La conciliación obligatoria en el conflicto con los docentes rige hasta el 2 de mayo. Parece un límite para que la Provincia cierre la paritaria con los estatales. Sin embargo, el gobernador Juan Schiaretti apura una oferta para acordar antes de esa fecha, que coincidirá con el arranque oficial de la campaña electoral.
La discusión salarial con los estatales por el primer semestre del año se convirtió en un tema de debate electoral anticipado para las elecciones provinciales del 25 de junio, algo que el oficialismo intentó evitar, pero que hasta ahora no consiguió.
El gobernador jugará sus últimas cartas en los próximos días para terminar con esta negociación.
El rechazo del gremio docente (UEPC) a la tercera oferta que hizo la Provincia generó preocupación en el Gobierno, pero también en el candidato oficialista a gobernador, Martín Llaryora, que se involucró personalmente en la negociación.
Aunque nadie lo confirmó, Llaryora se habría reunido con Juan Monserrat, titular de la UEPC.
El anuncio del Centro Cívico de la suspensión del diferimiento del cobro de los aumentos que perciben los activos por parte de los pasivos, fue un pedido expreso del candidato oficialista.
Ahora viene otra “sugerencia” que Llaryora hizo 10 días atrás, en declaraciones realizadas en Río Cuarto. “Hay que mejorar la oferta salarial a los docentes”, dijo el aspirante a suceder a Schiaretti.
Los negociadores del gobernador, la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; el ministro de Educación, Walter Grahovac, y el secretario General de la Gobernación, Julio Comello, no tuvieron descanso este fin de semana.
Ayer por la mañana hubo reuniones reservadas con la cúpula del gremio docente, tratando de encontrar un camino para mejorar la oferta porcentual (un 40%, dividido en cuatro cuotas hasta junio) que fue rechazado, con el alivio que significó para el gremio docente la suspensión del diferimiento para los jubilados.
La UEPC se adjudica gran parte de esa conquista, porque fue el único gremio que venía reclamando esta medida desde hace años. Aunque es provisoria, hasta el 31 de diciembre. Una cuestión de fondo que deberá resolver el próximo gobernador.
Posible salida
Hay mucho hermetismo en las negociaciones, pero una de las salidas sería que la Provincia adelante el pago de las cuotas.
La oferta rechazada estipula un aumento del 10% para febrero (ya se pagó); otro 10% que se abonará en el próximo salario de marzo; 10% en mayo y 10% en junio.
Una alternativa sería adelantar una cuota para abril, y la última en mayo. Eso significaría un aumento del 40% en cuatro meses.
La otra alternativa es un aumento de los porcentajes, que es lo que reclaman las bases de los gremios.
Dos puntos a tener en cuenta en esta negociación: el período que se discute es febrero-julio y la inflación que rige es la que mide la Dirección de Estadísticas y Censos local.
En Córdoba, en febrero fue 7,54% y en marzo el 7,99%. Es decir, que la inflación acumulada en los primeros dos meses del período paritario fue del 15,53%.
Los funcionarios schiarettistas argumentan que esa suba es compensada con el 20% de aumento de febrero y marzo.
Los gremios miran más adelante y no los convence el 40% propuesto hasta julio.
En las últimas horas se sumó una buena noticia para el Centro Cívico: el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que había decidido no cerrar un acuerdo hasta que lo hagan los docentes, cambió de postura.
El gremio que conduce José “Pepe” Pihen se sentará a negociar desde mañana y es muy probable que firme esta semana.
En el SEP hay elecciones el 28 de abril y el oficialismo quiere llegar a las urnas con el acuerdo firmado.
Los docentes podrían llegar a un acuerdo también antes del final de la conciliación, pero hay un interrogante que atraviesa a los gremios, pero sobre todo al Gobierno provincial y a su candidato a gobernador: que pasará con los autoconvocados docentes y en salud.
El temor es que sigan reclamando durante la campaña electoral, que el PJ quiere afrontar con las menores tensiones posibles.
De la Sota y la historia de 1998
Muchos peronistas admiten que el conflicto docente y en la salud influyeron en el triunfo de José Manuel de la Sota sobre el gobernador radical Ramón Bautista Mestre, en los comicios del 20 de diciembre de 1998.
“La propuesta de rebaja del 30% de los impuestos y en conflicto en educación y en salud fueron determinantes para el triunfo de De la Sota. Cómo está hoy la Provincia en esos tres aspectos. La carga impositiva es alta y hay conflictos con los estatales. Deberíamos estar muy atentos”, recordó un exfuncionario delasotista, aún con cargo en la Provincia.
Hay datos históricos que abonan la preocupación del gobernador Juan Schiaretti y el candidato oficialista Martín Llaryora por resolver los reclamos gremiales.
En 1998, en medio del conflicto con los docentes, Joao Santana, mano derecha de Duda Mendonça, el publicista contratado por De la Sota para su campaña, se reunió con la cúpula del gremio que enfrentaba al gobernador radical
Santana no buscaba influir en el conflicto, sólo quería información para diagramar el discurso del candidato peronista. Uno de los gremialistas con los cuales se reunió el publicista brasileño fue Walter Grahovac, entonces titular de la UEPC, hoy ministro de Educación.
Llaryora era un militante de la Juventud Peronista (JP) a fines de la década del ‘90, pero desde su entorno reconocen que sería complicado afrontar la campaña con esos dos conflictos en ebullición.
En los últimos días, las protestas de los autoconvocados en actos oficiales, y los disturbios del SEP, el viernes pasado, frente al Centro Cívico, convencieron al oficialismo de que se deben despejar las tensiones gremiales, antes del arranque del tramo más fuerte de la campaña electoral.
El conflicto en Salud
El Gobierno provincial apunta a resolver la paritaria con los docentes y el SEP, los gremios que aglutinan al 90% de los agentes públicos. Pero hay otro conflicto que también genera inquietud en el oficialismo: el de la salud.
Los funcionarios provinciales admiten que es difícil negociar con los trabajadores del sector salud, ya que rechaza la intervención de los gremios.
El SEP perdió inserción en los hospitales y ahora la ministra de Salud, Gabriela Barbás, debe negociar con los autoconvocados. Se trata de agrupamientos con diferencias internas, con un accionar gremial anárquico que afecta la atención en los hospitales.
