En un fallo cuyo impacto político aún resulta prematuro medir, el Tribunal Federal Oral 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. El tribuna condenó a la Vicepresidenta de la Nación, al encontrarla culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, aunque la absolvió por el cargo de “asociación ilícita”. Es la primera vez que se condena a un vicepresidente de la Nación en ejercicio.
El TOF 2 dio a conocer este martes a tarde el veredicto en el llamado “juicio de Vialidad” e informó que el 9 de marzo se conocerá el fallo completo. Media hora después de conocida la condena, desde su despacho en el Senado, habló la Vicepresidenta: se dijo víctima del “Partido Judicial”, denunció un entramado de funcionarios judiciales, políticos opositores y empresarios de medios, dijo que “la condena real es la inhabilitación” que se le impuso y anunció no será candidata en 2023 para ningún cargo.
Desde el edificio de Comodoro Py, la sentencia fue leída a las 17.30 por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, a quien acompañaron los otros integrantes del tribunal, Jorge Gorini y Andrés Basso. Los fiscales, las defensas y los acusados, siguieron la audiencia por Zoom. Afuera se dispuso un fuerte vallado policial, aunque hubo pocos manifestantes, dado que el kirchnerismo no convocó a movilizarse.
El primer punto del fallo fue el rechazo a los planteos de nulidad de las defensas. Después pasaron a leer cada una de las sentencias. Cuatro de los trece acusados, entre ellos, Julio De Vido, fueron absueltos.
El TOF2 castigó a Cristina Fernández de Kirchner con la mitad de años de prisión que pidieron los fiscales Luciani y Mola: solo seis años, igual cantidad que al empresario patagónico, Lázaro Báez, y al exsecretario de Obras Públicas, José López. La inhabilitación para ejercer cargos públicos le fue impuesta a los condenados.
Los jueces también impusieron el decomiso entre los condenados de más de 84 mil millones de pesos: ese fue el cálculo estimado sobre el “perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas”, según dijeron los jueces en el adelanto de los fundamentos que se difundió al rato de informado el veredicto.
Según trascendió en tribunales, los fiscales apelarán el fallo en disconformidad con las penas resueltas por el TOF2. El juez Andrés Basso fue el único del tribunal que votó por hallar culpable a Cristina Kirchner del delito de asociación ilícita.
La sentencia quedará firme cuando se agoten las instancias de apelación, con la Corte Suprema como última instancia. Es por eso que, en el plano judicial, hasta que no haya una sentencia firme, Cristina Fernández de Kirchner queda habilitada para ser candidata en 2023, más allá del renunciamiento anunciado este martes.
En su descargo (más político que jurídico) expresado desde su despacho en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner interpretó: “El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos”, dijo la Vicepresidenta.
Gran parte del discurso fue usado para leer los chats del grupo de jueces, funcionarios del gobierno porteño y gerentes de medios, que trascendieron este fin de semana, y equiparó este incidente con el proceso judicial que terminó con la condena en su contra. “Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, denunció.
“Mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, informó el TOF2 en el adelanto de los fundamentos.
El tribunal aclaró que no se juzgó “la decisión” de los gobiernos “de implementar una gestión de desarrollo vial favorable para la Provincia de Santa Cruz, ni la oportunidad, mérito y conveniencia de esa política pública”, sino que “el análisis” se remitió “a la forma en que se ha implementado esa política pública”.
El tribunal consideró que las obras viales de Santa Cruz “fueron sistemáticamente adjudicadas” al grupo Báez, “cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
Sobre la asociación ilícita, el tribunal entendió “que no se encuentra configurado el requisito típico objetivo vinculado a la pluralidad de planes delictivos”. Se calificó de “un hecho inédito en la historia del país”, que el grupo Báez siguió “órdenes expresas” del Poder Ejecutivo Nacional.
