- Mientras avanza el trámite, la Municipalidad de Córdoba fue condenada en una causa judicial que comenzó con Giacomino.
Los negocios vinculados al inconcluso edificio del Concejo Deliberante no dejan de sumar ceros. Esta vez, la Municipalidad de Córdoba fue condenada por la Cámara Séptima en lo Civil y Comercial a restituirle a la empresa Oresti SRL cuatro terrenos aledaños donde se emplaza la estructura abandonada de la sede legislativa.
Este pleito generará, además, una cifra que se estima millonaria a favor de los abogados del todavía dueño de esos lotes.
En el intrincado expediente judicial que comenzó en septiembre de 2015, esa condena se solapó con el inicio del trámite de expropiación de esos lotes donde Oresti proyectaba hacer varias torres. Esa expropiación fue ordenada por el intendente Martín Llaryora, que promete finalizar esa obra que define como un "ícono del abandono".
Ante este cruce de expedientes hay un impasse en la Justicia hasta que la Municipalidad formalice la oferta para poder tomar posesión de esos terrenos que fueron ocupados ilegítimamente por la comuna desde 2011, según determinó la Justicia.
Fuentes con acceso al expediente administrativo de la expropiación señalaron a La Voz que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia fijó en "aproximadamente" 500 millones de pesos la indemnización que le correspondería a Oresti SRL por el despojo de sus tierras en el expredio del Mercado de Abasto.
Sin embargo, el Palacio 6 de Julio apeló esa cifra. En el borrador que manejan los abogados de la Municipalidad, aparece como número probable para esa compensación unos 400 millones de pesos.
Para evitar un nuevo pleito, la Municipalidad ofertaría un 10 por ciento más, llevándola a unos 440 millones de pesos. Busca así un acuerdo prejudicial.
Es decir que, para acceder a los terrenos declarados de utilidad pública, la ciudad deberá depositar en efectivo entre 440 y 550 millones de pesos, de acuerdo con estos números preliminares. El depósito judicial debe ser en moneda contante y sonante.
Honorarios
A esa cifra se agregan los honorarios de los abogados de Oresti, que deben ser afrontados por la Municipalidad que fue condenada. Para ese cálculo, que debe realizarse en el Juzgado Civil y Comercial de 30ª Nominación, será determinante en cuánto se fije la indemnización a Oresti. Fuentes con acceso al expediente advierten que en un escenario optimista los honorarios regulados rondarían otros 95 millones de pesos.
En 2018, la Municipalidad había ganado la primera instancia de este juicio cuando el juez rechazó el planteo de Oresti SRL, quien reclamaba que se le reintegraran sus terrenos que habían sido ocupados por la comuna capitalina para depositar vehículos remolcados.
Pero, en septiembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 7ª Nominación revocó el fallo y condenó a la Municipalidad a restituirle a esa empresa los lotes que Oresti había comprado a la comuna tras pagar 12,6 millones de pesos en 12 cuotas.
Como se recordará, en un “creativo” esquema de financiación para realizar la sede del Concejo, en la gestión de Daniel Giacomino se convino que la Municipalidad le debía pagar al empresario de la construcción con el dinero que este le entregaba por la compra de los terrenos adyacentes, donde proyectaba levantar torres.
Tras el fallo que la condenó, la Municipalidad, que ya había avanzado en la decisión de expropiar esos terrenos, no se quejó ante un tribunal superior, por lo que quedó firme.
Como al momento de la condena Llaryora ya había firmado el decreto de expropiación, la Municipalidad presentó en diciembre ante el juzgado un escrito en el que solicitaba la suspensión de la sentencia mientras se consolida la indemnización y avanza la expropiación.
Uno de los abogados del empresario, Diego Zárate, confirmó que aún no fueron notificados de la resolución del Tribunal de Tasación, que fijó el monto compensatorio en 500 millones de pesos, ni de la apelación que formalizó la comuna.
Una vez que esté consolidado ese número, Oresti evaluará si acepta la oferta del Estado o si el precio que entiende que vale el predio es superior e inicia un juicio de expropiación. A su favor tiene el cálculo de la Dirección de Planeamiento: en esos terrenos podría haber desarrollados 43.370 metros cuadrados, aunque el acuerdo finalmente se cayó. En contra, que el monto que se ofertaría es similar (en dólares) a los que él desembolsó en largas cuotas.
Dos juicios más
En paralelo, Oresti reclama ante el fuero Contencioso Administrativo la nulidad del decreto a través del cual se paralizó la obra .
De acuerdo con este planteo judicial de Oresti, en palabras del abogado Zárate, la comuna “incumplió con la entrega de los planos originales del Concejo Deliberante”, lo que derivó en que la obra no pudiese avanzar. Al mismo tiempo, la Municipalidad habría dejado de pagar certificados consolidados por tareas hechas por la empresa que originalmente ganó la licitación (Sadic), valores que fueron transferidos a Oresti.
“La Municipalidad imputa a Oresti falencias en la obra del Concejo, pero aquellas no son propias, por lo que para corregirlas era indispensable contar con los planos que no fueron entregados a Oresti, lo que impidió el avance. Ante esto, la Municipalidad rescinde el contrato y le imputa responsabilidad a Oresti. Entendemos que la responsabilidad era de la comuna”, dice Zárate.
Este trámite se encuentra “abierto a prueba” y se superpone con un tercer expediente: la Municipalidad impuso a Oresti multas y cauciones por el incumplimiento de la obra, sanciones que de acuerdo con la empresa van a contramano de la secuencia de los hechos narrados en el párrafo anterior.
Ante el mapeo de los juicios actuales y los posibles, surge como pregunta cuál será el monto final que pagará la ciudad por el terreno donde se levantará la sede del Concejo Deliberante. Quienes desde la Municipalidad siguen de cerca las negociaciones derivadas de los expedientes anticipan que, si la comuna es condena en todas las instancias, será una cifra millonaria. Varias veces millonaria. Para empezar, y con una perspectiva optimista, deberá desembolsar más de 500 millones de pesos para ser legítima dueña del terreno.
Los negocios vinculados a la construcción del concejo
2006, primer proyecto tras el incendio
Tras el incendio del edificio donde funcionaba, en octubre de 2005, la Municipalidad realizó un concurso de proyectos para levantar el Concejo en los predios del ex Mercado de Abasto. Ganó el estudio Mariano Faraci, Iván Kustich y Juan Barrionuevo. Un año después, la empresa Sadic ganó la licitación y comenzó la obra. Al mismo tiempo, se sancionó una ordenanza que permitió vender el lote donde están los galpones con la condición de que ese dinero se invirtiera en la obra.
2008, la obra se suspende
En julio de ese año, la Municipalidad decidió paralizar los trabajos por cuestiones económicas. En 2010, Sadic cedió el contrato de la obra a Oresti, que a su vez compró el predio de los galpones y una fracción de la manzana del Concejo por 12,6 millones de pesos. Ese dinero se tenía que usar para la obra. En 2010, la Municipalidad y Oresti acordaron la entrega de la posesión de los lotes. En septiembre de 2011, la Municipalidad quedó como “tenedora por 30 días” de los terrenos.
2012, comienzan los problemas con Oresti
Oresti pagó la última cuota por el predio, pero en 2012 la Secretaría de Desarrollo Urbano consideró que la cancelación de la obligación fue efectuada fuera de los plazos fijados en el decreto 2.590/10 y que, por ende, se adeudaban intereses. La Municipalidad había cercado el predio e impidió el ingreso de Oresti. El 1º de septiembre de 2015, el empresario inició las acciones judicial en las que reclamaba la restitución de los predios que había comprado.
2018, primer fallo “favorable” a la comuna
El fallo de primera instancia fue dictado en agosto de 2018 por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 47ª Nominación. El magistrado no hizo lugar a la demanda de reivindicación de los cuatro terrenos promovida por Oresti en contra de la Municipalidad. Se trató de una victoria parcial: el juez no puso en duda que Oresti fuera el legítimo propietario, pero cuestionó que la acción fuera una “restitución”; es decir, cuestionó la vía procesal elegida por el empresario para recuperar los terrenos.
Deberá pagar por la expropiación
En septiembre del año 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 7ª Nominación revocó la sentencia de primera instancia y condenó a la demandada (Municipalidad) a restituir dichos inmuebles a Oresti. Una vez que el fallo de cámara quedó firme, la causa ingresó en el Juzgado en lo Civil y Comercial de 30ª Nominación para cumplir con la etapa de ejecución de sentencia. Esta ordena la restitución de cuatro terrenos a la empresa Oresti SRL, libres de ocupantes.
Otra vez la Justicia destacó la “mala fe” del accionar municipal
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación consideró que la Municipalidad de Córdoba violó el principio de buena fe en el marco del extenso juicio por los terrenos colindantes al de la nueva (e inconclusa) sede del Concejo Deliberante, que les fueron despojados a su propietario, el empresario Roberto Oresti.
No es la primera vez que la Justicia provincial señala que durante la gestión del exintendente Ramón Mestre la comuna capitalina actuó de mala fe o con desidia en contratos millonarios. En esta sentencia, la expresión “buena fe” aparece 14 veces, en todas junto al reproche de los pasos que daban los abogados del municipio.
El expediente de los terrenos del nuevo Concejo Deliberante tiene dos fallos contrapuestos: en el primero, el juez les dio la razón a los funcionarios municipales, y rechazó el reclamo de Oresti para que le devolvieran sus terrenos.
La Municipalidad sostenía que la demora en el pago de las cuotas hacía caer el acuerdo por lo que el desarrollista debía perder la posesión de los loteos. El planteo medular de la Municipalidad era que “la entrega efectiva y material (de las parcelas) no había existido”.
Pero, en la apelación, los vocales María Rosa Molina de Caminal y Jorge Flores revocaron el fallo y le dieron la razón al empresario.
Para esta conclusión, confirmaron que el 11 de junio de 2010 la Municipalidad acordó con Oresti “la entrega de la posesión” de los predios del ex Mercado de Abasto.
Luego, el 22 de septiembre de 2011, es decir pocos días antes de que Daniel Giacomino dejara el Palacio 6 de Julio, ambas partes acordaron que la comuna aceptaba ser la “tenedora por 30 días” del “terreno ajeno”.
Esa situación, se recuerda en el expediente, se extendió durante toda la gestión Mestre y lo que va de la administración Llaryora, hasta la sentencia que le ordenó a la comuna devolvérselos a Oresti, situación que convive con el trámite de expropiación.
En una parte central de la condena, los vocales le reprochan a la Municipalidad “el haber continuado cobrando las cuotas convenidas como parte de pago (...), haberle exigido el pago de tasas municipales desde que (Oresti) detentara la posesión, para luego impedir el contacto de (Oresti) con el inmueble (...), revela un obrar contrario al derecho que no puede ser cohonestado (dar apariencia razonable cuando no lo es), máxime cuando se trata de un ente estatal cuya conducta debe evidenciarse correcta en todo momento”.
Fuentes de la Municipalidad justificaron la decisión de no recurrir en queja a un tribunal superior pese a tener la primera instancia ganada: consideraron que los argumentos de la cámara son sólidos, con lo cual sólo se habría prorrogado el trámite de expropiación y engordado los honorarios de los abogados que intervienen en el largo proceso.
Promesa de licitar y de retomar la obra
Llaryora ratificó el lunes que terminará la sede del Concejo.
Promesa reiterada. En su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el lunes el intendente Martín Llaryora ratificó que en el transcurso de su gestión ese cuerpo legislativo tendrá su edificio terminado. La actual gestión intentó primero llegar a un acuerdo con la empresa Oresti y finalmente optó por la expropiación de las dos manzanas completas del ex Mercado de Abasto. Para concretar esa operación, deberá primero "cerrar" el millonario frente judicial que se inició desde 2015 y que suma causas en torno del fallido edificio.
Licitación. El lunes Llaryora indicó que se avanzará en la licitación de los trabajos para la finalización del edificio, con el objetivo de que las obras comiencen este año.
El intendente denomina a ese edificio de bajada Alvear como “ícono del abandono”, la misma categoría en la que ubica al teatro Comedia, también devorado por las llamas. El Concejo Deliberante se quemó en 2005, durante la gestión de Luis Juez, cuando funcionaba en oficinas alquiladas en el Garden Shopping. En 2006 comenzó el proceso hacia la sede propia.
