El Gobierno de Córdoba está terminando de delinear el Presupuesto 2026, y uno de los aspectos que genera mayor expectativa es cuánto aumentará el Impuesto Inmobiliario el año próximo. Aún no hay definiciones oficiales precisas (sólo señales), pero si se repite el criterio aplicado en los últimos dos años, la suba no debería superar el 30%.
En el cálculo del Inmobiliario 2025, la Provincia utilizó, como ya había hecho en 2024, la inflación como referencia. En ese momento, el índice de precios al consumidor (IPC nacional) interanual de septiembre de 2024 era del 209%. Para evitar un impacto mayor en los contribuyentes, la administración de Martín Llaryora decidió ponerle un límite a ese incremento: el tope se fijó con base en el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que marcaba una variación interanual del 172% entre octubre de 2023 y octubre de 2024.
El Ripte es un indicador elaborado por el Ministerio de Trabajo de la Nación que mide el salario promedio registrado. Se utiliza como referencia para el cálculo de la movilidad jubilatoria y de indemnizaciones.
Ese porcentaje del 172% fue el techo aplicado para la gran mayoría de las cuentas inmobiliarias (hubo excepciones). Aunque la inflación interanual había bajado a 117,8% en diciembre de 2024, cuando se aprobó el presupuesto en la Legislatura de Córdoba, y a 84,5% en enero de 2025, cuando comenzaron a llegar los cedulones, el argumento oficial fue que, al momento de elaborar el proyecto y definir los ingresos estimados, la cifra del Ripte del 172% era el último dato disponible.
Escenario 2026
Hoy la situación es muy distinta. La inflación interanual a septiembre de 2025 fue del 31,8%, y se espera que se mantenga en ese rango o incluso baje, según los datos de octubre que se conocerán la próxima semana. Si el Gobierno repite el mismo criterio, el tope para el Inmobiliario 2026 debería ubicarse alrededor del 30%.
En paralelo, el Ripte interanual (dato a agosto) se encuentra en 48,2%, según el Ministerio de Trabajo. Ese valor es superior al del IPC, debido a que los salarios se ajustaron más tarde que los precios. Esa diferencia haría innecesario volver a utilizar el Ripte como techo correctivo.
En diálogo con La Voz en Vivo, el gobernador Martín Llaryora había anticipado, días antes de las elecciones legislativas nacionales, que el incremento del Inmobiliario este año sería más bajo porque la inflación también lo es. “Los impuestos se acomodan con la inflación y así se evita la discusión”, expresó entonces.
También recordó que, en el ciclo anterior, hubo aumentos mayores para un conjunto específico de contribuyentes. Se trató de inmuebles de alto valor fiscal a los que se les removieron los topes, ya que, según el Gobierno, estaban recibiendo un subsidio indirecto que no correspondía.
Desde el Ejecutivo confirmaron que el incremento que se aplicará en esta nueva edición del presupuesto “será la inflación”. Resta saber ahora cuál será el índice de precios considerado y qué mes se tomará como referencia. Hasta ahora, sin contar el dato de octubre, el valor más bajo es el IPC nacional de septiembre (31,8%) y el más alto, el de Córdoba de agosto (37%).
A nivel nacional, el proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el gobierno de Javier Milei estima una inflación del 10,1% para el año próximo, un crecimiento del PBI del 5% y un tipo de cambio promedio de $ 1.423. Esos parámetros son los que Córdoba debe considerar como base para proyectar sus propias variables macroeconómicas.
Cómo es el trámite legislativo del Presupuesto en Córdoba
Según lo establece la Constitución provincial, el Poder Ejecutivo debe presentar el proyecto de ley de Presupuesto ante la Legislatura antes del 15 de noviembre de cada año. Este año, esa fecha cae sábado, por lo que se espera que el envío formal se realice antes del viernes 14. De hecho, fuentes del Panal admitieron que la presentación podría concretarse sobre el final de esta semana.
Una vez ingresado, el texto es remitido a las comisiones de Economía y de Legislación General, donde se abre una ronda de exposiciones de funcionarios del gabinete provincial. Tradicionalmente, el ministro de Economía (hoy Guillermo Acosta) explica los lineamientos del proyecto ante los legisladores.
Cumplida esa etapa, el paquete de leyes se eleva al recinto para su primera lectura, en la que se aprueba en general. Luego, y conforme al reglamento de la Unicameral, se fija una fecha para la segunda lectura, en la que se habilita el tratamiento en particular de cada uno de los artículos.
Este segundo debate suele realizarse con dos semanas de diferencia, y es donde pueden surgir modificaciones puntuales, aunque en general el oficialismo mantiene sin cambios el texto original. Tiene los votos para hacerlo.
La expectativa este año está puesta no sólo en el nivel de gasto y las prioridades del Ejecutivo, sino también en las variaciones de las alícuotas que se incluyan en la llamada ley impositiva anual, que establece los parámetros de Ingresos Brutos.
