A casi 19 meses del procesamiento de la cúpula de Luz y Fuerza de Córdoba por presunta asociación ilícita, lavado y defraudación al gremio, la Sala A de la Cámara Federal confirmó el fallo de primera instancia, con lo que se complicó la situación judicial de los tres principales imputados y de otros 14 acusados apelantes.
Los procesamientos habían sido dictados en agosto de 2021 por el entonces juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro (jubilado), a partir de la investigación del fiscal N° 2 Gustavo Vidal Lascano (jubilado) y su subrogante, Carlos Casas Nóblega.
La confirmación de la Cámara es el segundo traspié judicial que afrontan el secretario adjunto del sindicato, Jorge Molina Herrera (el “número 2″ de Gabriel Suárez), y el entonces secretario de Finanzas, Fernando Navarro, luego de que en diciembre fueran procesados por supuesta defraudación y administración fraudulenta de fondos de la obra social. En la nómina de procesados en aquella investigación también figura el exinterventor de la obra social, Andrés Adolfo Chianalino, imputado por presunta malversación de caudales públicos.
La cúpula de Luz y Fuerza, más complicada
La reciente confirmación de la Cámara –integrada por Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Ávalos– de los procesamientos de 2021 complica la situación judicial de la cúpula: Suárez, Molina Herrera y Navarro aparecen como jefes de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y defraudación por administración fraudulenta. Suárez fue embargado por $ 10 millones.
Aunque la lista de acusados es más extensa, no todos apelaron, aunque sí la mayoría. Se confirmaron, además, los procesamientos de Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Oscar Fabio Guzmán (asociación ilícita y administración fraudulenta); Roque Daniel Tapia y Yanina Victoria Molina (defraudación por administración fraudulenta); Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza y Cecilia Ivone Pérez (defraudación por administración fraudulenta).
La sala también confirmó los procesamientos de Enrique Lorente, Emilio Ricardo Chaer y Martín López, todos como partícipes necesarios de defraudación por administración fraudulenta, y declaró la nulidad parcial del procesamiento de Juan Bernardo Benito Farías por defraudación por administración fraudulenta (como partícipe necesario), por omitir el juez la conducta achacada al imputado.
El juez subrogante, Sergio Pinto, deberá pronunciarse nuevamente y ordenar medidas para dar con el paradero de Julio Secchi, vinculado a Ampes y acusado por administración por defraudación fraudulenta (no fue indagado aún).
Cheques, terceros y cobros millonarios
La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Lavado (Procelac), a raíz del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos”, desde 2012, por parte de integrantes de Luz y Fuerza.
La investigación se centró en las tres formas de defraudación que se habrían consumado desde el sindicato: mediante el libramiento de cheques a favor del gremio (por parte de la conducción), la firma de cheques a favor de personas jurídicas (con vínculos con el sindicato) y el libramiento a personas relacionadas directa o indirectamente con los imputados.
Suárez, Navarro y Molina Herrera habrían sido los jefes de asociación ilícita, según advirtió la camarista Montesi. “En ejercicio del cargo y las funciones que cumplían dentro del sindicato, habrían conformado un grupo para defraudar a la entidad sindical mediante el manejo de fondos que eran desviados y conducidos a su patrimonio o al de terceras personas”, agregó.
Del análisis de los movimientos bancarios de las cuentas del sindicato en el Banco Nación y en Bancor, desde noviembre de 2015 hasta enero de 2018, surgió que no se habría logrado la trazabilidad de los fondos.
En el caso de Bancor, el 61% del dinero fue retirado en efectivo o a través de cheques de terceros; mientras que en el caso del Nación, el porcentaje llegó al 80%. Eso develó la posibilidad de que esos fondos del sindicato hubieran sido desviados ilícitamente en beneficio de la cúpula.
Suárez, Navarro y Molina Herrera suscribían la totalidad de los cheques. Muchos se libraban en favor del sindicato para cobrarlos directamente o endosándolos (sin poder determinarse el motivo) a los autorizados para su pago: Fidelbo, Galván y Guzmán (declararon que cumplían órdenes de Suárez, Molina Herrera, Navarro y Lozano y que, una vez cobrados, entregaban el dinero a la cúpula o a quienes ellos les indicaran).
Sin embargo, la camarista ratificó el procesamiento de Guzmán, Galván y Fidelbo al considerar que no podía ser simples “cadetes”. “Conocían las acciones ilícitas de las que formaban parte (cobro de cheques endosados a su nombre, recibo de cheques librados a nombre de ellos, entre otras), por lo que es posible afirmar que voluntariamente habrían participado de la asociación ilícita formada para desviar los fondos”, afirmó.
Operaciones sospechosas
Bancor presentó siete Reportes de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF desde abril de 2016 a julio de 2019. En uno de los ROS (abril de 2016) se advirtió que del total de las extracciones en efectivo ($ 32 millones) se verificaron numerosas operaciones por importes llamativamente “redondos”.
Se observó que los cheques eran extendidos a favor, mayormente, de empleados del sindicato, los que a su vez serían endosados y cobrados por terceros (físicos o jurídicos), algunos presuntamente trabajadores del gremio y, en otros casos, personas sin actividad económica. “En general, se desconocía el destino” que la cúpula les daba a esos fondos, según advirtió Montesi.
Otro ROS alertó que las extracciones iban desde los $ 10 mil hasta los $ 50 mil (por normativa del BCRA, no se puede abonar por caja cheques a terceros por más de $ 50 mil). Algunos cheques fueron cobrados por personas que registraban el mismo domicilio y no habrían tenido el poder adquisitivo para percibir esos valores. Los investigadores no pudieron relacionar el vínculo comercial/laboral de tales personas con la actividad de Luz y Fuerza.
Un testigo imprentero declaró que el sindicato “normalmente” fraccionaba “el total de la operación en varios cheques”. Según su versión, el gremio habría solicitado “a los proveedores que uno de esos cheques” fuera “devuelto a ellos a través de un endoso, haciéndose ellos con la suma”. Al monto total de la operación, de acuerdo con su denuncia, además le agregaban una sobrefacturación, obteniendo un valor. Dijo que Molina Herrera y otro hombre le pidieron “que facturara por un valor que era imposible de justificar”.
“La irregular operatoria utilizada por los organizadores de la asociación ilícita para hacerse de dinero en efectivo permite presumir (…) que dichos fondos eran desviados hacia el patrimonio personal de Navarro, Suárez, Molina Herrera y de terceros”, señaló la vocal, que confirmó también el procesamiento por lavado.
Fichas y millones bajo la lupa
Molina Herrera habría comprado para él o terceros no identificados más de $ 13,5 millones en fichas de los casinos de Carlos Paz, Río Ceballos, Villa María y Rosario. No obstante, la suma no guarda relación con sus ingresos, por lo que el fiscal presume que podría provenir de la defraudación. Aparentemente, realizaba apuestas con fichas o dinero, y se retiraba con fichas, pero sin pasar por las cajas públicas. Al parecer, intermediaros realizaban el cambio de fichas. Así habría puesto en circulación legal el dinero ilícito.
“Sin perjuicio de que la defensa alega que pudo tratarse de dinero ganado anteriormente en el mismo juego, no hay elementos que permitan acreditarlo”, dijo Montesi. Mencionó que hay indicios de que el dinero habría salido de los ilícitos contra del gremio: la alta frecuencia de asistencia a las salas (entre 15 y 20 días al mes) y la entrega de fichas a terceros para ser cambiadas por montos inferiores a los $ 50 mil para no ser calificados como “clientes”.
Suárez fue acusado de haber realizado una compra de una propiedad en 2018 por $ 3,1 millones sin poder respaldarlo con sus ingresos. Surgió así el nombre de su pareja, una empleada de Epec y con un cargo en el gremio, quien tampoco habría contado con ingresos suficientes para esa adquisición. El sindicalista, además, habría cambiado su vehículo por una Toyota Hilux, compras que no guardarían relación con su salario.
El fiscal también advirtió inconsistencias entre los ingresos de Navarro y sus bienes, ya que su incremento patrimonial (de 550%) es injustificable, según Montesi.
Al analizar la supuesta defraudación contra el gremio, la camarista destacó que la maniobra fue advertida por los ROS del Bancor en 2016 por las extracciones por montos “redondos”. Por ejemplo, hubo extracciones por $ 50 mil que totalizaron $ 9,2 millones, y otras por $ 20 mil por $ 3,8 millones, además de los cheques librados a diversas personas y a empleados (sin lógica aparente), luego endosados y cobrados por terceros (trabajadores del sindicato o personas sin actividad económica).
En un mismo día se registraban, incluso, gran cantidad de cobros de cheques por montos inferiores a los $ 50 mil, lo cual permitía que pudieran ser abonados por caja y, de esa forma, se perdiera la trazabilidad de los fondos.
En la nómina de imputados también aparecieron presuntos “coleros” (dos empleados de la Provincia, un hotelero y trabajadores o jubilados de la mutual Ampes) que habrían cobrado cheques cuyo dinero luego habrían “retornado” a la cúpula.
Algunas empresas (supuestas prestadoras de servicios de turismo, gráfica u hotelería) habrían endosado cheques a empleados del sindicato o terceros. Hasta un trabajador de limpieza de Luz y Fuerza, Martín López, habría cobrado cheques por $ 700 mil. Parte de ese dinero lo habría endosado a Daniel Lozano, integrante de la Comisión Directiva, quien habría sido utilizado por la cúpula para defraudar al gremio.
Fondo Compensador
Pero en el expediente aparecieron otros actores sindicales: Roque Daniel Tapia (secretario de Previsión Social), Fernando Navarrro (secretario de Finanzas) y Yanina Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social), hija de Molina Herrera, todos procesados por defraudación por administración fraudulenta.
La maniobra defraudatoria habría consistido en desviar los fondos del Fondo Compensador (aportes que realizan Epec y los trabajadores en actividad), dándole un destino diferente del previsto reglamentariamente, perjudicando así a los jubilados y pensionados que debían recibir los fondos. El remanente debía distribuirse entre los beneficiarios con menores remuneraciones.
La defraudación del remanente del Fondo (ejercicio 2014/2015) habría llegado a $ 21,1 millones. En 2015/2016 habría sido de $ 29,3 millones; en 2016/2017, de $ 43,7 millones; en 2017/2018, de $ 50,7 millones, y en 2018/2019, de $ 28,8 millones. En total, los $ 173,8 millones habrían sido destinados para préstamos, gastos, etcétera, de las áreas de Vivienda, Turismo, Cultura y Deportes del sindicato, cuando estaba prohibido hacerlo.
En marzo de 2018, se suspendió el pago a jubilados y a pensionados de manera definitiva. El gremio aprobó un nuevo reglamento que estipuló que el remanente no se abonaría más porque el superavitario se destinaría “a necesidades de compañeros necesitados”. Al darle un destino diferente, los tres sindicalistas habrían consumado la defraudación, procesamiento que fue confirmado ahora por la Cámara.
