Con los números oficiales en “rojo” de la Caja de Jubilaciones sobre la mesa, el gobernador Martín Llaryora está dispuesto a tomar decisiones fuertes, que implican la declaración de la emergencia previsional, como ya lo hizo en diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido.
Según los datos oficiales hasta el viernes pasado, el sistema previsional de Córdoba arrastra un déficit de $ 718 mil millones de pesos. Para el año que viene se proyecta un desfase de $ 820 mil millones.
La medida apuntará a incrementar los aportes de los trabajadores activos con salarios más altos, y a fijar un techo para las jubilaciones provinciales que superen los 2,5 millones pesos.
Protesta de gremios
Como se descontaba, la respuesta de los gremios estatales no se hizo esperar: este martes, los sindicatos saldrán a la calle a las 11 para protestar contra la posibilidad de que se aumenten los aportes destinados a la Caja.
Se trata de una facultad del gobernador que está contemplada en el proyecto del Presupuesto 2026, que fue votado en primera lectura la semana pasada y que será convertido en ley el próximo 17 de diciembre.
Los sindicatos anticipan más movilizaciones para los próximos días. La primera será este martes y llevará el reclamo hasta las puertas del edificio de la Legislatura provincial.
La protesta no sorprenderá al oficialismo. Los referentes de los gremios serán recibidos por el presidente provisorio del cuerpo, Facundo Torres. El futuro jefe del bloque oficialista pondrá sobre la mesa dos cuestiones espinosas bajo el ya conocido argumento de que el déficit de la Caja “es inmanejable”. Es lo que transmite el gobernador Llaryora: entregar la administración del organismo a los propios sindicatos o transferirlo directamente a la Nación.
Esa encrucijada funciona también como un mensaje de presión. En el oficialismo reconocen por lo bajo que las dos opciones son extremadamente difíciles de concretar en los hechos.
Los gremios, por su parte, rechazarán de plano hacerse cargo de una Caja que acumula pérdidas de más de 60 mil millones de pesos mensuales. Esta posibilidad surgió tras la interpretación literal que hicieron en el Centro Cívico de una frase del titular del gremio bancario, Ezequiel Morcillo, quien afirmó que la Caja “debe estar en manos de los trabajadores”.
En realidad, lo que los sindicatos reclaman es algo más acotado: tener representación en el directorio de un organismo que lleva más de dos décadas intervenido por el Poder Ejecutivo.
La transferencia del sistema previsional a la Nación tampoco parece un camino sencillo. Requeriría un proceso largo y complejo, difícil de imaginar en un contexto en el que la gestión de Javier Milei impulsa un ajuste generalizado, del cual las jubilaciones no quedan exceptuadas.
La última carta del gobernador
Frente a la disyuntiva de ceder la Caja a los gremios o entregarla a la Nación, el gobernador se guarda una carta extra en la manga, acaso la más audaz para presionar a los gremios estatales: convocar a una consulta popular sobre el futuro del sistema previsional cordobés.
“En algún momento deberemos discutir si 3,2 millones de cordobeses deben sostener con sus impuestos que 116 mil jubilados provinciales perciban haberes mucho más altos que los nacionales. Es más: entre esos 116 mil, hay 16 mil que cobran un promedio de 3,6 millones de pesos”, planteó un funcionario que integra la mesa chica del Centro Cívico, donde desde hace meses se analiza la crisis del sistema previsional provincial.
En el entorno de Llaryora admiten que la consulta popular sería la última carta, pero no descartan que el gobernador esté dispuesto a jugarla. La presión es enorme: en 2026, el Tesoro provincial deberá destinar 820 mil millones de pesos para cubrir el déficit de la Caja.
A ello se suma la rebaja impositiva incluida en el Presupuesto provincial que, según el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, tendrá un costo fiscal de 900 mil millones de pesos en 2026.
La rebaja de impuestos sumado al déficit creciente de la Caja de Jubilaciones son una amenaza concreta para el equilibrio fiscal que los gobiernos peronistas han pregonado durante las últimas dos décadas.
Como sus antecesores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, el actual gobernador no está dispuesto a resignar el equilibrio entre ingresos y egresos.
De allí su decisión de ir hasta el final en el objetivo de achicar el rojo previsional cordobés.
El acuerdo provisorio firmado con la Nación en mayo pasado, por el cual la Anses gira 5.000 millones de pesos mensuales, alcanza para cubrir sólo el 5% del déficit del “rojo” de la Caja de Jubilaciones.
Proyecto oficialista
Mientras la tensión entre el Gobierno provincial y los gremios escala, en la Legislatura empezaron a circular varios proyectos. El que cuenta con el aval del Centro Cívico es el firmado por el socialista Matías Chamorro, un aliado del oficialismo.
De manera general, la iniciativa propone fijar un techo de 2,5 millones de pesos para las jubilaciones más elevadas y completar el haber con un bono o un título de deuda previsional.
Según Chamorro, de los 116 mil jubilados provinciales, unos 16 mil perciben un promedio de 3,5 millones de pesos y serían alcanzados por la medida.
El proyecto –que ya genera rechazos entre los estatales– incluye un atractivo para quienes cobran menos: garantizar el 82% de lo que percibían como trabajadores activos.
Cabe recordar que, tras las sucesivas reformas impulsadas por De la Sota y Schiaretti, los jubilados provinciales hoy cobran el 82% del 82% de sus salarios en actividad.
Más allá de este gesto para los haberes más bajos, la propuesta de Chamorro, en el fondo, también busca reducir el déficit de la Caja, sin renunciar a la narrativa de “justicia previsional”: quitarle a los haberes más altos para mejorar a los más bajos.
Según los borradores que circulan en la Legislatura, la aprobación del proyecto del legislador socialista permitiría achicar el déficit en unos 250 mil millones de pesos el año próximo.
Más allá de la discusión instalada y de las protestas que los gremios prometen profundizar hacia un fin de año caliente, el objetivo inmediato del Gobierno provincial es más acotado: aumentar en 4% los aportes de los trabajadores de mayores sueldos, concentrados en cuatro gremios poderosos: judiciales, bancarios, Suoem y Luz y Fuerza.
Según los números que manejan en Caja de Jubilaciones, el sector bancario generó este año un déficit de 150 mil millones, y los municipales capitalinos (Suoem) otros 60 mil millones de déficit.
La apuesta del oficialismo es que los dos sindicatos con mayor cantidad de afiliados –el SEP y la UEPC– no se sumen a las protestas callejeras y permitan al Gobierno avanzar con su estrategia.
Consulta popular: qué dice la legislación
La herramienta de la consulta popular está contemplada en la Constitución provincial. Hay una ley, la 7.811, que la regula.
Si la consulta es promovida por el Poder Ejecutivo o la Legislatura se requieren dos tercios de los votos para iniciar el proceso. Con la actual composición política, al oficialismo se le haría muy difícil reunir las voluntades necesarias para avanzar.
La experiencia que más se recuerda en Córdoba del uso de la consulta popular fue la que impulsó José Manuel de la Sota cuando avanzó con la unicameralidad del Poder Legislativo.
