Abigail Jiménez es un nombre del estado de excepción. Se sabe: es la niña enferma de cáncer que tuvo que ser cargada en brazos por su padre para traspasar un puesto caminero que estaba a las órdenes del gobernador santiagueño Gerardo Zamora.
No es el único nombre. Entre otros: Facundo Astudillo Castro, víctima de la Policía Bonaerense. Luis Espinoza, asesinado por la Policía tucumana de Juan Manzur. Valentino Blas Correas, víctima de un crimen policial que intentó ser encubierto en Córdoba. Solange Musse, que murió de cáncer sin poder reencontrarse con su padre retenido en otro control caminero, también en nuestra provincia. Mauro Ledesma, que murió ahogado en el río Bermejo cuando trataba de regresar a Formosa.
El gobernador de esta última provincia, Gildo Insfrán, mereció un reclamo humanitario de la organización Amnesty International en amparo de miles de formoseños a los que exilió en condiciones lacerantes, pretextando la pandemia. Insfrán ignoró el pedido. Obstinó a sus abogados hasta hacerlos llegar a la Corte Suprema de la Nación.
No hubo “Wado” de Pedro, ni Santiago Cafiero, ni Alberto Fernández que pudieran persuadirlo en la porfía. La Corte le dio una quincena para que disponga lo obvio: testeo y control sanitario, si procede. Y que cese de violentar los derechos garantizados por la Constitución Nacional.
Los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que se perpetraron durante la emergencia sanitaria despertaron en la ciudadanía una sensación de evidente injusticia. En algunos casos, hubo una acusación formal en los tribunales para que alguien se responsabilice de la insensibilidad oficial. Porque sin acusación no hay condena.
Debe esclarecerse si la pandemia desbordó a ciertos gobernantes y funcionarios hasta transformarlos en los administradores de crueldad que demostraron ser. O si ya lo eran antes de la emergencia y el estado de excepción fue la pátina de difusa legalidad que encontraron para ejercer sin remilgos un poder casi absoluto, despojado de cualquier sensibilidad humanitaria.
Ese esclarecimiento debe considerar, además, el panorama completo del contexto de emergencia, con los derechos individuales suspendidos a tiro de decreto. Porque las autoridades que se desentendieron de sus obligaciones con los ciudadanos no estuvieron mientras tanto inmóviles, orando por milagros en un convento contemplativo. Mientras los excesos se sumaban, estuvieron haciendo otras cosas con la Justicia.
Raúl Plee, fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, acaba de alertar que la causa conocida como los “cuadernos de las coimas” corre el riesgo de desmoronarse porque los acusados piden voltear los testimonios de los arrepentidos que develaron la trama de corrupción más grave de la historia reciente.
Obsérvese la advertencia de Plee: son los acusados, no los arrepentidos, quienes plantean la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido.
Plee es fiscal. Su trabajo es la acusación. Podría recibir la colaboración de querellantes. Pero la Oficina Anticorrupción que maneja Félix Crous ha desistido. Decisión política que también acecha a Carlos Cruz, de la Unidad de Información Financiera, y Ricardo Nissen, de la Inspección General de Justicia. Con menos dudas, seguramente, también a Carlos Zannini, procurador del Tesoro.
Es que sin acusación no hay condena. Ese es el tema que se discute en estos días en torno de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Tras otro gran debate –bastante similar– que giró en torno del deseo del oficialismo de apartar de su cargo a los jueces que no manejan.
El presidente Alberto Fernández, que suele emocionarse hasta las lágrimas recordando a su maestro Esteban Righi, fue testigo en su momento de la presión de Cristina Kirchner para que Righi renunciara a su cargo como jefe de los fiscales. Otro de sus mentores célebres, Enrique Bacigalupo, acaba de recomendarle que no devalúe el consenso legítimo que necesita el procurador General de la Nación para ser designado.
La Constitución Nacional no exige una mayoría calificada. Deja la opción al legislador. Pero que exista esa opción no justifica elegir la de menor legitimidad política. Así lo entiende, con buen criterio, la legislación actual. La Constitución no limita el mandato del procurador. Sí lo hace en otros casos: el del defensor del Pueblo.
Como Cristina y Alberto Fernández no consiguen los dos tercios para designar un candidato, han resuelto castigar (menos a la oposición que a la institución) con una arquitectura a medida del oficialismo: mandato limitado, designación por mayoría no agravada y destitución bloqueada con los dos tercios.
Cuando se observa la escena completa de lo que hicieron y omitieron los gobernantes con la administración de justicia durante el estado de excepción, surge con nitidez un conector fáctico que une dos eslabones.
Es un mismo bloque político el que se afana en la búsqueda de impunidad para la corrupción y el que protagoniza los abusos de poder sobre los indefensos anónimos que de pronto adquieren nombre: Solange, Facundo, Valentino, Luis, Mauro, Abigail.
