La Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación admitió este lunes que la Fundación Ruido (elruido.org) sea incluida en carácter de amicus curiae en la causa que tramita el amparo por mora presentado por La Voz del Interior SA contra el Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, en reclamo por el “acceso a información pública vinculada al personal contratado de la Unicameral”.
En la presentación judicial realizada la semana pasada, firmada por el periodista Edgardo Litvinoff, presidente de esta fundación, se precisó que tiene como “única y exclusiva finalidad aportar al Tribunal argumentos relevantes para la resolución de este caso, en lo que respecta a la protección y garantía del ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública en la provincia de Córdoba”.
Y se describió que tiene como objetivos principales: “el fortalecimiento del derecho de la ciudadanía al acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la transparencia política y administrativa”.
A través del patrocinio del abogado Rodrigo López Tais, Litvinoff hizo saber en la presentación que también es interés de Ruido participar en el proceso que surge del entendimiento que “trata de un litigio estratégico, por cuanto su resultado tiene la posibilidad de generar impacto directo en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública, un componente esencial y un insumo insustituible del periodismo de investigación”.
El portal Ruido hizo saber en una publicación de este lunes: “Al negarle la Legislatura datos públicos a La Voz del Interior, entendemos que se encuentran en juego derechos -individuales y colectivos- garantizados por la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de la Provincia de Córdoba”.
También se da cuenta que una investigación de Ruido de 2024, denominada Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos sobre personal y uso de fondos, “en la parte referida a Córdoba se concluía, entre otros puntos, que si bien se informaban los montos destinados a cada programa, los mismos no estaban desagregados, lo que impedía conocer con certeza en qué y cómo se utilizaban”. “También que hay fondos para cada bloque y para pasajes, pero no se pueden saber los montos, o que no hay un listado con nombres de todo el personal”, se describió.
La admisión por parte de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación de Ruido como amicus curiae toma también notoriedad, ya que se trata del primero en la Provincia en un planteo de acceso a la información pública.
Qué es el “amicus curiae”
La figura del amicus curiae (”amigo del tribunal”, en latín) es un mecanismo previsto por la Justicia que permite a personas, instituciones o fundaciones con un interés legítimo en un tema, aportar su opinión o información relevante en una causa, sin ser parte directa del conflicto.
Aunque no tienen poder de decisión, sus intervenciones pueden ayudar al juez a comprender mejor el contexto, los efectos o las implicancias más amplias del caso.
En este caso, la fundación actuará como amicus curiae en el amparo, lo que significa que podrá presentar argumentos técnicos, datos o antecedentes que considere útiles para la resolución del conflicto.
Qué respondió la Legislatura
El miércoles pasado, la Legislatura de Córdoba respondió un pedido de información pública presentado hace un mes por este medio. No obstante, la contestación eludió la mayor parte de las respuestas solicitadas en el marco del amparo por mora que presentó La Voz.
La respuesta fue remitida horas antes de que venciera el plazo de cinco días que había fijado la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación para que la Legislatura “produzca informe sobre el objeto del amparo”.
La Voz solicitó la cantidad de personal de la Unicameral al 31 de diciembre de cada año, desde 2000 a la fecha, con el detalle de planta permanente, contratados y monotributistas. La respuesta sólo incluye la cantidad de contratados al 11 de marzo de 2025: son 1.043 según lo informado. El personal de planta permanente asciende a 389 agentes. No se informó sobre monotributistas porque “la respuesta resulta de imposible determinación” y se afirmó que “no forman parte de la planta de personal”.
Respecto de los contratados, 159 reportan como “asistente funcional” para apoyo administrativo. Otros 884 reportan como asistentes legislativos y su función es la “asistencia parlamentaria”. En ambos casos, se distribuyen en siete categorías distintas.
Los datos históricos que habían sido solicitados para analizar la evolución desde que la Legislatura era bicameral hasta la actualidad no fueron entregados. Se explicó que para el período 2000 a 2005 “no existe documento que contenga la información solicitada”. Para el resto de los años, se remitió a la página de www.cba.gov.ar.
Quiénes sí presentaron
En una nota periodística de La Voz publicada este domingo -en la que se le pidió a cada presidente de bloque de la Unicameral los nombres de los contratados por legislador, se dio cuenta que de 12 bancadas, cinco entregaron la nómina de los asesores cuando fue requerida: UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal y Mejor Futuro (de Gregorio Hernández Maqueda).
Luego se sumó, ya al cierre de la edición, el legislador libertario Agustín Spccessi, quien dijo que informaba los nombres de sus empleados contratados, pero que no había visto en su teléfono con anterioridad el requerimiento periodístico realizado.
El domingo por la mañana, la legisladora de la izquierda Luciana Echevarría se comunicó para pedir la publicación de la lista de sus contratados, la que había entregado días atrás.
Y este lunes, los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta dieron a conocer sus asistentes legislativas.
Con antelación, habían expresado que la información ya estaba registrada en la Secretaría Administrativa, pero no habían entregado el listado con los nombres.
