El jueves podría ser uno de los días más negros para la gestión de Javier Milei. La oposición buscará aprobar en el Senado, discusión reglamentaria mediante, una batería de proyectos que apuntan al corazón del plan fiscal del gobierno libertario, entre los que figuran las dos iniciativas de gobernadores para recaudar fondos y la mejora de las jubilaciones.
En una reunión informal entre Victoria Villarruel y jefes de bloque, José Mayans, líder de Unión por la Patria, y otros representantes de la oposición, como el radical fueguino Pablo Blanco, ratificaron su intención de sesionar el jueves a las 14. No habrá pedido ni convocatoria formal, ya que, según explicaron los participantes, será una sesión ordinaria y como tal puede celebrarse cualquier miércoles o jueves.
El ordenamiento de la sesión se definirá el mismo jueves a las 10, en Labor Parlamentaria. Si la oposición reúne el quórum (se necesitan 37 presentes), Villarruel ingresará al recinto para presidir el debate. Pero se abrirá entonces una fuerte discusión reglamentaria, porque sigue sin saldarse una discordia por la validez de los dictámenes que firmó la oposición la semana pasada, sobre jubilaciones y emergencia en discapacidad.
Sucede que Unión por la Patria, con ayuda de dos senadores de la UCR y una del PRO, hizo una jugada audaz y firmó dictámenes sobre los proyectos en una reunión “autoconvocada” de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que nunca fue citada por su presidente, el oficialista Ezequiel Atauche.
Villarruel, a través del secretario Parlamentario de la Cámara, Agustín Giustinian, invalidó los dictámenes. Por eso, La Libertad Avanza exigirá que sean aprobados con dos tercios de los votos, como si nunca hubiesen pasado por comisiones. Para buena parte de la oposición, en cambio, pueden aprobarse con mayoría simple, es decir la mitad más uno.
¿Podrán imponer esa postura? ¿Cómo se saldará la discusión? ¿Con qué mayoría se interpretará el reglamento? Las preguntas aún no tienen respuesta y en el Senado hay quienes no descartan que la cuestión se termine judicializando. Un ribete inesperado que le daría aire a Milei a la hora de los vetos.
La agenda de la sesión es explosiva para el presidente, que con solo seis senadores propios tiene escaso margen para resistir las ofensivas opositoras. Se tratarán en total seis proyectos de ley, más la insistencia de la norma vetada por Milei que declaró la emergencia por las inundaciones en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.
Al tope del temario figuran los proyectos de gobernadores para coparticipar los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y redistribuir el impuesto a los Combustibles Líquidos. Los mandatarios provinciales, que acaban de hacerle el vacío al presidente en el acto por el Día de la Independencia en Tucumán (del que el presidente se bajó), se muestran decididos a ir a fondo.
Como los proyectos no tienen dictamen de comisiones, se necesitarán dos tercios (48, si están los 72 presentes) para habilitar el tratamiento sobre tablas. Pero la oposición puede alcanzar fácilmente ese número: hasta el PRO y la UCR, socios del oficialismo en el Congreso, suscribieron a las iniciativas, que son impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.
En cuanto a las jubilaciones, los proyectos aprobados en Diputados buscan, por un lado, recomponer los haberes en un 7,2% y aumentar el bono a $110.000; y por otro, restituir la moratoria previsional. Otro punto del temario será la declaración de la emergencia en discapacidad para actualizar las prestaciones y ordenar un sistema en crisis.
La oposición también quiere resistir el veto del presidente a la ley que declaró la emergencia en Bahía Blanca. Milei, que ya había destinado una ayuda de $200.000 millones, rechazó la norma porque implica aún más erogaciones, pero los senadores anti oficialistas quieren insistir. Necesitan para eso dos tercios de los votos.
Por último, figurará en el listado de temas un proyecto del radical Maximiliano Abad para defender las acciones de YPF ante el fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó la entrega del 51% a los fondos que ganaron el juicio por la expropiación. La iniciativa busca ratificar el artículo 10 de la ley de reestatización, que establece que para las transferencias de acciones se necesita el aval de dos tercios del Congreso.
