El viernes, mientras todos los portales mostraban a 10 gobernadores –incluidos los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés– avalando el recorte de subsidios nacionales al transporte de la ciudad de Buenos Aires, desde el Centro Cívico de Córdoba reiteraban que ni esa medida ni la confirmación de subsidios nacionales por 46 mil millones de pesos para el interior del país morigeraban la inequitativa discrecionalidad que domina el reparto de recursos.
En simultáneo, el Gobierno de Córdoba anunciaba un proyecto de distribución de fondos para el transporte, que promete equidad y elimina diferencias jurisdiccionales.
En 2021, el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba, que incluye la Capital Federal y el conurbano) se quedó con el 85 por ciento de los casi 190 mil millones de pesos que repartió la Nación. y todo el resto del país recibió el 15 por ciento. La fórmula que propone Schiaretti es proporcional a la cantidad de colectivos y garantizaría casi el 40 por ciento de los fondos para el interior del país. La pérdida de recursos impactaría especialmente sobre el conurbano bonaerense, el territorio donde tiene residencia política el kirchnerismo.
Los schiarettistas le dicen “boleto federal” a esa propuesta, que en la práctica es un viaje del peronismo cordobés hacia el objetivo de recuperar alguna incidencia en la escena nacional y, en especial, volver a disputar la representatividad de los gobernadores del interior.
Schiaretti ostentó ese lugar durante la gestión de Mauricio Macri. Ya no lo ocupa en la gestión del Frente de Todos.
Además, la jugada cumple otros dos objetivos del Panal: no quedar en ningún momento alineado con la Nación –mucho menos, en una maniobra direccionada sin disimulo contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta– y anticiparse a la conflictividad que sin dudas concentrará el transporte diezmado y de emergencia que tiene Córdoba, cuando empiecen las clases con plena presencialidad en las aulas.
Prueba de fuego
La ascendencia que Schiaretti logre entre el resto de los gobernadores tendrá una prueba de fuego en el Congreso. La agenda que preparan sus legisladores procura superar la grieta política. Su blanco es la grieta geográfica: el interior contra los privilegios del Amba.
Esa agenda comienza con el transporte, continúa con los subsidios energéticos –traspaso de Edenor y Edesur– y sigue con Aysa, que es sostenida por todos los argentinos. Incluye también el anunciado proyecto de reducción de las retenciones agropecuarias.
En todos estos temas, los beneficios extraordinarios que garantizan los recursos de la Nación al Amba reportan facilidades políticas idénticas para la opulenta ciudad insignia del PRO y para el sufriente conurbano de Axel Kicillof. Los legisladores de Juntos por el Cambio difícilmente puedan sostener una postura homogénea, y los del Frente de Todos tampoco: la representación geográfica en muchos casos puede pesar más que la pertenencia partidaria.
La apuesta del schiarettismo es que a la hora del ajuste nacional –nadie duda de que la reducción del déficit comprometida con el FMI tendrá efectos inmediatos para las provincias– sean muchos los gobernadores que prioricen la defensa territorial al alineamiento político.
Demás está decir que se trata de una jugada de dificultad extrema para un bloque que apenas cuenta con tres diputados y una senadora, y que garantiza un enfrentamiento permanente de la Provincia con Alberto y Cristina Fernández. Los cruces son sucesivos y permanentes, y lo serán todavía más.
No hay mucho más que esa estrategia schiarettista de levantar el dedo contra la Nación en el largo verano de la política cordobesa. La arremetida de la Provincia supone doble incomodidad para la oposición, que coincide mayoritarimente en los cuestionamientos contra el “gobierno unitario” y a cada paso se ve obligada a aclarar que esa concidencia no representa un aval a Schiaretti y a recordar que muchas veces el peronismo cordobés acompañó al kirchnerismo. La escena se volvió reiterativa.
Mucho menos predecible es la evolución política del frente opositor. Luis Juez, los socios radicales y el PRO mantienen la tregua más larga en mucho tiempo y acatan de forma unánime las instrucciones que de manera reiterada reciben desde Buenos Aires: la unidad es el requisito impuesto por Horacio Rodríguez Larreta y por Patricia Bullrich a la oposición cordobesa. Mucho más complicado es saber qué piensa Mauricio Macri sobre el futuro de su fuerza en Córdoba.
El mandato de unidad también condiciona a Juntos por el Cambio a la hora de los liderazgos. Básicamente, no hay enfrentamientos internos, porque nadie puede asumir sus aspiraciones. Luis Juez es el más perjudicado por ese statu quo.
El peronismo, en cambio, se aproxima a su interna desganada. Esa elección será una demostración de fuerza del schiarettismo respecto de la estructura que Alberto Fernández busca consolidar en Córdoba. Una formalidad con disputa real en unos pocos departamentos y con un resultado ya determinado: Schiaretti como autoridad del peronismo provincial y el intendente Martín Llaryora en la Capital.
El intendente villamariense Martín Gill sigue siendo el único dirigente de todo el territorio que representa una preocupación para el schiarettismo. El Panal nunca dará por concluida la búsqueda de un acuerdo con él.
