En una semana ajetreada de muchas reuniones públicas y también reservadas, el Gobierno provincial dio un gran paso para resolver el conflicto salarial con los estatales. Los docentes aprobarán mañana el acuerdo, y el SEP lo hará el 2 de mayo. Le queda resolver los reclamos del personal de Salud, que mañana y martes afectarán la atención en los hospitales con asambleas.
Con la presión y el convencimiento que la campaña para las elecciones provinciales del 25 de junio arrancará de lleno el miércoles próximo, con la presentación de las alianzas, el gobernador Juan Schiaretti trata de cerrar esta discusión lo antes posible.
Martín Llaryora, candidato a gobernador oficialista, también fue protagonista, al involucrarse personalmente en el conflicto.
El viernes pasado, al mediodía, hubo un gran alivio en el Centro Cívico, cuando recibieron el dato que las asambleas departamentales de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) habían aprobado la cuarta oferta de aumento salarial de la Provincia, 60% “de bolsillo” hasta julio, en medio de ásperas discusiones entre los docentes.
La aprobación de la UEPC, que se oficializará mañana en la asamblea provincial, allana también el acuerdo con el SEP. El gremio que conduce José “Pepe” Pihen tendrá elecciones el viernes próximo. El martes 2 de mayo aceptará la misma propuesta que para los docentes, para el período febrero-julio.
Será la última discusión paritaria que encabece Pihen, quien dejará el liderazgo del SEP, luego de tres décadas. La lista oficialista Blanca enfrentará a dos boletas opositoras, pero todo indica que Sergio Castro, actual secretario adjunto, será el reemplazante el histórico sindicalista.
El único conflicto que le queda por resolver al Gobierno es con el sector de Salud, que desde el año pasado rechaza la mediación del SEP y Atsa, los únicos gremios reconocidos para sentarse en la discusión paritaria.
Esto es relativo desde el año pasado. Luego de dos meses conflictivos en los hospitales, con medidas de fuerza, los funcionarios schiarettistas debieron sentarse a negociar con la Coordinadora de Salud Córdoba Unida, que aglutina a los denominados autoconvocados, que rechazan la representación de los gremios.
Negociación abierta
Entre miércoles y viernes hubo arduas negociaciones con los autoconvocados. Primero, fueron recibidos por Llaryora, quien los escuchó junto al legislador Francisco Fortuna.
El viernes hubo otra larga reunión con la ministra de Salud, Gabriela Barbás. El diálogo parece encaminado, pero hay algunos obstáculos que debe resolver el Gobierno: el principal es el tiempo.
La oferta para los trabajadores de la Salud es la misma que aceptarán el SEP y la UEPC: 60% de aumento hasta julio, en cuatro cuotas, más bonificaciones, para llegar al mencionado porcentaje “de bolsillo”.
La posible solución en los hospitales no pasará por el aumento salarial. Los autoconvocados exigen una “recomposición salarial”, que para ellos no es lo mismo que un aumento. Exigen que se modifiquen el básico y las escalas para cada sector.
Eso podría resolverse con la sanción de una nueva ley para el sector de Salud, que unificará las dos normas vigentes (la 7.625 que rige para los profesionales, y la 7.233 para los empleados administrativos de los hospitales).
Esa ley podría ser aprobada dentro de dos semanas en la Legislatura, pero recién podría comenzar a aplicarse con los salarios de junio.
De allí, el obstáculo del tiempo para el Gobierno provincial, que no quiere transitar la campaña con paros en los hospitales.
Entre mañana y el martes, los siete sectores que integran la coordinadora de los autoconvocados bajaran a las asambleas la propuesta del Gobierno, que es la misma que para el resto de los estatales.
Las bases deberán resolver si sigue negociando o hay un plan de lucha. Hay dos posturas marcadas entre los autoconvocados: los dialoguistas, que ven una solución a mediano plazo y quiere seguir negociando, y los más combativos que exigen un básico para todo el sector de Salud que iguale la Canasta Básico de Alimentos, que hoy está en 191 mil pesos.
Esta exigencia es rechazada por la Provincia. La ministra Barbás y el legislador Fortuna, los negociadores con los trabajadores de la Salud –aunque a la última palabra por los números la tiene el gobernador, a través de la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, han acercado otros incentivos al personal de Salud: boleto interurbano gratuito (ver página 23) y el adelanto para abril, del aumento del 10% resuelto unilateralmente por el Gobierno, que se iba a pagar en mayo.
“Estamos mal, pero vamos bien”, graficó uno de los negociadores en Salud, parafraseando a Carlos Menem, definición que el expresidente dijo cuando durante su primera gestión la inflación hacía estragos.
La resolución del conflicto en los hospitales pasa más por la nueva ley que por la pauta ofrecida. El tema es el tiempo. Schiaretti quiere terminar ahora la discusión, mientras que los agentes podrían impulsar medidas de fuerza en las próximas semanas.
Decisión política e impacto fiscal
El conflicto salarial con los estatales provinciales se convirtió en tema de discusión entre el oficialismo y la oposición, en los umbrales de la campaña electoral.
El candidato oficialista Martín Llaryora se metió de lleno en el tema, cuando en un acto del PJ, dijo: “Nosotros vamos a resolver los conflicto en salud y educación, y también la cuestión de la inseguridad”.
En la primera fila de aquel acto con intendentes oficialista estaba el gobernador Juan Schiaretti.
Llaryora participó personalmente de las negociaciones con los gremios. Dos semanas atrás se reunió con el titular de la UEPC, Juan Monserrat, y luego dijo de manera pública que la Provincia debía “mejorar” la oferta a los docentes.
El miércoles pasado se reunió con los autoconvocados de Salud. Fueron reuniones “extraoficiales”, dicen los llaryoristas, aclarando que consensuadas con Schiaretti.
Más allá de la política, el impacto fiscal de cada punto de aumento a los estatales es de alrededor de 600 millones de pesos mensuales, contabilizando activos y pasivos.
Si se tiene en cuenta que cada cuota (serán cinco) de la oferta de aumento es del 10%, más bonificaciones, el impacto fiscal será de 6.000 millones de pesos mensuales. En julio, la Provincia deberá desembolsar unos 36 mil millones de pesos más, cuando se complete el acuerdo del 60% “de bolsillo”.
