El conflicto gremial que desde el 8 de mayo estalló en la Municipalidad de Córdoba por la reducción de la jornada laboral de la mayoría de los empleados acaba de sumar un nuevo capítulo: por instrucción del intendente Martín Llaryora, cada secretario del Ejecutivo deberá revisar la situación de cada uno de los agentes que tienen “chapa” de inspector.
Tener chapa significa estar investido con poder de policía y esa categoría supone el cobro de una bonificación del 30 por ciento del salario por “tareas de inspectoría”. Hay más de 1.300 empleados que cobran ese plus y la instrucción oficial fue determinar si efectivamente cumplen tareas de inspección. Si no lo hacen, se revisará el pago de ese adicional que promedia los 16 mil pesos por agente.
No es la única instrucción. También se convocará a los inspectores a prestar servicio. Primero, por la pandemia; y luego, por el conflicto gremial, los controles del municipio se volvieron casi imperceptibles y el área de los inspectores de tránsito –son 531, el grupo más numeroso de inspectores– es una de las más combativas.
“El poder de policía es una facultad del Ejecutivo, que está delegada en los agentes que se desempeñan como inspectores. Si esos agentes no prestan el servicio, el Ejecutivo tiene la facultad de revocar esa delegación del poder de policía”, explicó Verónica Bruera, secretaria General del municipio.
La funcionaria recalcó que la decisión “no tiene un fin sancionatorio”, sino que apunta a poner claridad sobre ese universo de bonificaciones. Una de las hipótesis es que hay agentes que cobran por una función que no ejercen: el número de 1.300 inspectores parece demasiado elevado, y en el Tribunal de Faltas registran 1.900 agentes con facultades de inspección y control.
El pago de esas bonificaciones supone una erogación mensual de 20 millones de pesos. Las bonificaciones son una especie de sobresueldo y que el estatuto municipal establece como obligatorias para algunas funciones, pero que con el correr de los años se fue universalizando: hoy el 80 por ciento de los más de 10 mil municipales perciben una bonificación. El rango va del 20 al 50 por ciento. Ese máximo es percibido por los empleados de redes sanitarias, por la insalubridad de las tareas que realizan.
Hasta ahora, la gestión Llaryora había recortado adicionales como horas extras y prolongaciones de jornada, pero no había tocado las bonificaciones. Lo concreto es que el Ejecutivo empezará por los inspectores una revisión que luego extenderá a otras áreas.
El conflicto gremial mantiene casi paralizada la administración. Ayer el reclamo se potenció en Higiene Urbana, donde decenas de empleados reclamaron en contra de los servidores urbanos –un programa social potenciado por Llaryora– porque consideran que están ejerciendo funciones propias de los municipales. El municipio ratificó ese programa, que supone el pago de 10 mil pesos por cuatro horas de trabajo, y además anticipó que sumará participantes. Hoy son unos 1.200 “chalecos celestes”.
También fue ratificado el programa de promotores de convivencia, que sumó un cuerpo de 42 abogados monotributistas con facultades de contralor. Hoy el administrador del Tribunal de Faltas, Juan Manuel Aráoz, explicará el esquema en la comisión de Legislación General del Concejo.
En medio de la tensión, la municipalidad pagó por anticipado los sueldos de mayo. Esos salarios se liquidaron en dos recibos de sueldos diferentes, ya que desde el 15 de mayo comenzó a aplicarse la reducción de jornada.
El municipio anticipó el pago de los sueldos
Los salarios de mayo incluyen el recorte de jornada.
Con descuento. La Municipalidad de Córdoba depositó el lunes los sueldos de los casi 10.500 empleados, que debían pagarse mañana. La liquidación de los sueldos se realizó en dos recibos diferentes, puesto que desde el 15 de mayo rige el recorte de una hora de la jornada laboral que afecta a todos los empleados municipales, a excepción de los agentes de salud y de educación.
Según el municipio, ese cambio y la inclusión de ítems no remunerativos hicieron que la masa salarial de mayo disminuyera en 112 millones de pesos respecto de la de abril.
$ 600 millones en Letras
La Municipalidad de Córdoba colocó ayer la serie 37 de Letras del Tesoro. Obtuvo los 600 millones de pesos que buscaba a un costo del 35,5 por ciento anual. El plazo de la emisión es de 91 días y los recursos se destinarán a cubrir el bache que produce la abrupta caída de la recaudación municipal.
“Las ofertas recibidas ascendieron a 756,5 millones, y se adjudicaron 600 millones a una tasa de corte de Badlar más 6,99 por ciento. De esta forma, en función de las ofertas recibidas y a pesar de las condiciones actuales de los mercados, el Municipio recibió ofertas por un monto 26 por ciento superior a la prevista”, indica el comunicado de prensa oficial.
Según lo informado desde el equipo de Martín Llaryora, “el municipio utiliza el programa de Letras tesorería para lidiar con los desfasajes temporarios de liquidez, que se producen naturalmente por la estacionalidad de la recaudación y de los gastos, más aún hoy con la incertidumbre que el impacto del Covid-19 genera”.
