A casi dos meses del escándalo en la Legislatura de Córdoba por el nombramiento de una empleada “fantasma”, después de que el exconcejal justicialista Guillermo Kraisman intentará cobrar el sueldo de esta asesora legislativa, se conoció el nombre de la legisladora que firmó el ingreso de la agente.
La Voz tuvo acceso al expediente en el que la vicepresidenta de la Legislatura, la legisladora justicialista y referente del PJ capital, Nadia Fernández, dio de baja el 8 de enero el contrato de Virginia Elizabeth Martínez. En ese documento legislativo se puede ver la firma de Fernández, además de la del secretario Administrativo, Sebastián Rossa. Su alta se había dado en diciembre pasado.
Esta información no había sido dada a conocer por las autoridades de la Legislatura, aunque desde hace varios días dentro del mismo bloque oficialista señalaron a Fernández.
Este jueves fue la misma legisladora quien dijo en diálogo con La Voz que aportó pruebas a la Justicia y que “no hubo ocultamiento” de información. “No hay ánimo de ocultar nada, siempre en mi persona prevaleció y con mi equipo llegar a fondo y dejar que el proceso judicial y que el fiscal trabaje tranquilo. Siempre estuvimos a disposición de la Justicia. No hubo una empleada fantasma”, dijo la legisladora que aseguró que ella misma pidió la baja del contrato de Martínez.
Desde su entorno se conoció que la agente legislativa debía cumplimentar con horarios de trabajo y documentación que no facilitó a la Legislatura, por lo que se dio la baja del contrato. Esa baja ocurrió días antes de que Kraisman se presentara en una entidad bancaria supuestamente para cobrar el sueldo de Martínez.
El escándalo salió a la luz después de que una empleada bancaria advirtiera que el exconcejal intentara retirar el sueldo de la “empleada” legislativa.
Fue a mediados de enero cuando Kraisman quedó aprehendido por personal policial en el momento en el que supuestamente intentara retirar un millón de pesos de la sucursal de Banco de Córdoba, de la avenida 24 de Septiembre al 100, en barrio General Paz. En ese momento el exfuncionario municipal se encontraba con una mujer, Luciana Castro, y habría buscado llevarse el dinero presentando un DNI de otra persona.
Según los datos que inicialmente aportó la Unicameral, Martínez fue “asignada a trabajo en comisiones” con una escala salarial como asistente legislativa nivel 3 y un sueldo de 878.361 pesos. El millón de pesos que intentó cobrar Kraisman en su nombre correspondería al salario de diciembre y al proporcional de medio aguinaldo y vacaciones. En el expediente de baja que se conoció, Martínez prestaba servicios para el bloque Hacemos Unidos por Córdoba.
Una vez conocido el caso, se informó desde la Legislatura el número del personal contratados (1.072), y se obligó a quienes a estén en una relación contractual a presentarse en el Poder Legislativo a pedido de la vicegobernadora, Myrian Prunotto, para acreditar el vínculo laboral.
Además, la vicegobernadora Prunotto, autoridad máxima de la Unicameral, informó que cada legislador tenía habilitada su firma para contratar personal.
Sin embargo, desde enero a esta parte no se conoció públicamente quién había permitido el ingreso de Martínez.
A partir del hecho sucedido en el banco es ahora el fiscal Anticorrupción Franco Mondino quien investiga una tentativa de estafa y defraudación a la administración pública. También está imputada por el mismo delito Castro, la mujer que acompañaba a Kraisman.
En el recinto
El escándalo de la empleada “fantasma” tampoco pasó desapercibido ayer en la Legislatura provincial en el momento que se daba el debate legislativo. En los pasillos legislativos hubo oficialistas y opositores que aseguraban que el contrato había sido firmado por Fernández. Aunque también hubo parlamentarios justicialistas que insistieron que Martínez sí se prestaba a cumplir tareas en la Legislatura. Los más críticos reconocieron que la figura de Kraisman “ensucia a los legisladores”.
“Los legisladores que no somos de la Capital por qué tenemos que cargar con este tema”, confió un oficialista.
Desde el entorno del exconcejal se hizo saber que fue el mismo Kraisman quien solicitó que se “abra” su celular para que se conocieran las conversaciones que mantenida. Aunque también se evidenció el enojo con algunos dirigentes del PJ. “Ahora le soltaron la mano”, se quejaron y adelantaron que el exconcejal “está dispuesto a hablar”.
El escándalo anterior de Krainsman
En septiembre de 2024, Kraisman también se vio involucrado en otro escándalo cuando se retiró de un supermercado de la Capital con fiambres ocultos entre sus pertenencias que no habían sido abonados, según la acusación.
En aquel momento, Kraisman era director de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos de la ciudad de Córdoba. Al verse envuelto en aquel escándalo, que derivó en una detención e imputación, fue removido de su cargo a pedido del intendente Daniel Passerini.
Amparo sobre contratados de la Legislatura
Por otra parte, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación admitió el amparo por mora presentado por La Voz del Interior SA contra la Vicegobernación de Córdoba. El recurso fue presentado el viernes pasado, vencido el plazo legal para la respuesta de un pedido de información pública que había sido presentado el 12 de febrero a la máxima autoridad de la Legislatura de Córdoba, la vicegobernadora Myrian Prunotto.
Los datos que solicitó La Voz se relacionan con la cantidad de empleados que tiene la Legislatura. Sobre todo, se pidió información respecto de la cantidad de contratados, sus nombres y su distribución entre los bloques y los legisladores provinciales.
