La Cámara Federal reabrió la causa contra el expresidente Alberto Fernández para determinar si prolongó de manera innecesaria la cuarentena por Covid-19 por razones políticas.
La Sala I, con las firmas de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, revocó el sobreseimiento dictado por la jueza María Servini y ordenó continuar con el trámite de la pesquisa, al hacer lugar a la apelación del fiscal federal Carlos Stornelli, según lo informado por La Nación.
Según el tribunal, la decisión de cerrar el expediente fue “prematura”: las pruebas reunidas “resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativa” y debe agotarse la investigación.
La causa se abrió a partir de declaraciones del exministro de Economía Martín Guzmán, quien sostuvo que “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno” y que, por ello, “la extensión de las restricciones sanitarias fue más larga de lo que debió haber sido”.
Los posibles delitos investigados son abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Qué resolvió la Cámara y qué falta investigar
El tribunal hizo lugar a los planteos de Stornelli, quien cuestionó que se hubiera concluido en una “certeza negativa” de inexistencia del hecho.
Los camaristas remarcaron que no es posible soslayar la postura del Ministerio Público Fiscal (de primera instancia y de Cámara) sobre la necesidad de agotar todos los medios para esclarecer los hechos.
Entre las falencias señaladas, la Cámara advirtió aristas inexploradas. Por un lado, se mencionó que el Gobierno contrató estudios de “medición del humor social, valoración de la gestión y nivel de acuerdo con el plan económico”, pero sus resultados no fueron incorporados al expediente.
Por otro, no se realizó el análisis comparativo regional pedido por la fiscalía sobre extensión, evolución y conveniencia de las medidas de aislamiento, con el fin de contar con un parámetro objetivo que permita acreditar o descartar la hipótesis.
El ministerio de Salud indicó que no contaba con informes de ese tipo y la Directora Nacional de Epidemiología manifestó no poder responder por no haber ejercido funciones en el lapso analizado.
Para la Cámara, “existen extremos fácticos que aún no han sido suficientemente investigados”, por lo que revocó el cierre y ordenó realizar las medidas de prueba pendientes.
La defensa de Fernández había pedido confirmar el sobreseimiento. Argumentó que Guzmán dijo que sus frases fueron sacadas de contexto y que “en pandemia todas las decisiones son de salud pública”.
Sostuvo, además, que las medidas probatorias solicitadas por la fiscalía eran inútiles, y que las restricciones se tomaron tras escuchar a un comité de epidemiólogos, psiquiatras y gobernadores, con trámite administrativo cumplido y aprobación legislativa.
También admitió la existencia de estudios de humor social, al señalar que “todos los gobiernos acuden a encuestas para medir el impacto de sus políticas”.
