La Legislatura de Córdoba abrió este jueves en la Comisión de Seguridad el debate a los proyectos que buscan regular las protestas sociales y sindicales. Hubo representantes de los vecinos y comercios del Centro que se mostraron a favor, mientras que representantes de organizaciones de Derechos Humanos se expresaron en contra.
La legisladora justicialista y presidenta de la Comisión de Seguridad, Nadia Fernández, expresó que se trata del inicio de una mesa de diálogo y que, en esta oportunidad, se debatiría el proyecto del libertario Agustín Spaccesi. Y que en otros encuentros se tratarían las propuestas ya con ingreso parlamentario del justicialista Juan Manuel Cid (que retomó la misma legisladora) y la iniciativa del radical Dante Rossi.
“Este es el inicio de un debate que esperamos esté a la altura de las circunstancias. No se trata desde el bloque oficialista de limitar el derecho a la protesta, pero sí buscar reglas claras para el accionar de la fuerza policial y de la Justicia”, expresó Fernández.
“Lo que venimos a plantear no es una discusión sobre la legitimidad de la protesta social. Eso no está en debate. El derecho a manifestarse es parte constitutiva de una democracia viva, es una forma de participación, de reclamo y de expresión colectiva. Y debe ser protegido”, insistió.
El proyecto de la legisladora se basa en la propuesta de Cid de 2023, la que estableció la modificación del Código de Convivencia y que fija, además, que los manifestantes deberán acordar con la autoridad de aplicación el alcance de la protesta. No podrán ocupar avenidas, puentes ni arterias principales.
Aunque en la reunión, Fernández aclaró que en este primer debate sólo se analizaría el proyecto con estado parlamentario del legislador libertario.
La propuesta de ley de Spaccesi -que es una copia del protocolo aplicado por la ministra Patricia Bullrich-, fue defendida por el mismo legislador, el que insistió en que “no existen derechos absolutos”, por lo que las protestas no pueden impactar en la vida de los cordobeses.
“Es un debate necesario porque no busca confrontar, sino que la ciudadanía que quiere ir al trabajo, que debe moverse en una ambulancia, no quede atrapada. No existen derechos absolutos, sí a peticionar, pero el límite es la paz social, el orden público, que es lo que buscamos preservar”, expresó Spaccesi.
David Boffa, presidente del centro vecinal Centro, expresó el descontento de vecinos y comerciantes por las manifestaciones, las que aseguró complican la circulación. Y recordó que en 2022 concurrieron a la Justicia para pedir una respuesta ante el planteo de los frentistas.
También puso como ejemplo que, ante situaciones de emergencias, las ambulancias no siempre ingresan al área central o lo hacen con demoras debido a los cortes de calles.
Gustavo Tissera, de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba, en cambio, pidió a los legisladores que tengan en cuenta por qué los manifestantes llegan a una protesta, “en muchos casos por mejores salarios o por comida”, por lo que cuestionó a la Legislatura por abrir el debate para cercenar la posibilidad de marchar.
“Siempre a favor de la democracia y todo lo que lo debilite vamos a estar en contra, todo lo que sea contra los derechos humanos. Toda la reglamentación tiene que estar acorde a los derechos humanos, no se puede querer limitar y que tengan que pedir permiso para una protesta. Hay un protocolo que cada vez que lo aplican corre sangre, las manifestaciones no son por un capricho como creen el presidente (Javier Milei) o la ministra (Bullrich)”, expresó.
“Comprendo lo necesidad de los comerciantes de abrir sus negocios, pero a nadie le gusta ir a pasar frío o calor por capricho en una marcha, salen por la necesidad de ser escuchados”, agregó.
“Buscan cercenar la protesta”
También la legisladora de la izquierda Luciana Echevarría dijo que lo que “se busca es cercenar la protesta”.
“Está claro que esta Legislatura retrocede ante este debate. Queda claro que no están buscando garantizar la libre circulación. Quieren cercenar el derecho a la protesta y si no hay media calzada, no les importa... Cómo va a ser lógico que para una marcha haya que pedir autorización al Estado, cuando el 90 por ciento son manifestaciones contra el Estado. Quieren reprimir y encarcelar. Darle más poder a la Policía”, aseguró la legisladora Echevarría.
“Hay que buscar soluciones”
El radical Rossi, del bloque Construyendo Córdoba, explicó que su propuesta intenta delimitar un área del microcentro en el que no puedan realizarse las protestas. Insistió en que se busca que se puedan dar el derecho a manifestarse como a circular, aunque estableció que en su iniciativa algunas calles no estén habilitadas para las marchas.
“Hay que buscar una solución que no sea el protocolo de Bullrich, ni los palos. Tiene que darse una mesa de debate en la que estén quienes sufren los cortes, como quienes los producen”, señaló el legislador radical.
Desde oficialismo, además de Fernández, el legislador Gustavo Tévez defendió el proyecto con cambios en el Código de Convivencia, al advertir que incorpora el impedimento para protestas en puentes, avenidas y vías principales; y multas para los que protesten. Según el legislador, estas sanciones económicas “servirán para resarcir a los comercios afectados”.
“No tienen un plan”
En representación del bloque del Frente Cívico, el juecista Walter Nostrala, adelantó que aún no cuentan con una postura de toda la bancada, pero aseguró que hoy la Policía tiene las herramientas para contener en las protestas. Y cuestionó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien pidió avanzar en “normas más claras” para las marchas, por considerar que “no tiene un plan de acción”.
“Hay que escuchar a todos los sectores... El ministro de Seguridad pide las reglas claras, cuando ya tiene las herramientas, no tiene un plan como ministro para hacer cumplir los derechos”, insistió.
Desde el bloque de la UCR aún no se fijó una postura, aunque se informó que deberán respetarse tanto el derecho de los manifestantes como de los vecinos.
