El destino de la “ley ómnibus” se enrarece con el correr de las horas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desistió de sesionar esta semana ante la falta de acuerdos sobre varios artículos y ahora apunta al martes, mientras recrudecen las amenazas por parte del Gobierno si se rechaza el proyecto.
La Libertad Avanza logró firmar el dictamen de mayoría en la madrugada del miércoles con apoyo del PRO y parte de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero más de la mitad de las firmas (34 sobre 55) fueron en disidencia parcial, es decir, con reparos hacia algunos puntos.
A eso se sumaron dos dictámenes alternativos firmados por la Coalición Cívica, por un lado, y la socialista Mónica Fein y la bonaerense Margarita Stolbizer por otro. Todas fueron señales de alerta que marcan que varios artículos todavía no están acordados y hasta podrían caer en la votación en particular.
Acorralado por esta realidad, Menem aceptó posponer la sesión y no descarta que el dictamen sufra más cambios para evitar una seguidilla de fracasos que terminen transformando el proyecto en una cáscara vacía. “Siempre el recinto está abierto a más modificaciones. Si hay voluntad, después se refleja”, afirman en el entorno del titular de la Cámara.
Las negociaciones se trasladaron este miércoles a las afueras del Congreso, porque el Palacio se vio rodeado por la movilización de la CGT. Hubo al menos dos reuniones secretas con diputados “dialoguistas” donde participaron Menem, su mano derecha “Lule” Menem, el secretario Parlamentario de la Cámara, Tomás Figueroa, y también Federico Sturzenegger.
En la UCR y Hacemos Coalición Federal presionan para ver plasmados en el proyecto que se someterá a votación los pedidos de gobernadores de Juntos por el Cambio. Uno de los principales es la coparticipación de lo recaudado por el blanqueo de capitales. “Si no está eso, explota la sesión”, aventuró un legislador.
Otro tema crucial es la demanda para cubrir el déficit de las cajas previsionales no transferidas por 13 provincias (entre ellas Córdoba) antes de pasar al Tesoro los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, como propone el Gobierno. El tema, al igual que el resto de los pedidos de las provincias, no quedó incluido en el dictamen.
En el bloque de Pichetto, donde están representados los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) redactaron una contrapropuesta para no liquidar el FGS, pero si no se concede, buscan asegurarse que la ANSES regularice los giros automáticos a las provincias y que también se garantice el pago a jubilados por juicios “iniciados y ganados”.
Fuentes de la UCR y Hacemos Coalición Federal explicaron que las modificaciones no llegaron a materializarse en el dictamen por falta de tiempo. Algunos confían en que los cambios serán oficializados durante la sesión. De lo contrario, la oposición podría imponer sus votos para voltear los artículos con los que no esté de acuerdo y aprobar su propia versión.
El corazón de la ley pasa por la suba de retenciones (entre 4.000 y 5.000 millones de dólares totales) y los cambios en la movilidad jubilatoria, con la complejidad del empalme entre la fórmula vigente, que regiría hasta marzo, y la nueva que se propone a partir de abril, con ajuste mensual por IPC.
Alertado sobre ese riesgo, el ministro de Economía, Luis Caputo, recalentó el clima con amenazas en las redes sociales. “El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”, advirtió.
Luego, subió la apuesta y avisó que están trabajando en “delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”.
El jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, no tardó en salir al cruce de Caputo. “No tuvo la valentía de venir al Congreso. Tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”, lamentó.
También rechazó las expresiones el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo. “Si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley”, sentenció, y agregó que “los ministros no son votados por la gente y están a disposición de decretos o de juicio político”, a diferencia de los gobernadores.
La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría con 21 firmas de propios y aliados, a las que sumó 17 del PRO, ocho de la UCR (Martín Tetaz, Lisandro Nieri, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Roberto Sánchez, Soledad Carrizo, Martín Arjol y Pamela Verasay), cuatro de Hacemos Coalición Federal (Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge e Ignacio García Aresca) y tres de Innovación Federal (Carlos Fernández, Agustín Domingo y Yamila Ruiz).
También sumó un aliado extra, el tucumano Agustín Fernández, otro que firmó en disidencia. Horas después, el diputado, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, abandonó el bloque presidido de Unión por la Patria para formar uno propio, llamado “Independencia”, junto con sus pares Gladys Medina y Elia Mansilla.
Jaldo se había mostrado conforme con los cambios que hubo en la “ley ómnibus” para el limón y el azúcar, dos economías clave para la provincia. Puntualmente, el gobernador celebró las retenciones cero para exportaciones de limón y la marcha atrás con el artículo que derogaba la Ley del Azúcar, sobre aranceles para la importación.
