En el Centro Cívico cordobés respiraron aliviados este miércoles, cuando se confirmó que el conflicto policial en la provincia de Santa Fe había llegado a su fin. Durante los casi dos días que duró la tensión en Rosario, la preocupación fue inocultable en la administración que encabeza Martín Llaryora.
La sensibilidad del oficialismo provincial frente al tema está más que justificada. Los 12 años transcurridos desde el diciembre negro de 2013, que golpeó de lleno a los cordobeses de la Capital, marcan el momento más cercano en el que el peronismo estuvo al borde de perder el poder. Aquella crisis hizo tambalear como nunca antes al luego fallecido José Manuel de la Sota.
El radical Maximiliano Pullaro no es un gobernador más para Llaryora. Es, de hecho, su principal aliado político a nivel nacional. Provincias Unidas –el proyecto de centro pensado como una alternativa tanto al mileísmo como al peronismo K– es producto de esa alianza, que sigue vigente.
Apenas estalló el conflicto, Llaryora se puso a disposición del mandatario santafesino. Tanto fue así que la Provincia envió a Rosario un helicóptero de la Policía, equipado con luces y cámaras para patrullaje nocturno, que fue utilizado para escanear la situación desde el aire. Aunque resulte llamativo, la provincia de Santa Fe, castigada durante años por el narcotráfico y una criminalidad que recién en los últimos dos años comenzó a ceder, carece de esa tecnología.
Una solución con historia
“Malestar en la Policía no hay, pero siempre quieren cobrar más”, repiten en el Centro Cívico al describir el clima interno de la fuerza cordobesa. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, mantuvo contacto diario con su par santafesino, Pablo Cococcioni. El seguimiento fue casi en espejo: mientras Rosario atravesaba las horas de mayor tensión –donde se concentró el grueso de la protesta–, Quinteros se dedicó a mapear la situación de la fuerza en Córdoba.
Además del diálogo con los jefes policiales de toda la provincia, hubo un monitoreo permanente de la actividad en grupos de WhatsApp vinculados a distintos estamentos de la fuerza. No se activaron alertas. Ni siquiera cuando circularon versiones sobre presuntos contactos de punteros de partidos opositores que habrían sondeado el clima en la base policial a través de familiares y/o personal retirado.
La explicación que ensayan en la Provincia para esa tranquilidad está directamente ligada a la escala salarial. Aun con varios componentes no remunerativos, el salario promedio de los “azules” cordobeses se ubica por encima del de cualquier fuerza de seguridad del resto del país. Si se toma el promedio general, sumando todas las categorías, los uniformados locales perciben casi el doble que sus pares santafesinos. Tras el nuevo acuerdo, esa brecha se reducirá, aunque sin cambios significativos.
Ese liderazgo salarial que exhibe Córdoba es, en buena medida, consecuencia de los incrementos obtenidos por la fuerza tras la crisis política de diciembre de 2013. En el Ministerio de Seguridad admiten, sin embargo, que aquella mejora generó un problema interno: el achatamiento de la pirámide salarial. Los jefes cordobeses no figuran entre los mejor pagos si se los compara con sus pares de otras provincias. “Estamos trabajando en eso”, aseguran cerca de Quinteros, sin adelantar precisiones.
La variable más sensible
En la administración llaryorista existe plena conciencia del nivel de sensibilidad e importancia que tiene el área de seguridad para la gestión. Por fuera de las variables económicas, se trata de la principal demanda ciudadana. El miedo a salir a la calle sin saber cómo se va a volver –o si se logrará hacerlo– es una sensación de la que no se regresa, y que resulta letal para cualquier administración cuando se instala. Llaryora y Quinteros lo saben.
Por eso, durante su discurso de apertura de sesiones en Laboulaye –en los tramos en los que no apuntó contra la oposición–, el gobernador desplegó una batería de anuncios con un hilo conductor claro: el combate a la inseguridad.
En el Centro Cívico están convencidos de que un traspié en esta materia sería letal para las aspiraciones oficialistas de retener el poder el año próximo.
Esa convicción guía las decisiones del gobernador. El lunes pasado, en una entrevista con La Voz en Vivo, Llaryora adelantó que la fallida compra de drones y nueva tecnología para la Policía –frenada por la mayoría juecista en el Tribunal de Cuentas– se concretará de todas maneras. Aunque evitó precisar bajo qué modalidad se ejecutará, todo indica que será una vía que deje al Tribunal al margen, una decisión que seguramente volverá a encender críticas desde la oposición.
Desde hace mucho tiempo la seguridad dejó de ser sólo una política pública para convertirse en una variable de poder. Es el terreno donde se mide la autoridad del gobernador y donde se define buena parte de su margen de maniobra política. Un desborde, una señal de debilidad o la pérdida del control de la calle tendría efectos inmediatos sobre la gobernabilidad y sobre el proyecto político del oficialismo. Lo sabe Llaryora. También la oposición.
