No es un año electoral, pero se avecina uno que sí lo será. Los dirigentes políticos se las arreglan para estar siempre en campaña, tanto oficialistas como opositores, sin distinción de colores de camisetas partidarias. Y en Córdoba, en 2023, estarán en juego el poder provincial y el del municipio capitalino, las dos principales administraciones cordobesas.
En este contexto, los gobernantes de turno se exponen a los tropiezos que puedan tener sus gestiones, que tratan de ser aprovechados por la oposición. Cada uno jugará su futuro político, aunque con horizontes diferentes. Es una regla de la política que atraviesa las fronteras de Córdoba.
Luego de tres mandatos no consecutivos, y por la imposibilidad constitucional de ir por otro, Schiaretti parece decidido a buscar una proyección nacional a la que renunció en 2019, cuando muchos le pronosticaban un futuro promisorio.
El gobernador cuida con rigurosa meticulosidad la buena imagen de su gestión. Sabe que no tendrá proyección fuera de Córdoba si el PJ no retiene el poder, en el caso de que las elecciones provinciales sean antes que las presidenciales.
En ese sentido, el mandatario cordobés analiza hasta el último detalle cada decisión que le puede acarrear un costo político.
Metió una cuña en la oposición cuando se aprobó la polémica ley de juego online. Y está aplicando la misma estrategia para meter marcha atrás en una iniciativa que él mismo había impulsado en 2016: la imposibilidad de las reelecciones indefinidas a nivel municipal y de las pequeñas comunas.
A lo largo de estos 23 años de gestiones consecutivas, en general, el PJ tuvo el respaldo de una porción del radicalismo para lograr sus objetivos. Parece que es lo que sucederá para modificar la ley electoral.
Lo que debería ser todo costo político para el oficialismo en este caso será menguado por una porción de intendentes opositores que asumirán en parte esa factura política por pagar.
Se verá finalmente cómo los cordobeses toman este cambio repentino del schiarettismo, que busca un beneficio electoral al eliminar o al menos postergar la prohibición de reelecciones indefinidas, cuando seis años atrás fueron consideradas por el propio gobernador como una práctica de la vieja política.
El baile del baile
Llaryora, en tanto, gobierna la Capital, donde vive casi el 40% de los cordobeses, aunque su mirada siempre está puesta en el Centro Cívico, más allá de que –ante propios y extraños– baja constantemente el mensaje de que su prioridad es la gestión municipal.
En realidad, lo es. Llaryora tiene claro que un salto al poder provincial sólo podrá darlo desde la plataforma de una muy buena consideración de los capitalinos sobre su administración municipal.
La polémica por el costo del fallido recital del cuartetero Ulises Bueno generó el primer tembladeral político en la gestión del seguro candidato a gobernador peronista.
Los costos políticos de este desaguisado gubernamental habrá que seguirlos en los próximos meses. Los llaryoristas creen que el tiempo será el mejor aliado para que la gente se olvide del tema. Se verá.
Lo concreto es que, por estos días, tanto el gobernador como el intendente capitalino saben lo fino que es el límite cuando hay responsabilidades de gestión y se acerca el momento de las urnas.
En cada campaña electoral, los oficialismos de turno tienen a favor poder echar mano a todas las herramientas que brinda administrar las cajas estatales. Una ventaja importante para enfrentar a la oposición, que suele tener menos recursos y poco para mostrar.
Pero a veces los oficialismos también deben afrontar la cara negativa de tener que gobernar en un clima preelectoral. Llaryora lo sufrió en las últimas horas, pese a que la oposición en la Capital casi no le mostró los dientes.
Schiaretti tiene mucha experiencia de gestión. También tiene casi una obsesión por conocer el humor social a través de las encuestas.
El gobernador mira más allá de los hechos puntuales de gestión. Hoy su preocupación pasa por la crisis económica nacional.
Schiaretti está convencido de que una profundización del malhumor social será un gol en contra para todos los oficialismos, incluso para el PJ cordobés, que tomó distancia desde el vamos del gobernante Frente de Todos nacional.
Desde distintas posiciones y con futuros inmediatos disímiles, Schiaretti y Llaryora padecen en este momento ser oficialistas, una condición a la que supieron sacarle muchos réditos.
A ambos gobernantes peronistas no les queda otra que resignarse a que la memoria de los cordobeses sea corta. Y que no se acuerden de las pálidas cuando el año que viene ingresen al cuarto oscuro. Ni más ni menos.
