La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento del empresario Lázaro Báez como jefe de una asociación ilícita fiscal montada sobre la base de la emisión y comercialización de facturas apócrifas, aunque, al igual que su hijo Martín, seguirá siendo investigado como presunto usuario de esos documentos generados por un par de “usinas” de facturas truchas de la ciudad del sur bonaerense.
Según publica el diario Clarín, ante el fuero Nacional en lo Penal Económico tramitan dos causas, en las que el juez Javier López Biscayart investiga la utilización, por parte de Austral Construcciones, de las facturas truchas generadas en Bahía Blanca. Hacia López Biscayart, la cámara bahiense giró copias de las actuaciones, tras analizar, durante 20 meses, el caso, iniciado en 2014 por una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Público (Afip).
Para los camaristas Pablo Candisano Mera y Sergio Picado, los responsables de aquella emisión fueron los grupos Ficcadenti y Ferreyra, por lo que ratificaron el procesamiento de seis de sus miembros y un contador que los asesoraba. Esta medida había sido dispuesta en diciembre de 2019 por el juez federal bahiense Walter López Da Silva, que tomó el caso dos años antes.
Luego del estudio de la “extensa causa en la que se investigan complejos hechos de carácter económico y tributario”, los camaristas de la sala II bahiense diferenciaron a las usinas de las facturas truchas, de las usuarias, de los empresarios que las adquieren con el fin de evadir impuestos. Para el juez de primera instancia, el daño al fisco había sumado unos 670 millones de pesos.
La confirmación del procesamiento, sin prisión preventiva, alcanza a Silvio Luis, Franco y Enzo Ficcadenti y José Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolás Ferreyra. Según la resolución judicial, todos son penalmente responsables por la emisión de facturas apócrifas de las firmas Calvento, Penta y Terrafari (grupo Ficcadenti) y Constructora Patagónica Argentina (grupo Ferreyra).
Procesado
Igualmente, seguirá procesado el contador Rogelio Alberto Chanquía, que actuaba como asesor de dos de las empresas de los Ficcadenti. Para todos, la Cámara recalificó los hechos delictivos como asociación ilícita tributaria, además de confirmar algunos montos de embargos y cambiar otros.
Para López Da Silva, Báez era el jefe de la banda. Sin embargo, para Candisano Mera y Picado, “no se logró demostrar que la estructura conformada por las compañías locales haya sido creada por y para el Grupo Báez, es decir, generada por orden suya y para su único beneficio”.
Según los camaristas, los Báez, a través de Austral Construcciones, fueron meros usuarios de las facturas emitidas por los procesados y por el cual ya están imputados en la Capital Federal. Allí, la empresa constructora emblema del grupo patagónico tenía su sede fiscal, al momento de que la Afip inició, en 2011, una auditoría.
En agosto de 2012, el entonces titular de la Afip, Ricardo Echegaray, cerró la delegación regional Bahía Blanca de la AFIP que lideraba la investigación del caso. Aludió a un conflicto gremial, que los propios responsables del sindicato negaron.
“El haber adquirido y utilizado las facturas apócrifas de las empresas bahienses no podía seguir siendo investigado también en este proceso ya que, de avanzar así la causa, podría generar un conflicto consistente en que un mismo hecho sea juzgado más de una vez por distintos tribunales”, advirtieron Candisano Mera y Picado en la resolución.
Beneficia además con la falta de mérito al financista Néstor Manuel Piñeiro e Iván Fernando y Mario Sebastián Pedraza, procesados como miembros de la asociación ilícita fiscal por López Da Silva. Para la Cámara Federal, no quedó acreditada la participación de los tres en la maniobra de evasión.
Los Pedraza eran responsables de la firma Iberoamericana de Servicios SRL vinculada con seis empresas creadas por Juan Ignacio Suris.
El empresario, amigo del financista mediático Leonardo Fariña, está procesado y espera, en libertad, un juicio como jefe de una asociación ilícita fiscal, de similar funcionamiento a la de esta causa. El contador Chanquía, que seguirá procesado, también trabajaba para él.
