El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, declaró la incompetencia para entender en el amparo presentado por la parlamentaria del Mercosur Laura Sesma contra el decreto del Gobierno nacional que eliminó el financiamiento para el traslado de los legisladores, y derivó el expediente a su par, María Romilda Servini.
La suspensión desde el Estado del pago de viáticos, gastos de transporte y pasajes para las sesiones de ese cuerpo legislativo son el principal motivo de disputa. En el Parlasur hay 43 legisladores que representan a Argentina.
Desde 2015, los parlasureños argentinos no perciben ninguna dieta ni cuentan con asesores o equipos técnicos pero, luego de la publicación de la decisión administrativa de Milei en el Boletín Oficial del 17 de septiembre, tampoco recibirán dinero para alojamiento ni pasajes, según el sitio La Política Online.
Amparo de Sesma
La cordobesa Sesma, parlamentaria del Mercosur (por Juntos por el Cambio) por el distrito nacional, presentó un amparo ante el juzgado de Sánchez Freytes contra la decisión del gobierno del presidente, Javier Milei.
El recurso formalmente fue dirigido contra la Jefatura de Gabinete de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a efectos de que se declare la nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 13 de la decisión administrativa 888/24.
La normativa derogó la decisión administrativa 152/16, suprimiendo así la aplicación del “Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes” (aprobado por el decreto 997/16) en lo que respecta a la concurrencia de los parlamentarios argentinos a las sesiones plenarias y de comisiones convocadas por el Parlamento del Mercosur.
Sesma planteó, asimismo que mientras se resolviera el amparo, el juez ordenara una medida cautelar innovativa a fin de que el Gobierno continúe otorgando los viáticos, alojamiento y pasajes.
“Lo aquí solicitado se funda en el hecho de que la normativa cuestionada impide mi asistencia a las sesiones del Parlasur y el ejercicio de los derechos de representación electoral para la cual he sido elegida por el sufragio de los ciudadanos de la Nación. De forma actual e inminente lesiona, restringe y altera esos derechos electorales, lo cual, además deviene en una afectación al sistema democrático nacional y regional”, indicó.
El fiscal interviniente, Enrique Senestrari, dictaminó que al ser demandados la Jefatura de Gabinete de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Justicia federal era competente para intervenir en la causa.
También indicó que el Juzgado N° 2 era competente territorialmente. Sin embargo, Sánchez Freytes resolvió declarar la incompetencia del tribunal: “Difiriendo en su análisis (del fiscal) y advirtiendo que, conforme se consigna en el escrito de demanda, la amparista ha sido electa para ejercer el cargo de parlamentaria del Mercosur por el distrito nacional, corresponde declarar la incompetencia”.
Así, remitió la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 con Competencia Electoral a nivel nacional, a cargo de la jueza Servini.
