La gravedad de la crisis económica y política que por estos días envuelve al Gobierno nacional provocó que comiencen a repetirse las versiones sobre la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones presidenciales de 2023.
Según esas versiones, echadas a rodar por políticos y dirigentes de diferentes sectores partidarios, sería una forma de permitirle zafar de esta complicada coyuntura a la administración actual, y de que un nuevo gobierno, legitimado en elecciones, pueda hacerse cargo de realizar las transformaciones necesarias.
“Elegir un gobierno apto”
Sorpresivamente, los llamados más encendidos a que se recorte el mandato de Alberto Fernández, que debe extenderse hasta el 10 de diciembre de 2023, provinieron de exponentes del propio peronismo.
El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno desde fines de 2021 insiste en que “hay que adelantar las elecciones y elegir un gobierno que sea apto”. El exfuncionario, muy crítico de la administración actual, sostuvo que “el gobierno no es apto, el Presidente no es apto. Hace cualquier cosa desde hace dos años. Creo que hay que cambiar el gobierno dentro de los marcos institucionales”.
Hace algunas semanas el exvicepresidente de Carlos Menem y exgobernador de Buenos Aires Carlos Ruckauf pidió “adelantar las elecciones” para “buscar una solución de cara a la decisión popular” debido a la complicada situación económica que sufre la Argentina. Para apoyar su postura, puso como ejemplo que “muchos gobernadores e intendentes van a adelantar las elecciones en las provincias el año que viene para despegarse del gobierno”.
“Tenemos un sistema presidencialista con un presidente que no ejerce el presidencialismo. Estamos ante una situación muy complicada, donde los propios integrantes del oficialismo están enfrentados. ¿A qué vamos a someter a los argentinos en medio de tantas discrepancias por 18 meses más? Es una pesadilla”, argumentó.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, usó una imagen peor para pedir el recambio presidencial: “El que trajo al borracho, que se lo lleve”, expresó en una entrevista televisiva, en referencia a la elección del candidato que hizo en 2019 la vicepresidenta Cristina Fernández.
Esta semana la cuestión también fue abordada por los principales dirigentes de la coalición Juntos por el Cambio, que coincidieron en no ventilar públicamente esta posibilidad e insistir en que, cualquier negociación sobre el futuro del gobierno, sea realizada de manera institucional en el Congreso.
“Esto es una confusión grave”
¿Es posible adelantar las elecciones presidenciales? El constitucionalista Antonio María Hernández respondió a La Voz que existe “una grave confusión entre la gente, que no entiende, no conoce ni se imagina cómo funciona este tema”.
“El tema –continuó Hernández– es bastante sencillo. La Constitución establece claramente cuál es la solución: si el Presidente renuncia, asume la vicepresidenta hasta terminar el mandato de cuatro años, en diciembre de 2023. Esto no se puede modificar, salvo que existan circunstancias excepcionales para que el Congreso tenga que tomar alguna decisión en ese sentido”.
“Si la vicepresidenta también renuncia, así sí estaríamos frente a un escenario de acefalía, y debe aplicarse la Ley de Acefalía. Se tiene que reunir la Asamblea Legislativa y debe elegir a alguien para terminar el mandato, que puede ser un gobernador o un legislador nacional. Pero la ley no habla de llamar a elecciones anticipadas”.
“Llamar a elecciones anticipadas y acortar el actual mandato presidencial -continuó Hernández-, ya no es decisión de la Asamblea, es por ley. En ese caso las dos cámaras del Congreso, independientemente, tienen que hacer la convocatoria para elecciones en función de lo que dice la ley 25.682, aprobada en noviembre de 2002″
Según el constitucionalista cordobés, “la gente habla de adelantar elecciones porque muchos suponen un escenario similar al de 2001, pero eso fue algo absolutamente excepcional. No veo motivo por el cual, en este caso, haya que repetir esa instancia. Este es un debate sorprendente y propio de la decadencia argentina, del bajo nivel de nuestro debate público”.
El reconocido constitucionalista Gregorio Badeni, fallecido en 2020, al analizar lo ocurrido en la crisis de 2001, criticó la actuación que tuvo la Asamblea Legislativa (la reunión de senadores y diputados nacionales) en diciembre de aquel año.
De Alfonsín a De la Rúa
Cuando el presidente Fernando de la Rúa presentó la renuncia a fines de 2001, como no había vicepresidente desde la renuncia de Chacho Álvarez el año anterior, asumió el presidente provisorio del Senado, Ramón Puerta. Luego una Asamblea Legislativa convocó a elecciones presidenciales para marzo de 2002, y el presidente elegido tendría mandato hasta diciembre de 2003.
La decisión de “la Asamblea Legislativa –dijo Badeni, en un trabajo publicado en julio de 2002– era cuestionable constitucionalmente porque estableció un nuevo sistema electoral para el que no estaba facultada y, al haber nombrado presidente a Adolfo Rodríguez Saá hasta abril de 2002″ se apartó de la Ley de Acefalía vigente.
Antonio María Hernández señaló que la Constitución y la Ley de Acefalía son claras, “pero nadie sabe lo que puede ocurrir en un país que está al margen de la ley. Entonces, no hay certezas, porque vivimos de emergencia en emergencia. La idea de un llamamiento anticipado a elecciones, si lo decide una Asamblea Legislativa, sería otra enorme anomalía no prevista por la Constitución. No debería hacerlo, no debería ocurrir, sería algo absolutamente anormal”.
Comentando otras circunstancias políticas excepcionales que vivió el país, como la entrega anticipada del mandato que hizo el presidente Raúl Alfonsín por la crisis de 1989, Badeni había señalado que “no advertimos en los protagonistas el particular apego a las leyes propio de una convivencia democrática consolidada”.
