La dinámica era simple: los ingresos diarios, esos que vienen por goteo de la coparticipación nacional más los recursos propios, suben todos los días, al ritmo de la inflación. Así como se siente en góndola, así lo siente el fisco: Nación, provincias y municipios.
A la hora de pagar sus gastos más significativos, como salarios y jubilaciones, tienen ingresos “a precios nuevos” para pagar gastos arreglados a “precios viejos”. Por caso, una paritaria que aumenta cada seis meses: el mes uno cuesta, pero con las semanas se va licuando porque la inflación hace su trabajo. O las jubilaciones, que ajustan cada tres meses en Córdoba, que se pagaban con dos meses de atraso hasta la última negociación paritaria.
Es lo que la dirigencia política nunca dice en voz alta sobre la inflación: es buen negocio, licua el gasto. Al fin y al cabo, mejora los números. A más inflación, menor déficit fiscal.
Desde la salida de la pandemia y hasta mediados de 2022, los recursos fiscales crecían en términos reales: descontada la inflación, siempre había más plata. El crecimiento real promedió el 11% en ese período. Era para hacer dulce.
Pero en agosto, luego de la corrida cambiaria y la salida de Martín Guzmán, el crecimiento real se desaceleró al 3% promedio mensual. Era negocio todavía, pero ajustado, dado que las medidas del arribado Sergio Massa a Economía desaceleraron la economía.
En diciembre, la ecuación se dio vuelta: se acabó el dulce. En Córdoba, los ingresos cayeron 2% en términos reales y desde entonces vienen a la baja. En abril, la caída real de los ingresos totales fue del 3% y los propios, del 6%.
El problema es generalizado. Nación recaudó $ 2,55 billones en abril. Eso en términos nominales fue 90,3% arriba, pero con una inflación anualizada en el 108,8% arroja una caída real de los ingresos del 8,5%. Así, la racha de malos números se acumula (van cuatro meses consecutivos con caídas reales interanuales) y se agrava, porque la caída se profundiza, de la mano de un parate de la actividad que cada vez se siente más.
Más complicado
Pero a ese cuadro de situación gravoso hay que agregarle tres elementos que aún volverán más complejo este 2023.
Primero, una alta indexación: los gastos más relevantes de las provincias se ajustan ahora todos los meses. No le pasa a Nación porque el gasto social (jubilaciones, asignaciones y planes) se sigue moviendo cada tres meses y no por inflación, sino por la movilidad que sigue la recaudación. Pero sí les pasa a las provincias.
Córdoba, por caso, tiene el 70% de su gasto total concentrado en jubilaciones y salarios. Acaba de arreglar aumentos mensuales del 10% y “cláusula gatillo” si la inflación por caso supera el 40% entre enero-abril o el 50% entre enero-junio. Pagar 10% de aumento salarial al mes con una recaudación que cae al 3% ya encendió todas las alarmas en el Panal. Por ahora hay margen, la pregunta es cuánto.
Los salarios privados, por caso, también ajustan cada vez más rápido, y sólo algunos (Uocra o Comercio) lograron ajustes mensuales, como acaba de arreglar el sector público.
El universo formal privado pasó de cuatro aumentos promedio por año en 2021 a ocho en 2022. La mayoría de las paritarias vigentes se firmaron en marzo o abril y rigen sólo hasta junio, como también acordó en Córdoba. O sea, a mediados de año habrá que discutir otra vez salarios, aunque las elecciones a gobernador en Córdoba –del 25 de junio– ya habrán pasado.
Ese es el segundo elemento por considerar: el deterioro de los ingresos se da justo en un año electoral, lo que les pega de lleno a los oficialismos. La botonera clásica del “plan platita” a nivel nacional y similares en provincias y municipios no está tan a mano porque la actividad económica se enfriará cada vez más: los ingresos caen y se terminó la magia fiscal por efecto de la inflación.
“Estamos entrando en un período de esos en que empeoran los resultados fiscales en provincias, porque vienen con aumentos salariales tratando de alcanzar a la inflación, desde atrás, en momentos en que por la recesión comienza a caer la recaudación en términos reales”, dice Marcelo Capello, vicepresidente del Ieral, del instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea.
“Si a eso se le suma un año electoral, en el que difícilmente el gasto resulte cuidadoso, la consecuencia será que en la mayoría de las provincias este año empeorará el resultado fiscal, cuando venían –en el consolidado– con superávit”, agrega.
El tercer elemento está en cómo seguirá marchando la economía: mal. A la hora de analizar el derrumbe de la recaudación nacional, hay que mirar dos cosas: los tributos vinculados al comercio exterior y los que están relacionados con la actividad. Los derechos de exportación en abril cayeron 75% en términos reales respecto de abril de 2022 y el acumulado en los cuatro meses es del 74% abajo, sin que el dólar soja en abril haya movido la aguja.
En los tributos vinculados a la actividad, el comportamiento es malo, pero no tanto: el IVA DGI desestacionalizado cayó 3,6% respecto de marzo; impuesto al cheque cae al 4% mensual e interanual. Combustibles, otro tributo ligado a la actividad agropecuaria, cayó 37% contra abril 2022. Es sabido que el segundo y el tercer trimestres serán complejos.
“Por el momento, fuera de lo que es el agro, la actividad da la impresión de que se viene sosteniendo y los tributos vinculados a la actividad todavía no se vieron fuertemente impactados por los efectos de la sequía, aunque se comienzan a notar signos de desaceleración y en los próximos meses se sentirán los efectos”, dice Andrés Borenstein, economista de la consultora Econviews.
El combo es completo: economía frágil, sin dólares, inflación creciente, actividad cada vez más enfriada, indexaciones salariales mensuales, recaudación para atrás y elecciones. Como bien dijo el propio Massa: “No nos entra un quilombo más”.
