Tras permanecer en la intendencia de Santa Catalina Holmberg durante 40 años y retirarse con una alta imagen positiva, Miguel “Minino” Negro enfrenta una dura acusación de la Justicia Federal por supuesta instigación a la usurpación de terrenos fiscales.
El fiscal federal subrogante Rodolfo José Cabanillas solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa que tiene como principales involucrados a Negro (Justicialista), y a quien él mismo eligió como candidato a sucederlo, el radical Oscar Ignacio “Cotorra” Alaniz.
Ambos están acusados de instigar la ocupación ilegal de terrenos fiscales pertenecientes al ferrocarril, en el marco de una presunta maniobra preelectoral. La causa también involucra a tres personas que iniciaron la construcción de viviendas en tierras del ferrocarril.
El defensor de Alaniz, José Abrile, adelantó a este diario que ya formuló una oposición a la elevación a juicio por considerar que “no hay ningún elemento de prueba válido para sostener la acusación”.
En tanto, desde el estudio de Carlos Nayi, que patrocina a Negro, se informó que la defensa no se ha opuesto al requerimiento de elevación a juicio, ya que apuntaría a buscar una solución judicial alternativa, para ponerle fin al conflicto.
La acusación del fiscal dice que, entre fines de diciembre de 2022 y mediados de enero de 2023, Negro (quien gobernó Holmberg durante cuatro décadas) y Alaniz (su candidato en las elecciones de junio de 2023) habrían promovido la ocupación de terrenos nacionales ubicados junto a las vías del Ferrocarril San Martín, en el sector oeste de Holmberg.
Se los acusa de haber informado a vecinos sobre la posibilidad de instalarse en el predio fiscal y de obtener conexión eléctrica para construir viviendas. Entre los acusados por la usurpación figuran Alan Iván Báez, Fernando Gabriel Romano y su pareja, Mayra Desireé Garretón, además de otras personas no identificadas.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio oral y público formulado por el fiscal Cabanillas, en primer lugar Romano ocupó un terreno fiscal, construyó un pilar de luz y obtuvo el certificado de apto exigido por el Ente Regulador de Servicios Públicos. Luego, el 29 de diciembre de 2022, se reunió con Negro en la Municipalidad para gestionar la conexión eléctrica.
El intendente, ese mismo día, habría firmado un documento para solicitar a la cooperativa local la habilitación del servicio como “usuario precario”. Habría adjuntado el DNI de Romano y lo habría presentado como propietario.
Elecciones, descontrol y denuncias cruzadas
Para la Fiscalía, la ocupación de terrenos “se enmarca en promesas propias de la campaña electoral efectuada por ambos imputados (…) para acaparar votos”.
Miguel Negro es justicialista. Fue elegido por primera vez intendente en el 83. Desde que se había jubilado no cobraba sueldo, el municipio tenía un solo secretario y cobraba impuestos sólo una vez por año.
Cuando decidió no ir por la reelección, por diferencias internas en el peronismo hizo un acuerdo con el radical Alaniz y lo impulsó para la intendencia.
En la localidad de poco más de ocho mil habitantes, las elecciones fueron en junio. Alaniz perdió por 182 votos de diferencia. El actual intendente es Maximiliano Rossetto, quien responde políticamente a Adriana Nazario en el sur provincial.
Según la acusación contra Negro y Alaniz, las usurpaciones se precipitaron luego de que el vecino Romano obtuviera la conexión eléctrica en un terreno fiscal. Entre el 6 y el 23 de enero, Garretón, Báez y un grupo de más de 50 personas invadieron y ocuparon los terrenos públicos del costado de las vías.
Enseguida subdividieron unos 60 lotes, con alambre y bolsas. Llevaron materiales y levantaron construcciones precarias. Algunos hasta se instalaron con sus familias.
Más de 150 vecinos de la localidad denunciaron la ocupación ante el Juzgado Federal de Río Cuarto los días 18 y 19 de enero. El propio Miguel Negro presentó una denuncia. Para el fiscal, ese gesto fue contradictorio, pues se produjo después de una movilización vecinal que denunció las ocupaciones, tras la existencia de cobertura mediática del caso y el inicio de las actuaciones judiciales.
Finalmente, Gendarmería dispuso el desalojo y dejó una vigilancia por un largo tiempo, para evitar que volvieran a usurpar las tierras.
En la investigación federal, la fiscalía incorporó testimonios, registros fílmicos y audios que vinculan a los imputados con la ocupación. En uno de los videos, se observaría a Alaniz recibiendo a los ocupantes y prometiendo servicios públicos si ganaba las elecciones. También se documentó el uso de camiones municipales para trasladar escombros al predio.
Los investigadores habrían detectado comunicaciones entre Alaniz y los ocupantes, en las que sería mencionado como responsable de “regalar terrenos”. Un vecino habría asegurado que un hombre le preguntó dónde estaban “los terrenos que está regalando el ‘Cotorra’”. Además, Báez aparecería en videos como coordinador de la toma y en audios donde afirma haber hablado con Negro para gestionar la ocupación.
