La gran novedad de las últimas horas es que el equipo de Sergio Massa está preparando un plan de estabilización, que –a simple vista– carece de los necesarios consensos internos. Y aún falta discutirlo con empresarios y sindicalistas.
La idea se atribuye al viceministro Gabriel Rubinstein, quien entiende que es necesario estabilizar las principales variables macroeconómicas por cuatro meses, para luego formular un plan de crecimiento.
Rubinstein sugiere congelar precios, salarios (luego de una suba inicial o de los últimos acuerdos en paritarias), el dólar y los servicios, para el período noviembre-febrero.
El Gobierno intenta romper así la inercia inflacionaria que registró en los últimos tres meses una suba de precios en torno del siete por ciento (7,4% en julio, 7% en agosto y 6,2% en septiembre). En los últimos 12 meses, la suba alcanza al 83%.
Los economistas y consultoras relevados por el Banco Central prevén que este año la inflación alcanzará a 100,3%, mientras que para 2023 proyectan 90%.
La inercia no se detiene: la Fundación Libertad y Progreso detectó que la primera semana de octubre “arroja una inflación de 4,5%, y en alimentos, de 5,3%”.
La Fundación Colsecor estimó que la canasta alimentaria subió 88,4% en 12 meses, según la medición en 44 localidades de siete provincias.
En septiembre, el consumo en supermercados cayó casi 10% medido en unidades, con el agravante de que en alimentos retrocedió 6,8%, según Focus Market, que evalúa los tickets de los grandes centros de ventas.
La población se incrementó en 12 meses, pero demanda menos alimentos, lo que valida el aumento de la indigencia; es decir, de los argentinos que no alcanzan a consumir una dieta básica para sobrevivir de manera digna.
Este nivel de precios está produciendo estragos en el tejido social. El desorden en el Gobierno agrava las condiciones.
¡Ay, el plan!
Sergio Massa tiene más respaldo en Washington –donde recibe un trato preferencial por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Club de París– que del equipo de Alberto Fernández y sus aliados políticos.
El plan de Rubinstein incluye un ajuste en el gasto, que es rechazado por el kirchnerismo, siempre dispuesto a nuevas erogaciones para aumentar la clientela partidaria, o a financiar sus proyectos con nuevos impuestos.
La mejor demostración de las contradicciones del Gobierno es que habrá al menos tres actos para conmemorar el 17 de Octubre, la fecha que dio origen al peronismo.
Cada concentración tiene sus propias consignas, que son contradictorias entre sí.
La alianza Máximo Kirchner-Pablo Moyano rechaza el acuerdo con el FMI. Varios de los diputados que les responden votarán en contra del Presupuesto 2033, que Massa mostró a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, como un paso más de las metas acordadas.
¿Es posible un plan de estabilización sin el apoyo de los sindicatos más combativos? Los grupos de izquierda, que hoy dominan el accionar de varios gremios, rechazan cualquier programa, porque su estrategia es ganar músculo político con la confrontación.
El problema central es que este Gobierno no cree en la economía de mercado, por lo cual lo que Massa propone a los organismos de crédito y a inversores internacionales no es posible llevarlo a la práctica en la actual administración.
Dos graves fallas
El plan de estabilización tiene dos graves fallas de entrada. Una es la falta de consensos internos; la otra es que el Gobierno carece de confianza de los agentes económicos.
La imagen de Alberto Fernández no sólo está depreciada ante las familias, sino que sus palabras –con otra convocatoria a un acuerdo– no tuvieron un respaldo contundente entre las grandes empresas, reunidas en Mar del Plata.
Para crecer, se necesitan inversiones, que generen empleos de calidad. Hoy, hasta las pequeñas y medianas empresas son renuentes a incorporar nuevos trabajadores, por el costo y las contingencias que generan las normas laborales.
El FMI señaló que “lo que espera el pueblo de Argentina es que su Gobierno se tome en serio la necesidad de reducir la inflación”, por lo que no convalidará un aumento del gasto sin financiamiento genuino.
La emisión conduce a más pobreza y más descalabro económico. Alberto Fernández y su equipo deberían asumir esta condición básica antes de formular un plan.
