“¿Está de acuerdo con reformar la Constitución de la Provincia para cambiar la actual Legislatura de dos cámaras con un total de 133 miembros por una sola cámara con un máximo de 70 legisladores?”. Esa fue la pregunta que, por “sí” o por “no”, los cordobeses debimos votar en julio de 2001, cuando el gobernador José Manuel de la Sota impulsaba cambios que, después se vio, poco tenían que ver con el declarado objetivo de bajar el gasto de la política.
“Los cordobeses le dijimos que sí a una nueva política mucho más austera; le dijimos que sí a una nueva Legislatura más ágil, más moderna y más económica; le dijimos que sí a una rebaja del costo político”, celebraba el mandatario horas después el contundente triunfo del “Sí” en el referendo.
Por ese entonces, la Legislatura contaba con 133 legisladores, entre senadores y diputados, y con 1.476 empleados, de los cuales dos tercios eran efectivos de planta y el resto, contratados. También por ese entonces, De la Sota encaraba la primera reforma de fondo del sistema previsional cordobés: elevó la edad de retiro a cambio de una pasividad anticipada, lo que permitió a casi 25 mil agentes públicos retirarse conservando las condiciones originales de jubilación.
Así, la Legislatura se achicó a mil empleados totales, y así se mantuvo en promedio en 2002, en 2003 y en 2004. Pero desde 2005, sin pausa, volvió a agrandarse, al punto que hoy hay 1.043 contratados, 389 efectivos y un número “no identificado” de monotributistas. El “no identificado” es textual de la respuesta de la Legislatura a La Voz, cuando contestó un amparo judicial luego de no responder dentro del plazo legal el pedido de acceso a la información pública.
Es decir, hoy –sin contar los monotributistas, lo que en sí es inaceptable que no se pueda conocer su número–, con 1.432 empleados, la Legislatura sería igual de grande que antes de la reforma hecha para bajar el gasto de la política y habría crecido 43% desde el punto más bajo al que se llegó después del enorme esfuerzo fiscal que significó pagar la pasividad anticipada.
La automotriz Iveco tiene 700 empleados y la planta de Fiat, 1.600. Es decir que la Legislatura usa fondos públicos para mantener en marcha el equivalente a una megaempresa, y encima se niega a difundir la nómina de las personas contratadas. No hay que perder de vista la génesis del escándalo: un puntero político intentó cobrar por ventanilla del Banco de Córdoba el salario de una contratada que luego aseguró que jamás pisó la Legislatura. ¿Cuántos casos más habrá?
¿Por qué tanta reticencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto, que inexplicablemente se tomó vacaciones en pleno escándalo y a un mes de iniciado el período ordinario de trabajo? ¿Qué hay de grave ahí como para que el Gobierno se resista pagando el costo que implica contratar un millar de personas y no poder explicar para qué?
Interrogantes
Hay varias preguntas para hacerse. La primera es para qué semejante ejército de asesores. Aun los legisladores que difundieron su listado informaron que cuentan con cinco o seis cada uno, mínimo, más otros asignados en comisión, más algunos monotributistas. ¿En serio? ¿Para haber sesionado semana de por medio en 2024?
Una microempresa es la que tiene de uno a nueve empleados. En la Argentina, hay 532 mil y representan el 98% del total de las firmas empleadoras en el país. Es decir que cada legislador cordobés tiene a su cargo una mipyme, con la diferencia de que no se hace mala sangre si se vende o no, ni tiene que pagar el 931: los contribuyentes pagan; la Legislatura liquida.
Lo segundo por decir es que el personal que se desempeña en la Legislatura de verdad no tiene sueldos altos: hay 590 que perciben menos de $ 500 mil al mes; 752 que ganan entre $ 500 mil y un millón de pesos, y sólo 86 están entre un millón y $ 1,4 millones, según datos a diciembre de la Caja de Jubilaciones. Es decir que el 51% está (o estaba al cierre de 2024) con ingresos que no cubren una canasta básica. ¿Un experto en bosque nativo, en fertilización, en sistema electoral, en estructura impositiva, en la cadena agroindustrial, trabajaría por ese dinero? Los asesores debieran ser eventuales y específicos, acorde al tema requerido.
La otra posibilidad es que esa presunta asesoría no sea tal. Que sean cargos para retribuir favores, acomodar militantes y mantener vivo el espíritu de cuerpo de quienes estuvieron alguna vez en el poder y luego se fueron.
El punto es que, si no trabajan, gratis son caros. Si no son asesores, si no llegaron ahí por concurso, se presume que reciben una especie de becas que no demandan ninguna contraprestación (o algo mínimo) y que dan acceso a cierta cobertura de salud, a aportes y a cuenta bancaria.
Pero se sospecha que todos tienen que dejar un diezmo. O el 20%. Es más, un conocido exlegislador se quedaba con las tarjetas de débito de sus “asesores”: les retiraba del cajero su peaje el día de pago y luego les devolvía las tarjetas. Igualito que Chocobar.
¿Qué más puede haber? ¿Los “hijos de”? Se sospecha que políticos desde medio pelo en adelante han puesto a hijos, a cuñados, a yernos, a nueras y a varios etcéteras más. Ya sabemos todos que hay eso, pero poner en evidencia la angurria de algunos por ubicar a los propios sería un escándalo.
También se dice que están todos los intendentes a quienes se les negó la “re-re”: fue la manera de “compensarlos” que encontró la política por no haberles permitido que se perpetuaran en sus cargos.
Pero, paradójicamente, lo más grave de que se conozca la lista “verdadera” (porque a estas horas se trabaja a destajo para depurarla) es que aparezcan muchas Viviana Martínez entre los contratados. Es decir gente que, sin saberlo, es empleada del Poder Legislativo y que alguien en su nombre firmó, abrió una cuenta en el Banco de la Provincia y cobró. Ese es el verdadero escándalo que la Legislatura busca tapar. Un ejército de NN que financiaron los agujeros más oscuros de hacer política en la provincia.
