Crece la sorpresa y la indignación en Río Cuarto por allanamientos del Juzgado Federal a raíz de un episodio protagonizado por el diputado nacional riocuartense Carlos Gutiérrez tras su voto a favor de la “ley bases”.
Todo comenzó con un video que circuló en las redes sociales. Allí se ve al legislador junto a un ómnibus, en la terminal de Río Cuarto y se escuchan dos o tres voces que dicen: “¿A quién le quiere pegar diputado?... Muchas gracias… Muy bien. Pegándole a la gente amigo. Qué buen diputado hermano. Vos entregaste a los jubilados… Traidor a la patria, traidor… Cagón de mierda”.
Luego, la delegación Río Cuarto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que, el viernes 17 de mayo, la Justicia Federal “allanó la casa e incautó los teléfonos móviles de Carlos Rang (delegado gremial de ATE y docente de la UNRC) y su compañera Andrea Ferreyra (también delegada de ATE por el Hospital San Antonio de Padua)”.
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Allegados a Rang y Ferreyra confirmaron que los dirigentes viajaron en el mismo ómnibus que Gutiérrez desde Buenos Aires a Río Cuarto. Rang habría interpelado a Gutiérrez al subir al ómnibus en Retiro. Pero se desconoce quiénes formularon las frases luego difundidas como supuesto “escrache”. Versiones dan cuenta de que alguien hasta le habría ofrecido una banana al diputado para acusarlo de “gorila”.
ATE consideró que la investigación iniciada contra Rang y Ferreyra, “se suma a una serie de allanamientos (…) para estigmatizar y perseguir a militantes populares de los sindicatos y las organizaciones sociales, con el objetivo de lograr adhesiones en la población”.
En el mismo sentido, el Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC interpretó a la situación generada como “un claro intento de amedrentamiento y persecución política en un contexto de empobrecimiento, despidos y crisis social; pero también de la votación de una ley nefasta como la Ley Bases”.
Más imputados y repudios en Río Cuarto
Este miércoles se conoció que otros dos docentes jubilados de la UNRC, Cristina Bongiovanni y Sergio Centurión, también fueron imputados, su domicilio fue allanado y se les secuestraron los teléfonos particulares, presuntamente en relación con la causa Gutiérrez.
En declaraciones a FM Gospel de Río Cuarto, azorados revelaron que no tuvieron ninguna relación con el episodio de la terminal y que desconocen cómo llegaron a estar imputados.
“La Dra (Lucía) Storani (secretaria penal del juzgado) sólo nos informó que el fiscal entiende que hay motivos suficientes para imputarnos por supuestas amenazas, pero no nos dijeron quién era la víctima, nada (…) Nos preocupa la posibilidad de que a gente que sin comerla ni beberla como nosotros le pueda pasar algo parecido”, dijo Bongiovanni al periodista Guillermo Geremía.
Con respecto al caso Gutiérrez, Centurión dijo que sólo recibió el video y pudo haberlo compartido con quienes comparten sus ideas, pero no es partidario de los escraches, y si tuviera algo que decirle al diputado lo hubiera llamado, porque tiene su teléfono (comentó que años atrás casi fueron consuegros).
Argumentos de Gutiérrez
Por su parte, en declaraciones a La Voz, el diputado nacional Gutiérrez confirmó la denuncia. “Yo lo único que he hecho en el Juzgado Federal, dada mi condición de funcionario público nacional, la descripción de lo que sucedió al subir y bajar del ómnibus (…). Yo no he acusado ni mencionado a nadie en particular, porque no podía identificar personas de mi conocimiento. Ese episodio está en manos de la Justicia”.
Con todo, el legislador negó haber mencionado a alguno de los imputados y dejó entrever que Centurión no estaba ahí. Centurión fue concejal y compañero de bloque de Carlos Gutiérrez durante la gestión municipal de Alberto Cantero.
En tanto, la secretaria penal del Juzgado Federal, Lucía Storani, comunicó que “la denuncia y el requerimiento fiscal es por el delito de supuestas amenazas”, eso es lo que se está investigando. Y se limitó a informar que “en principio son tres imputados”, sin dar nombres.
Pronunciamiento universitario
Por otra parte, a pedido de la Asociación Gremial Docente, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) trató este martes la adhesión al comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC que considera el allanamiento a Rang “un claro hecho de amedrentamiento”.
“La Asamblea docente entiende de suma importancia contar con el respaldo del Consejo Superior para esta declaración, ya que su apoyo contribuirá significativamente a la visibilización y el reconocimiento de la gravedad de los hechos, así como a la demanda de esclarecimiento urgente y el cese de actos de intimidación contra quienes defienden los derechos de los trabajadores”, explicó Florencia Granatto, de AGD.
El Consejo Superior de la UNRC debatió el tema y hubo una votación dividida. Hubo ocho abstenciones y once consejeros superiores votaron a favor de adherir al comunicado del Observatorio, para “solidarse con los compañeros y reclamar el urgente esclarecimiento de los hechos”.
