¿Usted conoce al comisario de su barrio? ¿Sabe su nombre, al menos? ¿Y sabe cuál es la unidad judicial que le corresponde a su domicilio? ¿Quién es el fiscal que está a cargo? ¿Cuál es la función de esa unidad judicial, además de tomar una denuncia?
Una enorme mayoría ciudadana no tiene idea. No sabe ni dónde está ni cuál es el peso institucional que esa unidad judicial representa.
En marzo, en la toda la provincia se registraron 12.373 denuncias por hechos delictivos, según el Observatorio de Seguridad y Convivencia. Dos tercios del total fueron delitos contra la propiedad. Además, la Policía intervino por su cuenta en 3.958 ocasiones, lo que arroja en promedio la módica suma de 11 intervenciones por día.
Para el 71% de los consultados, la principal preocupación ciudadana es la inseguridad; lejos, ahora, le sigue la inflación. Es la piedra en el zapato de los gobiernos, la razón del enojo cotidiano de la gente, que se endiabla ante la inoperancia de quienes gestionan y la impunidad que garantizan quienes deben juzgar a los aprehendidos.
Martín Llaryora ensayó un plan B para luchar con ese flagelo. Un flagelo que no es mortal (la tasa de homicidios es baja en Córdoba), pero que hace vivir el día a día con el Jesús en la boca. Lo despuntó cuando era intendente y lo plasmó en la ley 10.594 cuando asumió como gobernador: las guardias urbanas. Se trata de civiles que van de a dos en autos ploteados a tal fin, recorriendo los principales corredores de la ciudad. En Capital hay 70 móviles ya; en teoría, las 24 horas.
Pero la iniciativa no camina y el dato manda. El 40% de los cordobeses juzga como malo el accionar de la Guardia Urbana y 24% cree que esta funciona regular.
Fue una apuesta personal de Llaryora que hoy se le está volviendo en contra. Las críticas son variadas: que no hacen más que pasear; que van hablando por teléfono; que cómo civiles escogidos a dedo van a estar monitoreando lo que hacen otros civiles; que cuando sucede un episodio de inseguridad severo no hacen más que llamar al 911, como hace cualquier vecino, o que se declaran incompetentes en la mayoría de los hechos de inseguridad que suceden en la ciudad.
Hay vecinos que les han tomado fotos mientras llevaban chicos a la escuela. O durmiendo arriba del móvil. La percepción es que han servido para acomodar a militantes que ya no se pueden poner en las estructuras de gobierno, sea por falta de plata o porque no hay más lugar.
Problemas
El problema de la Guardia Urbana es triple: por un lado, no se dispuso que el concurso fuese obligatorio, por lo que son numerosas las sospechas de los vecinos que advierten que quien está arriba de un auto entró por acomodo. Como monotributista, probablemente, pero cobrando 500 mil pesos que muchos hoy codician. Es un clima de época distinto a los 25 años en los que gobernó el peronismo cordobés: todo peso que gastan los estados es auscultado sin piedad por la opinión pública.
El segundo problema es que fueron creadas con el firme objetivo de colaborar con la disuasión y prevención del delito, incluso con la posibilidad de utilizar armas no letales. Después, mucho después, aparecía esto de la convivencia urbana.
“Gracias por ayudarnos a enfrentar a la delincuencia”, decía Llaryora en febrero del año pasado, cuando nombraba los primeros municipios que adherían a la ley. Hoy son 311 los intendentes que se sumaron y la Guardia Urbana está presente en 109 ciudades y pueblos. Emplea a 1.800 agentes. Alta Gracia, por ejemplo, nombró a 45 agentes para ese fin y destina 50 millones de pesos mensuales.
El tercer punto, crucial, es que la seguridad es una competencia de la Provincia, ejecutada por agentes de Policía, con formación y facultades específicas. La Guardia Urbana puede ser un apoyo, quizá un disuasivo, pero a un precio carísimo. Nota al pie: ¿no hubiese sido más eficiente poner esos móviles y esos civiles, como acompañantes, en la misma fuerza policial?
Por supuesto que son útiles para mejorar la convivencia urbana, pero la piedra en el zapato acá es la inseguridad. Se nos quema la casa y los ejecutivos municipales decidieron empezar a pintar la puerta.
Parece que Llaryora tomó nota de ese temprano fracaso. Adaptó el proyecto de las fiscalías territoriales del Ministerio Público Fiscal, con las fiscalías de flagrancia que le vienen prometiendo hace dos años, y ahora hará coincidir las autoridades policiales con el fiscal en una misma unidad judicial. Hoy son 22; serán 27: agrega barrios Santa Isabel y Los Boulevares, localidades de Sierras Chicas, Malvinas Argentinas y Río Primero.
Se pretende que la gestión del delito se gestione de manera unificada, trabajando un jefe de policía con un fiscal y un equipo estable de gente en ese lugar. Se reordenó la zona geográfica de competencia, de modo que cada unidad judicial atienda similares poblaciones. Las guardias urbanas quedarían apostadas en un punto fijo y, ante el reclamo de un vecino (mediante el programa Ojos en Alerta), acudiría al lugar el móvil policial o el de la Guardia Urbana, según el caso.
Puro sentido común, ¿no? Debiera haberse empezado por ahí antes de montar el monstruo en el que se ha convertido la Guardia Urbana. Y hay que hacer públicos los resultados. Hace casi dos años que los fiscales se reportan a cada unidad judicial y se abandonaron los cuatro distritos en los que se dividía la ciudad de Córdoba. No cambió demasiado desde entonces. Habrá que ver si ahora es diferente.
