“En algún momento habrá que discutir, como ya lo están haciendo otros países, un salario básico universal”, aseguró Cristina Kirchner, en su mensaje del sábado pasado, cuyo contenido rápidamente perdió trascendencia por la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, mientras la vicepresidenta hablaba en Ensenada.
Más allá del tsunami político que generó la sorpresiva salida del titular del Palacio de Hacienda, con este respaldo político de la influyente vicepresidenta, el cristinismo duro salió a instalar la discusión por el salario básico universal (SBU).
El diputado nacional Itai Hagman (Frente Patria Grande) –que responde al dirigente Juan Grabois– resaltó el proyecto que presentó en mayo en la Cámara Baja sobre esta asistencia para desocupados.
Una fuente muy cercana al presidente Alberto Fernández consultada por La Voz fue categórica en cuanto a la viabilidad de la propuesta. “En algún momento se puede discutir, pero hoy es imposible. Sería voltear el acuerdo con el FMI”, manifestó el funcionario albertista.
La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, se refirió al tema, pero tiró la pelota afuera. “Es un debate para dar en algún momento”.
Grabois salió al cruce de los dichos de la nueva ministra. “La banco a Batakis, pero parece que le gustaba más el salario universal antes de ser ministra. Si no se puede sacar por ley, le pido al Presidente que use la lapicera y firme el decreto”, dijo el referente del Frente Patria Grande.
Luego de los dichos de la vicepresidenta, la pregunta es si realmente apoya esta propuesta, cuyo costo fiscal es difícil de afrontar por el Estado, en un contexto en el cual el acuerdo con el FMI impide crear nuevos programas sociales.
Una fuente del kirchnerismo admitió por lo bajo que la instalación de la discusión del salario básico universal es un modo de acotar la influencia de las organizaciones piqueteras, especialmente el Movimiento Evita, que tiene mucha influencia en la implementación de los actuales planes sociales, fundamentalmente el Potencial Trabajo.
“Es una discusión política, más que la posibilidad real de aprobar el proyecto. De hecho, no están los votos para sacarlo. Por eso Grabois habló de implementarlo por decreto”, dijo un diputado del Frente de Todos.
Apunten al “Evita”
La polémica por el manejo de los planes sociales la encendió la propia Cristina Kirchner, cuando en un acto en Avellaneda dijo que el Gobierno nacional debía evitar “la tercerización” de la asistencia social.
En aquella oportunidad, la vicepresidenta le apuntó el Movimiento Evita, cuyos referentes, Emilio Pérsico y Fernando “el Chino” Navarro, son funcionarios nacionales.
Además, esta organización es el principal respaldo político territorial del presidente Alberto Fernández.
De este modo, el salario básico universal quedó inmerso en la interna del oficialismo nacional. El cristinismo sabe que este momento es “inviable” por el costo fiscal que significaría, pero el objetivo político es instalar un debate para erosionar la influencia de los piqueteros.
No obstante, entre los legisladores nacionales se generó un debate que marca las dos posturas que involucra esta discusión por un ingreso estatal universal para desocupados.
El diputado nacional Pablo Carro (FDT-Córdoba) se mostró partidario de la iniciativa. Aclaró que se podría comenzar a aplicar de manera “progresiva” para no afectar las finanzas públicas.
“Nuestro país tiene un problema de difícil solución: la población que está marginada del trabajo formal. En este contexto, estoy convencido de que hay que tomar dos medidas: impulsar el salario básico universal y la reducción de la jornada laboral. De este modo, también la discrecionalidad de los gobernantes de turno”, argumentó Carro, dirigente del gremio universitaria de Córdoba.
Por su parte, Mario Negri, titular del bloque radical, se mostró en contra de la iniciativa. “El ingreso universal suele pensarse como una distribución de la riqueza. Pero nuestro país hace una década que no crece y el Estado está quebrado. Además de ser políticamente inviable, reduciría el crecimiento y el ingreso. Es una muestra más del populismo, que apunta a consolidar el voto en los sectores vulnerables”, dijo Negri.
Números
Según el proyecto presentado en Diputados, el salario básico universal consistiría en un ingreso equivalente a la canasta básica alimentaria para un adulto, que el Indec ubica en 13 mil pesos.
Depende del universo que abarcaría, pero si se contabiliza a los desocupados que recibieron el ingreso familiar de emergencia (IFE) o el último bono de mayo pasado, serían más de 10 millones de personas.
Aunque el propio autor señala que la implementación sería gradual, el costo fiscal sería cuatro o cinco veces mayor que los 230 mil millones de pesos que hoy exige el Potenciar Trabajo, que tiene casi 1,3 millones de beneficiarios.
Sin chances de ser aprobado por el Congreso, y con fuentes oficiales que indican que hoy “es inviable” financieramente, por ahora se trata de una embestida política del cristinismo en contra los piqueteros oficialistas.
