El exfuncionario justicialista, exlegislador y exdiputado nacional Oscar González (77; Hacemos por Córdoba) fue procesado por la Justicia federal de Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero e imputado además por supuesta omisión, falsedades e inexactitudes de sus declaraciones juradas, en dos nuevos reveses judiciales.
Oscar González: procesamiento por enriquecimiento y lavado
La novedad se conoció por estas horas en consonancia con el tercer aniversario de la tragedia de las Altas Cumbres, cuando González, al mando de una BMW X1, protagonizó un choque en el que murió la docente Alejandra Bengoa (54) (manejaba un Renault Sandero) y dos adolescentes resultaron gravemente heridas (una quedó parapléjica).
Esa investigación, en la que el exlegislador está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas (ofreció 300 millones de pesos de reparación a las familias de las víctimas), derivó en la denuncia federal presentada por la legisladora Luciana Echevarría. La representante del MST-Fitu cuestionó los traspasos de bienes que González habría realizado a sus familiares luego del siniestro.
Por ese motivo, el fiscal federal N° 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, lo imputó por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado, al advertir “incrementos apreciables y legalmente injustificados” que “no se condicen con la situación patrimonial previa, operaciones e ingresos legítimos declarados por González” y por su entonces esposa, Emma Beatriz Senesi (luego fallecida).
Sostuvo que González, entre 2005 y 2021, se habría enriquecido ilegalmente mientras se desempeñaba como diputado nacional (2001-2005), ministro de Salud de Córdoba (2006-2009), jefe de Gabinete de la Provincia (2011-2013) y presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba (2015-2022).
Figura haber comprado en 2005 un terreno de 1.213,33 metros cuadrados en San Javier por un valor declarado de U$S 135 mil; un departamento de 228 metros cuadrados en 2012 en Torre Ludovico III (barrio Nueva Córdoba de la Capital), por $ 924 mil; otro departamento (en 2014) en el edificio GAP (Nueva Córdoba) por $ 800 mil; dos departamentos en calle Ituzaingó (Nueva Córdoba) por $ 1.050.000 (a nombre de su entonces esposa, Emma Beatriz Senesi, pero que González se adjudicó como propios), y un terreno en Villa Dolores por un valor declarado de $ 4.150.000 (en 2019).
Asimismo, el fiscal le achacó que su incremento patrimonial “pasó de manera injustificada” de U$S 24 mil en 2008 a U$S 68.680 en 2012. Esa suma volvió a incrementarse “injustificadamente”, según la acusación, hasta llegar a U$S 92.158, de acuerdo con lo declarado en 2016. Sin embargo, el mismo valor se mantuvo en su declaración de 2021, a pesar de la incorporación de inmuebles a su patrimonio.
“No justificó la procedencia de su enriquecimiento ni el de la persona interpuesta para disimularlo, toda vez que presentó manifestaciones vagas y genéricas que no explican las incorporaciones a su patrimonio ni mucho menos respaldó el origen lícito de los fondos”, le achacó el fiscal.
Respecto del lavado imputado, el representante del Ministerio Público advirtió que González habría simulado, en algunos casos, y transferido y circulado, en otros, los bienes del supuesto enriquecimiento injustificado.
Al respecto, sostuvo que González actuó con la participación necesaria de Senesi, quien presuntamente no contaba con las condiciones económicas para afrontar tales erogaciones. La mujer suscribió una declaración jurada en la que expuso que los fondos de adquisición provinieron de su trabajo, aunque luego dijo que su ocupación era la de “ama de casa”, sin otra fuente de ingresos declarada.
Para el fiscal, Senesi habría cooperado para adquirir y registrar el inmueble bajo su titularidad, porque de hacerlo González, este habría quedado expuesto ante los controles fiscales y administrativos, ya que al momento de la adquisición revestía el carácter de “persona expuesta políticamente”. Es decir, la operación habría demostrado la supuesta incongruencia patrimonial.
González quedó, asimismo, bajo sospecha por las “donaciones” de ciertos bienes a sus tres hijos (departamentos de Nueva Córdoba) y el terreno de Villa Dolores el mismo día: el 8 de febrero de 2023, es decir, poco más de tres meses después del choque en Altas Cumbres.
Los abogados de González, Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, habían planteado que las “donaciones” del matrimonio González-Senesi fueron motivadas por la disolución de la sociedad conyugal, que no llegó al divorcio por fallecimiento de Senesi. Remarcaron que esas “donaciones” fueron realizadas en el marco del ejercicio de sus derechos de usar y disponer de su propiedad.
El juez Vaca Narvaja (quien había trabado a González un embargo por 424 mil dólares) respaldó la investigación del fiscal y ordenó el procesamiento. El exlegislador continuará con prisión domiciliaria y tobillera electrónica.
“El grado de probabilidad es suficiente para el dictado del procesamiento por enriquecimiento ilícito y lavado”, confiaron fuentes judiciales a La Voz.
El fallo fue apelado por los defensores Ortiz Pellegrini y Ortiz Morán, por lo que la Cámara deberá expedirse ahora.
Nueva imputación a Oscar González
Tras el procesamiento, el exfuncionario clave de los gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti sufrió otro traspié en la nueva causa en la que el fiscal Hairabedian lo investiga por supuestas falsedades e inexactitudes en sus declaraciones juradas.
Hairabedian lo imputó por el mismo delito que originalmente había sido investigado por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino, antes de declinar la pesquisa en el fuero federal al invocar la incompetencia provincial.
El juez citó a indagatoria a González para este viernes, pero la defensa pidió la suspensión, por lo que el magistrado deberá convocarlo más adelante. Este nuevo expediente se acumulará al principal (supuesto enriquecimiento y blanqueo).
Mondino había advertido que mientras González ostentaba el cargo de jefe de Gabinete durante la gobernación de De la Sota, “omitió maliciosamente informar” varios bienes a su nombre en su declaración jurada de 2012, y luego en las de 2016 y 2020, ya como presidente provisorio de la Legislatura.

Para el fiscal provincial, González habría insertado de manera “maliciosa” datos falsos e incompletos (referidos a la valuación de mercado de los bienes), sin especificar además bienes registrados a nombre de Senesi para presuntamente provocar “confusión” sobre la realidad patrimonial.
En referencia a la declaración jurada de 2012, Mondino destacó que 13 terrenos en Villa Dolores fueron declarados por $ 126.979 contra $ 2.687.440 (en total) de la valuación fiscal, es decir que lo declarado fue apenas el 4,7% de la valuación que hizo el Estado, que por lo general es inferior al precio de mercado del inmueble. También se observó que en varios casos asumió el 100% de titularidad de algunos bienes cuando sólo habría sido el dueño en un 50%, ya que el otro 50% correspondía a Senesi.
Respecto de los bienes registrados a nombre de Senesi, Mondino remarcó otras “inconsistencias”. Por ejemplo, figura un departamento de 129,2 m2 en ciudad de Buenos Aires adquirido por U$S 180 mil e informado por un valor de $ 55.388.
Declaración jurada de 2016
En su declaración jurada de 2016, González infomó que aquellos 13 inmuebles estaban valuados en $ 1.201.829 en total, en vez de los $ 9.305.300 (en total) de la valuación fiscal.
Particularmente, Mondino remarcó que González habría sido copropietario del 50% del departamento de Chacabuco 775 al momento de la venta, en 2014. Por el inmueble, informó un valor de $ 13.920, cuando la valuación fiscal de entonces era de $ 1.895.530, es decir que apenas se consignó el 0,73% del valor calculado por Rentas.
Declaración jurada de 2020
En la declaración de 2020, González informó valores de amplia dispersión sobre un terreno en Villa Dolores (uno de ellos fue $ 50 mil, y otro, $ 493.250), contra una valuación fiscal de $ 2.664.014.
No obstante, la mayor dispersión se observa en la valuación fiscal de los 13 terrenos: $ 68.664.788 en total contra los entre cinco centavos y $ 493.250 informados por el exlegislador en sus declaraciones. Según lo hallado por Mondino, por un departamento en Nueva Córdoba el exfuncionario declaró un valor de $ 924 mil, cuando la valuación de Rentas era de $ 17.382.183.
Otros hechos que se investigaron
En su momento, González había sido procesado como presunto “depositario infiel” de la BMW asignada por el Tribunal Superior de Justicia, porque al momento de su utilización la habría utilizado para fines personales y no para actividades del Poder Legislativo. Sin embargo, la Cámara Federal consideró finalmente que no hubo delito.
También quedó bajo la lupa por los bolsos que llevaba en la camioneta y que una familiar retiró tras el siniestro. Se presumió que contenían dinero supuestamente destinado al pago de deuda de socios de la cooperativa serrana Cemdo, antes de las elecciones en esa institución para apoyar a “un candidato de González”. Pero el fiscal Hairabedian pidió el archivo de la investigación por inexistencia de ilícitos.

























