas de seguridad con las que los abogados de otros personajes involucrados en el caso CBI vincularon al futuro ministro Accastello.
Una de las cajas, la más conocida, tenía 290 mil dólares con billetes de numeración correlativa, estaba en la sede de CBI en el Dinosaurio Mall, a nombre del exintendente de Laguna Larga Fernando Boldú, y Accastello tenía acceso autorizado a la caja.
En esa sede de CBI, había cuatro cajas de seguridad a nombre de Boldú y de la pareja de Accastello, Verónica Navarro. Además, se identificó otra caja de seguridad, bajo la denominación “Somos Cristina”, que nunca fue abierta ni investigada. Ni Accastello ni Boldú fueron imputados.
Boldú era secretario parlamentario del bloque accastellista en la Legislatura de Córdoba y por las dudas que creó este caso fue presionado en agosto de 2016 para que presentara un pedido de licencia. En los últimos días, había trascendido que Accastello podría sumarlo en el nuevo equipo del ministerio que pasará a comandar.
El fiscal Vidal Lascano, que pidió desestimar la denuncia contra Senestrari, consideró que su colega tramitó de manera correcta la causa y que no mostró inacción ni retardo, ni desvió la investigación. Agregó que “por una cuestión de respeto a las normas constitucionales”, no le correspondía indagar sobre cuál es “la postura ideológica personal del fiscal”.
Acuerdo: Regreso al gabinete
El exintendente logró un acercamiento con Schiaretti.
Eduardo Accastello y Juan Schiaretti mantuvieron un distanciamiento político y personal desde el año 2006. Este año, cuando el gobernador inició la campaña para buscar su reelección, cerró un acuerdo con el exintendente de Villa María. Esa negociación significó que Accastello tendría un lugar en el gabinete. El mandatario cumplió: será ministro de Industria y Comercio. También influyó que el intendente Martín Gill, rival de Accastello, se encolumnó con Alberto Fernández.
