Tras años de dilaciones, la Justicia federal finalmente enjuiciará a Julio Mauricio Saillén y a Pascual Catrambone, los jefes del poderoso sindicato de recolectores de residuos (Surrbac), quienes deberán responder por la presunta autoría de delitos de lavado del dinero generado por la corrupción de los negocios de la basura que se montaron entre 2009 y 2018.
El número que habría lavado la “asociación ilícita” montada en el Surrbac ascendería al equivalente a 23.391 salarios mínimos, vitales y móviles, una cifra “descomunal” que, actualizada, rondaría los $ 6.943 millones, es decir, más de U$S 6,5 millones. El cálculo es conservador, puesto que esa variable, el salario mínimo, vital y móvil, está “pisada” por el Gobierno nacional: en marzo fue de $ 296.832.
Además de los jefes sindicales, estarán en el banquillo los hijos de ambos y otros integrantes de la llamada “pata sindical” del negocio de la basura. El juicio servirá para –además de determinar las responsabilidades de los sindicalistas– recabar nuevas pruebas que podrían utilizarse en los casos contra las otras dos patas del negocio: la política y la empresarial.
Aunque no hay fecha exacta, se estima que las audiencias deberían iniciarse en los próximos meses. Esto dependerá de la prioridad que le dé al caso el Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1). Este tribunal tendrá en las próximas horas una novedad importante en su vida interna: la jubilación de Jaime Díaz Gavier, por lo que también deberá completarse el cuerpo. Los otros dos jueces son Julián Falucci y José Fabián Asís.
La estructura, a juicio
Junto con Saillén y Catrambone, deberán responder por el presunto lavado de dinero la estructura del Surrbac y la mutual satélite de este, que también integran hijos y parejas y exparejas de los jefes. Serán juzgados Juan Manuel Krainbuhul, Osvaldo Medina, Juan Manuel Riba, el exlegislador Franco Saillén, Agustín Catrambone, Juan Saillén, Adriana Oviedo, Darío Saillén, Daniel Ayerbe, Juan Carlos Delgado, Héctor Blanes y Salomé Alfazak.
Los delitos precedentes del lavado –en este caso, asociación ilícita, defraudación y usura– ya habían sido elevados a juicio.
Fueron sobreseídos del delito de lavado (por prescripción) Miguel Ángel Catrambone, hermano de Pascual; Jorge Blanes, subordinado de los jefes; José Luis Yacanto, abogado del Surrbac; Verónica Quevedo, exesposa de Saillén, y Micaela Saillén, hija de Mauricio Saillén.
En octubre del año pasado, Saillén y Catrambone habían ofrecido “reparar” el daño causado al sindicato con una suerte de indemnización de U$S 750 mil. El caso estuvo al borde de naufragar, pero el Tribunal Oral Federal N° 1 finalmente rechazó el procedimiento y le pidió al Juzgado Federal que finalizara la investigación por el lavado de activos.
Ahora, el juez Alejandro Sánchez Freytes cerró ese capítulo y dio por sentado que la cúpula del Surrbac generó una fortuna a través de “mutuos” (plazos fijos ilegales) a tasas “muy por encima” de las que ofrecía el mercado por aquellos días. Como el dinero era del Surrbac (o de su mutual), la perjudicada fue la entidad sindical.
De acuerdo con la elevación a juicio, el lavado de activos se habría configurado “principalmente en la compraventa de bienes muebles e inmuebles (...), ocultando su participación mediante la interposición de terceros (varios de los cuales carecen de posibilidades económicas reales de acceder a los bienes)”.
“Si bien estos terceros de forma voluntaria aparecían como los titulares de los bienes ante los respectivos registros, eran los miembros de la asociación ilícita quienes mantenían la real disposición del bien”, sostiene la investigación judicial.
En el listado hay decenas de inmuebles, incluyendo casas en barrios cerrados, un apart hotel en Traslasierra y el Castillo Euzkadi en Villa Cura Brochero, y vehículos y motos, por lo general de alta gama. Mercedes Benz, BMW, Audi, RAM y Ducati son algunas de las marcas que se repiten en la elevación a juicio.
La exconcejala Laura Sesma, una de las impulsoras de la causa, dijo que el juicio “debe iniciarse sin más dilaciones”, y le pidió al TOF1 que “arbitre las medidas necesarias para que los imputados no entorpezcan el proceso amenazando a testigos, ya que manejan el sindicato (arma principal de los delitos cometidos) a través de interventores afines”.
En ese sentido, agregó que, tras las audiencias, “quedarán al descubierto los cómplices políticos y empresariales de uno de los desfalcos más grandes de la historia de la ciudad de Córdoba”.
