Por diferentes caminos, el verano cordobés nos ha renovado una imagen que tiene que ver con las severas deficiencias estructurales en la prestación de los servicios más elementales que están a cargo de la Provincia: salud, educación y seguridad.
Son situaciones que se arrastran desde hace mucho tiempo y que, en la mayoría de los casos, afectan a los sectores más vulnerables, a los que el Estado supuestamente dice proteger.
Las primeras escenas del largo juicio oral y público por la muerte de bebés en el Neonatal mostraron cómo funciona (o al menos funcionaba hasta hace poco) una parte del sistema de salud pública en Córdoba.
Más allá de la cuestión medular del juicio, que es determinar las responsabilidades penales por cinco muertes y ocho lesiones, los testimonios de arranque hablan de condiciones precarias en las que se prestaban los servicios obstétricos y el abusivo desigual tratamiento que recibían las mujeres de menores recursos y bajos niveles de instrucción en la atención de ese hospital provincial.
Probablemente, el megaescándalo que representó aquella sucesión de muertes de recién nacidos en 2022, sobre cuyo esclarecimiento fehaciente y definitivo hay severas dudas, haya implicado cambios en la atención.
Hoy el Gobierno se ufana de la calidad del sistema público aunque los reclamos ciudadanos persisten, especialmente en el interior, que ha sufrido un desequilibrio en función de la concentración de recursos en la Capital. El episodio del planteo hecho por la Municipalidad de Villa Carlos Paz para cobrar sus servicios a no residentes dejó al descubierto las condiciones de prestación en instituciones como el hospital provincial Domingo Funes.
Embanderados
Otro escándalo tuvo una impensada derivación. En las primeras horas de 2025, se conoció el millonario gasto de la Legislatura en una singular partida de cortesías y homenajes, por la que las autoridades legislativas y los parlamentarios de diferentes bancadas se permitían gustitos varios y dádivas de tinte proselitista con recursos públicos.
El caso que derivó en una denuncia penal tiene una gama de rubros pero uno bastante abultado, como el de las banderas. La difusión de la erogación de más de $ 80 millones en compras de banderas a un solo proveedor y la asignación de 10 banderas de mástil y ceremonia para escuelas por legislador generaron sorpresa.
La principal es por qué el Ministerio de Educación de la Provincia no se ocupa de entregar los elementos necesarios para la actividad escolar. Y saltó así todo tipo de testimonios de integrantes de comunidades educativas de diferentes lugares de la provincia revelando la escasa y nula provisión de materiales.
Esta semana, el Gobierno provincial hizo anuncios sobre entrega de materiales para escuelas. Inesperadamente, el “Cortesiasgate” le había impactado.
Más presos
Mientras los vecinos siguen poniendo la inseguridad como su principal preocupación, en apenas dos semanas de 2025 ya hay al menos tres policías presos. Se suman a una larga lista de uniformados en prisión de diferentes rangos y por diversos delitos.
Una cabo acusada de participar en una banda narco y dos policías ebrios que casi matan a unos chicos inocentes abrieron la lista de este año. Con una explicación cada vez menos consistente, que es argüir que es un mérito no encubrir a delincuentes dentro de la fuerza policial, sin reparar que tomar el camino contrario es un delito.
Ese debate sobre seguridad discurre sobre senderos bastante diferentes. Mientras la conversación ciudadana alude a impunidad, inacción, zonas liberadas, el Gobierno apuesta más a acciones de efecto.