En una reunión cargada de expectativas, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ante los responsables de las finanzas de todas las provincias, bajó línea con la misma firmeza que ya habían expresado, días atrás, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: la ley impulsada por los gobernadores para repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles representa, según la visión libertaria, “una amenaza para el equilibrio fiscal” de la Nación.
Fue uno de los hombres de mayor confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se plantó frente a los ministros de Finanzas de las provincias. Uno a uno fueron llegando al Palacio de Hacienda, ubicado a un costado de la Casa Rosada, con la expectativa de que el Gobierno nacional pusiera sobre la mesa una propuesta concreta. La espera, una vez más, no tuvo recompensa.
Desde las provincias, los gobernadores se mantienen firmes: no están pidiendo favores, aseguran. Según sus argumentos, están reclamando lo que les corresponde, y que la Nación les retuvo de manera indebida.
Hablan de un billón de pesos que, afirman, debería haber regresado a sus arcas y terminó engrosando la caja nacional.
Por parte de Córdoba, la representación quedó en manos de Guillermo Acosta, ministro de Economía y Gestión Pública. Fiel a su estilo de bajo perfil, el funcionario llaryorista prefirió mantenerse en silencio.
Desde el Centro Cívico, fuentes oficiales ofrecieron la versión oficial de los hechos, según la versión del Gobierno provincial.
“No hubo una propuesta concreta. Tiene que quedar muy claro que las provincias no le pedimos nada al Gobierno nacional. Sólo reclamamos los fondos que nos corresponden por ley. Entonces, no queda otra salida que ir por una ley al Congreso o la vía judicial”, aseguró un funcionario provincial con línea directa con el gobernador Martín Llaryora.
El pasado el lunes 30 de junio, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se reunieron los 23 gobernadores, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Allí se consolidó la postura común: exigir a la Nación la distribución de los 630 mil millones de pesos retenidos del fondo de ATN, así como otros $ 400 mil millones provenientes de un fondo fiduciario para obras hídricas, financiado por el Impuesto a los Combustibles.
Se sabe, desde que Milei asumió la presidencia, el Gobierno nacional eliminó la obra pública en las provincias. Esa es la demanda que circula en voz alta entre los mandatarios provinciales.
Los gobernadores alegan que los ATN provienen del 1% de la coparticipación federal, un esfuerzo conjunto de todas las provincias, y que los recursos del impuesto a los combustibles también se recauda en los 24 distritos.
Fue en ese contexto que, en el mismo CFI, los gobernadores firmaron un proyecto de ley para que esos fondos sean transferidos en base al índice de coparticipación federal. La iniciativa ingresará por el Senado.
Aunque ya se anticipa una posible tormenta: tanto el presidente Milei, como el jefe de Gabinete advirtieron que, de aprobarse la iniciativa en el Congreso, llegará el veto del jefe del Estado.
En este contexto, pese a la amenaza, en el oficialismo no ocultan una inquietud. Si los gobernadores se mantienen unidos y logran la sanción de la ley, podrían tener también los votos suficientes para revertir un eventual veto presidencial. El equilibrio político entre el poder central y las provincias pende de un hilo.
Negociación con poco margen
En medio de este escenario, la Nación buscó una vía de diálogo. Guberman fue el emisario, el mismo que ya había escuchado en primera persona los reclamos de los gobernadores en la reunión anterior del CFI.
Formalmente, la cita de este martes tenía otro propósito: el encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, donde confluyen los representantes de todas las provincias con el Gobierno nacional para analizar la marcha de la economía en las provincias. Pero la verdadera discusión fue otra.
El secretario de Hacienda solo dejó entreabierta una puerta: la gestión libertaria estaría dispuesto a discutir un monto máximo a repartir en concepto de ATN, siempre respetando los coeficientes de coparticipación.
En cuanto al fideicomiso para obras hídricas, su propuesta fue más estructurada: la Nación cedería las obras viales junto con el financiamiento, pero bajo la condición de que las provincias asuman también la responsabilidad de ejecución.
La reacción desde Córdoba no se hizo esperar. “Los fondos son nuestros, de las provincias. La Nación no puede decirnos en qué obra y cómo ejecutarlas”, soltó, con firmeza, una fuente llaryorista.
En la reunión en el Ministerio de Economía, Guberman insistió con el discurso oficial: “Estamos convencidos de que la única forma de estabilizar la macro es el equilibrio fiscal. Este redunda en beneficios para las provincias, como la baja de la inflación del 25 al 1,5%. Con el proyecto de las provincias pasaríamos de estar balanceados a estar en déficit”, dijo el hombre de confianza del ministro Caputo.
La respuesta fue cortante de la gestión llaryorista era esperable. “La Nación logró el equilibrio fiscal quitándoles fondos a las provincias. Así es fácil ¿Qué dirían los intendentes de Córdoba si nosotros hiciéramos lo mismo? La provincia tiene superávit fiscal porque controlamos los gastos, no porque le quitamos recursos a los municipios”, retrucó un funcionario con trato diario con el gobernador Llaryora.
