Paciencia, enojo, resignación. Así podría resumirse el sentir del campo respecto de la gestión de Javier Milei, a casi un año de su asunción.
Es que la promesa de bajar retenciones para 2025 no se va a cumplir y se quejan de que el Gobierno libertario ni siquiera es abierto a discutir algún mecanismo que le saque al sector la pata de encima y entienda la gravedad de la coyuntura macro que atraviesa.
“Se votó a un gobierno que decía que los derechos de exportación son el peor impuesto y que lo iba a eliminar, después nos dijeron que cuando se pueda y ahora ni nos tienen en cuenta”, se queja Gabriel de Raedemaeker, ex vicepresidente de CRA y de Cartes.
La queja medular está en que el superávit fiscal del Gobierno se asienta en un impuesto que el propio gobierno considera distorsivo y que no registra la pérdida de competitividad que afecta al agro.
“Desde Ucrania hemos tenido una caída del 50% en el precio de los granos y somos el único sector productivo que tiene un tratamiento impositivo diferencial respecto de otros sectores de la economía. No nos quejamos del atraso cambiario que todos los exportadores se quejan, nosotros pedimos que nos equiparen al dólar que perciben otros sectores”, agrega. La soja en lo que va del año perdió 25% y, en términos reales, el precio es el más bajo de los últimos 18 años.
Diferentes entidades vienen rumiando el malestar. No tienen contacto oficial ni extraoficial con equipos del Gobierno y hacen catarsis colectiva sobre los reclamos no atendidos, aunque todos reconocen que la Libertad Avanza sigue gozando del apoyo del productor. “Del 1 al 10, el apoyo sigue siendo 9”, reconoce De Raedemaeker. “Y mientras siga en pie Cristina seguirá siendo así”, admite.
“El productor es un votante de Milei a quien no me animo a ponerle voz, lo que sí puedo decir es que está en un combo de rentabilidad muy malo: precios bajos y sin perspectiva de que levanten, incluso eso empeoró con la elección de Trump, porque si fuerza la paz en Ucrania le quitará presión alcista a los granos”, dice Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios.
“Este es un gobierno que no atiende cuestiones sectoriales, la macro manda”, remarca.
El “combo” es complejo: inflación en dólares, tipo de cambio está apreciado, brecha (en baja, pero presente), tasas varias que imponen los municipios y costos altos en dólares. “No me imagino un campo confrontativo, pero evidentemente está afrontando una situación de rentabilidad no mala, malísima”, dice, y sostiene que el nivel de apreciación cambiaria es igual a de 2015, al término de la gestión de Cristina. Lo peor, considera Ordóñez, es que “no está en la mesa de discusión el darle rentabilidad al campo”.
Y ése es el “dolor” del sector, que se siente ninguneado y poco reconocido, con declaraciones incluso ofensivas del jefe de Gabinete Guillermo Francos -que cuestionó las silobolsas “llenas”- y del ministro de Economía, Luis Caputo, que mandó a un productor por X a quejarse en tres años, cuando haya elecciones.
“Hay que tener un reconocimiento al sacrificio que hacemos, diferenciándonos de otros sectores que no tienen la misma carga impositiva”, insiste el productor De Raedemaeker.
¿Qué hacer?
Las entidades agropecuarias siguen presionando para una reducción de retenciones. Rechazan propuestas del tipo alícuota cero para el excedente de producción promedio, porque entienden que eso sería convalidar el 33% de alícuota vigente sobre la soja.
También reclaman la revisión de regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego. Para el 2025, se prevé que el gasto tributario ahí equivalga al 0,2% del PBI, sin contar el sobrecosto que paga el consumidor por comprar productos caros.
La mitad se explica por la liberación del IVA para compras y ventas y el resto por las exenciones de ganancias, derechos de importación y la alícuota reducida de impuestos internos. Si bien el peso del régimen llegó a ser 0,5% del PBI en 2013, ese 0,2% es relevante. “Es un quinto de las retenciones, es decir: si le sacamos a Tierra del Fuego sus exenciones podríamos sacarle seis puntos a la soja, no es un detalle, estamos discutiendo plata de verdad”, señala Ordóñez.
Las entidades del campo entienden que el “gesto” del Gobierno debiera ser dejar en cinco puntos las retenciones al trigo y maíz (están en 12%) y bajar 10 puntos las de soja, que están en 33. Ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Francia ni Australia, competidores de Argentina, tienen retenciones. Hoy los derechos de exportación representan el 17% del total de la recaudación de la gestión Milei.
El punto más crítico de las retenciones es que no se adaptan a la capacidad de pago del contribuyente: es un porcentaje fijo que se descuenta directamente del precio que recibe el productor, con independencia de un año bueno o malo o el precio de los cultivos.
En el Congreso hay 10 iniciativas al menos para bajar retenciones, pero ninguna propone con qué compensar la pérdida de recaudación.
El Ieral de Fundación Mediterránea, que conduce Osvaldo Giordano, elaboró una propuesta de eliminación de retenciones sin alterar el equilibrio fiscal. “Los productores reclaman algo justo, pero que el Gobierno no les puede dar. Es difícil acordar ante posiciones muy radicalizadas, porque si querés todo, es nada”, dice Giordano.
De hecho, Mauricio Macri les concedió un esquema de reducción de retenciones que no pudo sostener y hasta revirtió. “Hay que darle instrumentos al otro para poder salir”, remarca el ex ministro de Finanzas de Córdoba.
El Ieral propone una baja generalizada e igual para todos los productos, por etapas. Sugiere que en la primera se reduzcan un tercio todas por igual, para dar tiempo “a la recuperación de la recaudación de otros impuestos y a la reconversión productiva que inducirá la eliminación de las distorsiones en los precios relativos que generan actualmente las retenciones”. Considera que se debe evaluar si en el cronograma de reducción todo debe tender a cero o se mantienen alícuotas reducidas para determinados productos primarios, para promover su industrialización.
“Si eliminás las retenciones, generás de inmediato un aumento de la producción porque se amplía la frontera agropecuaria, más campos se vuelven rentables y se incorpora más tecnología e inversión”, dice Giordano. Ese movimiento económico compensaría una porción de la recaudación perdida se recupera de forma automática vía Impuesto a las Ganancias y otros tributos vinculados a la actividad económica.
Hay trabajos que estudiaron lo sucedido en 2016 que concluyeron que el 67% de la recaudación perdida por la eliminación de las retenciones en tiempos de Macri se recuperó con la mayor recaudación de otros impuestos del sistema.
El Ieral propone que lo que no se compensa de inmediato con más actividad se cubra eliminando la exención que tiene los inmuebles rurales en el Impuesto a los Bienes Personales, más un mecanismo para actualizar las valuaciones.
“Si se gravasen los Inmuebles Rurales al 80% de su valor de mercado, con las condiciones estructurales del Impuestos sobre Bienes Personales para 2025, se podrían generar ingresos equivalentes entre 25% y 30% de la recaudación de retenciones que aportan esas provincias”, dice el trabajo.
Este es el punto que no les cierra a las entidades rurales, aunque en el Ieral sostienen que tienen que hacer números, porque les convendría esto y no seguir con las retenciones.
El problema es que las retenciones no se coparticipan y los impuestos que van a aumentar, sí, por eso es que el Ieral insiste en que la ley disponga que ese recupero debe ir a la Nación y no a las provincias, como son hoy los derechos de exportación.
