- El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la medida que toma el control del sindicato y desapodera a la comisión directiva.
- El interventor administrará el gremio y deberá convocar a elecciones.
- Hasta ayer
- los gremialistas mantenían la amenaza de medidas de fuerza.
Hasta ayer, los nombres de Franco y de Juan Saillén todavía figuraban en la página oficial del Sindicato Único de Recolección de Residuos (Surrbac), pero el poder sobre la administración de los recursos del sindicato, así como la potestad de convocar a una nueva elección de autoridades, pasó a manos del interventor Alberto Ricardo Simón.
Si bien la intervención no se dio de hecho –situación que se completaría la semana próxima–, la comisión directiva que integraban los Saillén quedó desapoderada con la publicación del decreto del Ministerio de Trabajo de la Nación en el Boletín Oficial.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dispuso esta medida a pedido del juez Federal Ricardo Bustos Fierro y expresó en términos contundentes que el fin es "normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos, contabilización informal o paralela que fue, con el paso del tiempo, generando en el entorno familiar de los principales implicados un cúmulo de bienes que, analizados en perspectiva, ocasionaron un verdadero estupor en toda la comunidad".
El exlegislador y excandidato a diputado por el Frente de Todos, Franco Saillén, hasta ayer secretario de actas sindical, es uno de los imputados de la familia Saillén en una causa por asociación ilícita y lavado de activos por la que están en prisión su padre y exlíder del gremio, Mauricio Saillén, y su segundo, Pascual Catrambone. Si bien no ostentaba un cargo alto, Franco tenía ascendencia sobre la comisión actual, encabezada por Luis Dalmasio Torres.
En el gobierno del gremio, con cargos menores, también figuraba como vocal otro hijo del clan sindical, Juan Saillén. Los hermanos mostraron los dientes hasta hace un par de semanas, cuando en una asamblea extraordinaria ambos fueron los principales oradores de un acto en el que amenazaron con “medidas de fuerza” de alcance provincial ante la previsible intervención.
Además, durante la última semana de enero, tironearon con la actual directiva del Ente de Obras y Servicios Públicos (Esop), Victoria Flores, en resistencia a los cambios en esa entidad. Resintieron el servicio de recolección durante ocho turnos laborales, entre el viernes 24 y el miércoles 29 de enero, y dejaron a los vecinos sin servicio y una acumulación de más de tres mil toneladas de residuos en las calles de la ciudad.
Hasta anoche, en la misteriosa cuenta de Twitter oficial @Surrbac el llamado era de “alerta y movilización”. Sin embargo, a última hora, fuentes del servicio de recolección indicaron que la prestación del barrido y la recolección fue normal durante toda la jornada.
Simón, hasta ayer sin exposición pública conocida, adelantó que se reunirá la semana próxima con Moroni en Buenos Aires para hablar sobre el alcance de la intervención. Una vez que reciba las directivas, actuará. Por lo pronto, según el decreto, tiene 45 días para presentar un informe “económico financiero de la entidad”.
“Esta intervención será una convocatoria amplia a todos los sectores para que colaboren para su normalización y su vuelta a manos de sus afiliados. Esa es la idea”, explicó ayer Simón a La Voz.
El interventor, de 42 años de carrera como abogado “de calle” y un bajo perfil, deslizó que en el marco de la normalización del gremio una elección de autoridades “forma parte de la intervención”, y que “lograr que la entidad tenga sus autoridades legítimas a través del voto” es uno de los objetivos.
Simón no quiso adelantar sus primeras acciones como interventor, pero sí dejó un claro mensaje a los afiliados del sindicato, a los que les pidió colaboración para normalizar el gremio.
“Quiero decirles que tengan la tranquilidad necesaria de que esta intervención tiene toda la voluntad para que el sindicato vuelva a manos de sus afiliados de normal manera, como cualquier otro sindicato. Esa es la intención básica y la voluntad tanto de las autoridades nacionales como de este interventor”, señaló.
Simón contó que colaboró “en algunas oportunidades con agrupaciones sindicales”.
“Mi contacto con los trabajadores siempre ha sido el más positivo porque siempre tengo presentes sus derechos y brego por ellos”, agregó.
Cortocircuitos políticos
Los desencuentros entre los Saillén y los líderes del Frente de Todos tuvieron como último capítulo la noticia de la intervención. Sin embargo, ya habían comenzado durante la campaña electoral.
Los recolectores colaboraron activamente para llevar a la presidencia a Alberto Fernández, pero una vez que se conoció la detención de los líderes sindicales en plena campaña, en agosto de 2019, el entonces candidato presidencial sugirió el apartamiento de Franco Saillén de la lista. El dirigente lo desafió y no renunció a su candidatura, a pesar de que Fernández lo desconoció.
Ayer, el decreto del gobierno al que habían apoyado el año pasado les quitó a los Saillén todas las potestades sobre un gremio que supieron crear para separarse de Camioneros y al que siempre nombraron como “una familia”.
Alcance
El interventor del Surrbac está facultado para administrar la entidad gremial y normalizar su funcionamiento.
Consultado sobre el alcance de la medida, el exsecretario de Trabajo de la Nación, el radical Jorge Sappia, dijo ayer que en casos como este “la comisión directiva queda desapoderada”.
“El interventor se hace cargo de la administración y el mantenimiento de la organización, paga deudas, cobra créditos, administra; pero no tiene facultades para la negociación colectiva”, explicó el abogado laboralista.
Según Sappia, la intervención tiene que “necesariamente llamar a una elección”. Por otro parte, explicó que “la comisión tiene un año de protección de la estabilidad laboral” y que “los delegados gremiales conservan fueros hasta finalizar su mandato”.
