Fernando Basanta, abogado y ex funcionario del gobierno de Alicia Kirchner, juró como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Su nombramiento se vio envuelto en una fuerte polémica, luego de que se conociera que no cumpliría los requisitos para el cargo.
La asunción de Basanta, íntimo amigo de Máximo Kirchner y militante de La Cámpora se produjo el último viernes 9 de septiembre, con escasa difusión por parte del órgano de justicia santacruceño. La Legislatura de Santa Cruz aprobó su designación por mayoría el día anterior, con 16 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y 3 abstenciones.
La presidenta del tribunal superior, Paula Ludueña, fue quien le tomó juramento con la presencia de los otros integrantes de la corte, Daniel Mariani, Alicia Mercau y René Fernández. También estuvieron presentes numerosos funcionarios del gobierno y dirigentes del kirchnerismo. Basanta reemplaza a Enrique Peretti, quien se jubiló en abril de este año.
Fernando Basanta, designado sin los requisitos
El nombramiento de Basanta fue calificado como ilegal por gran parte del arco político opositor. Según aseveraron, no reúne las condiciones mínimas que exige la Constitución Provincial para ejercer ese cargo.
Daniel Sabsay, reconocido constitucionalista, calificó la llegada de Basanta al máximo tribunal como “una violación clara a la forma republicana de gobierno”, según recopiló Clarín. Además, aseveró que “resulta a las claras algo escandaloso que pisotea la carta magna”.
Fernando Basanta, un abogado de 42 años, se recibió a los 34. La Constitución Provincial expresa en su artículo 127 que “quienes pretendan integrar el Superior Tribunal de Justicia deben contar con el ejercicio de la profesión de abogado al menos por 6 años”. El nuevo integrante del Tribunal no los tenía porque además nunca se matriculó en la provincia.
Sin embargo, el Frente de Todos hizo una “interpretación amplia” del artículo 127 de la Constitución y tomó en cuenta el tiempo que el ahora juez de la Corte estuvo en la administración pública.
El pasado 8 de septiembre, el diputado Martín Chávez, miembro informante del oficialismo, argumentó el voto afirmativo de su bloque basado en jurisprudencia, interpretaciones y nuevas Constituciones (Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires), con consideraciones técnicas y políticas.
“Enorme mayoría de nuestras Constituciones provinciales establecen o adoptan este criterio amplio requiriendo solo la antigüedad en el título de la abogacía”, dijo en ese momento el legislador. Basanta fue nombrado en 2015 ministro de gobierno de Alicia Kirchner, cargo en el que se desempeñó hasta 2019 para luego ser nombrado fiscal de instrucción de Río Gallegos.
Sin embargo, según lo aseverado por el mismo medio, nunca trabajó en la actividad privada ni se matriculó.
Santa Cruz: críticas opositoras por la designación de Basanta
La oposición provincial criticó duramente el nombramiento y denunció que “se pisoteó la Constitución”. Además, calificaron de “ilegal” la llegada de Basanta al máximo tribunal. Actualmente hay presentados dos recursos de amparo contra la designación.
En esta misma línea, la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos también marcó su posición en contra de la designación, remarcando la gravedad que posee que se integre personas que no cuentan con los requisitos legales.
A través de un comunicado, la Comisión se reiteró que la designación es incostitucional “por no contar con los 6 años de ejercicio en la profesión o de funciones judiciales que establece el artículo 127 inc. 3) de la Constitución Provincial para ser vocal del TSJ”.
A su vez, insistieron en “la gravedad que posee que se integre el máximo tribunal judicial provincial con personas que no cuentan con los requisitos legales y que solo poseen antecedentes de militancia política, partidizando los tribunales de justicia en detrimento del respeto a la división de poderes y del servicio de administración de justicia”.
En esta línea, también repudiaron “los graves hechos acaecidos durante la sesión de la Cámara de Diputados que prestó acuerdo para esta designación inconstitucional”.
“Es alarmante que el oficialismo no haya permitido hacer uso de la palabra a los diputados de la oposición, clausurando el debate con la sola palabra de un Diputado oficialista. El presupuesto básico de la democracia debe expresarse en la legislatura con la libre exposición y deliberación de los representantes del pueblo, debiendo garantizarse el uso de la palabra a las minorías políticas”, condenaron.
A su vez, también repudiaron que “se haya impedido cubrir la sesión de la Legislatura Provincial a las trabajadoras de prensa Karina Taberne y Andrea Crippa”. Según apuntaron, se expulsó del recinto a Taberne y se le impidió el ingreso a Crippa.
Aseguraron que se trató de un “ataque claro e inexcusable en contra de la libertad de prensa, uno de los presupuestos básicos de nuestro sistema democrático y republicano de gobierno”.
“Todo lo acontecido reviste suma gravedad, no debiendo tomarse como hechos aislados el cumulo de las situaciones expuestas, que de normalizarse implicarán una degradación permanente de la vida democrática, exhortando a las autoridades públicas y a la Cámara de Diputados Provincial a retomar los carriles institucionales, garantía de convivencia y de la paz social”, concluyeron.
