El conflicto salarial en el Poder Judicial de Córdoba ingresó en un aparente camino sin salida. Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) oficializó este miércoles la reestructuración del escalafón de los empleados judiciales, pero también ratificó la vigencia de acordadas que indican que se descontarán los dìas de paro. El gremio respondió con dureza, ratificando el áspero plan de lucha que incluye asambleas y otra medida de fuerza la semana que viene.
La Asociación Gremial del Poder Judicial (Agepj) cumplió hoy con el primer paro de 24 horas, que, según el sindicato que conduce Federico Cortelletti, tuvo un “muy alto acatamiento” en los tribunales de toda la provincia.
Los empleados judiciales también marcharon en la protesta y manifestación que hoy cumplió la CGT de Córdoba, y junto a varios gremios locales, en la previa al Día del Trabajador.
Precisamente, en medio de la medida de fuerza de hoy, el Tribunal Superior de Justicia, la máxima autoridad del Poder Judicial provincial, publicó el nuevo escalafón para los empleados judiciales, que se redujo de 11 a seis cargos.
Esta denominada “reestructuración”, acordada con el gremio, según el TSJ significará un aumento -promedio- del 12% para los empleados judiciales, sin contar los incrementos que recibirán por el “enganche” con la Justicia federal.
La Corte Suprema de Justicia les otorgó a los empleados judiciales federales un aumento del 1,8% enero, y un 2% mensual para los meses de febrero, marzo y abril. Es decir, 7,8% para los primeros cuatro meses del año, que percibirán los judiciales cordobeses.
Desde el año 2012, los empleados judiciales provinciales están “enganchados” a los aumentos que reciben los jueces y funcionarios provinciales, que a su vez, reciben los mismos aumentos que sus pares federales que decide la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Más allá del anuncio del nuevo escalafón, que es una buena noticia para los empleados judiciales cordobeses, el administrador General del Poder Judicial de Córdoba, Luis María Lanza Castelli –seguramente cumpliendo órdenes del TSJ– recordó que hay distintas acordadas del pasado que están vigentes.
Esto significa que se prohíben las asambleas en lugares de trabajo, y se descontarán las jornadas no trabajadas, es decir, los días de paro.
“Se respeta el derecho de huelga, pero el que no trabaja no cobra. Las asambleas se pueden hacer en el gremio o fuera de los lugares de trabajo, pero no en el Salón de los Pasos Perdidos, que es un patrimonio histórico invalorable”, explicaron fuentes del TSJ, ante la denuncia del gremio de que se prohíbe el derecho a protestar.
Fuentes de Tribunales ratificaron que el TSJ no va a discutir salarios con el gremio en Córdoba. “La reestructuración se hizo con el objetivo de brindar un aumento salarial extra, y que será permanente para los empleados judiciales, pero no se discutirán salarios. Recibirán los aumentos que decida la Corte Suprema de Justicia”, argumentó una fuente con llegada a la cúpula del Poder Judicial provincial.
Por su parte, fuentes del Centro Cívico comentaron a La Voz que el Gobierno provincial aportará este año 600 millones de pesos más, para cumplir con la reestructuración del escalafón para los empleados judiciales provinciales.
Fuentes del TSJ admiten que el salario de los judiciales se deterioró en estos 16 meses de la gestión del presidente Javier Milei, pero también aseguran que la modificación del escalafón es lo último que se pudo hacer para mejorar los ingresos de los empleados judiciales provinciales.
“Es razonable el reclamo de todos los trabajadores, pero lo tienen que hacer frente a la Casa Rosada. En Córdoba no se puede mejorar la situación de la economía nacional”, difundió una fuente judicial, lo que sería la postura de los miembros del Tribunal Superior de Córdoba.
Enérgica respuesta
El gremio de los judiciales respondió con dureza a la amenaza de represalias que publicó el administrador General del Poder Judicial de Córdoba. En realidad, la respuesta fue para el TSJ.
“Con un cinismo y crudeza sin igual en vísperas del Día del Trabajador y Trabajadora en nuestro país, la Administración General por expresa indicación del TSJ ha emitido un repudiable comunicando que, más allá de explicar los términos de la reestructuración de la planta, se ocupa especialmente de hacer trizas el derecho internacional y constitucional de huelga de las y los trabajadores judiciales“, argumentó el gremio que conduce Cortelletti.
“Desde el gremio ya estamos en contacto con nuestros asesores legales para activar las vías legales y políticas en contra de las comunicaciones hoy vertidas por el TSJ. Además, estamos en conversaciones con la Federación Judicial Argentina para avanzar en reclamos a nivel internacional al respecto”, expresó el gremio.
Ante la publicación de las acordadas que están vigentes por parte del administrador General del Poder Judicial, el gremio adelantó para este viernes la denominada “Mesa de lucha” para evaluar los pasos por seguir.
De todas formas, desde el gremio adelantaron que “seguramente” se ratificará el plan de lucha aprobado la semana pasada por una asamblea extraordinaria, que dispuso el paro de 24 horas de hoy, y otro para el viernes 9 de mayo.
La misma asamblea también aprobó otro paro, en este caso de 48 horas, para la tercera semana de mayo.
Según el sindicato, los empleados judiciales provinciales han perdido alrededor de “un 40% del poder adquisitivo, en el último año.
De allí que el gremio considera “necesario”, pero “insuficiente” la modificación del escalafón de los judiciales cordobeses.
El gremio conducido por Cortelletti logró unificar el reclamo con los sectores autoconvocados, que participaron de la asamblea extraordinaria realizada la semana pasada.
En el último mes hubo roces entre la conducción del gremio y los autoconvocados, que exigían medidas de fuerza más contundentes.
Ahora ambos sectores están trabajando juntos en la implementación del duro plan de lucha que aprobó la última asamblea extraordinaria.
En este contexto, el conflicto parece un camino sin salida. El gremio seguirá reclamando aumentos salariales superiores a los que ya otorgó la Corte Suprema, mientras desde el TSJ aseguran que no discutirán salarios.
Protesta de la CGT
Promovida por la CGT nacional, en contra del plan económico del Gobierno nacional, la CGT de Córdoba, y varios gremios cordobeses se movilizaron ayer por el centro de la ciudad de Córdoba, en un acto que terminó frente a la Casa Histórica de los Trabajadores, en la avenida Vélez Sarsfield al 100.
En Córdoba está la CGT Regional Córdoba oficial que tiene reconocimiento de la central obrera nacional, que conducen Rubén Urbano (UOM), Edgar Luján (Camioneros) y Ricardo López (Atsa), y la CGT Córdoba que conduce Hilda Bustos (Gráficos), que hoy se unieron en el reclamo.
En las calles de la capital provincial se vieron columnas de la UEPC (provincial y delegación Capital); el SEP, el gremio de Comercio de Córdoba, judiciales, distintos gremios de la salud provincial, sindicato de Televisión, Cispren (Prensa) y muchos otros sindicatos que salieron a reclamar en contra de la política económica nacional, pero también hubo reclamos para la gestión del gobernador Martín Llaryora.
A nivel local, el Gobierno provincial cerró la paritaria sólo con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), pero aún está discutiendo salarios con el SEP, la Unión Personal Superior (UPS-jerárquicos), y el resto de los gremios estatales provinciales.
