El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital sobreseyó por fallecimiento a Juan Bernardo Benito Farías (76), uno de los “coleros” de la presunta megadefraudación millonaria que habría montado la cúpula de Luz y Fuerza en Córdoba, enviada a juicio el pasado año.
La causa es una de las más esperadas en los Tribunales Federales locales por la cuantía de la supuesta estafa en contra de los afiliados al gremio y la relevancia de los delitos: asociación ilícita, lavado y defraudación mediante el libramiento de cheques.
En la larga nómina de los enviados a juicio sobresalen el exsecretario general Gabriel Suárez, el actual (por entonces N° 2), Jorge Molina Herrera, el exsecretario de Finanzas del gremio Fernando Navarro y otros 18 imputados, entre ellos, la hija de Molina Herrera, subsecretaria de Previsión Social, y Andrés Adolfo Chianalino, exinterventor de la Obra Social del Personal de Luz y Fuerza de Córdoba.
La lista se completa con Alexis Daniel Fidelbo; José Ramón Galván; Oscar Fabio Guzmán; Daniel Edgardo Lozano; Roque Daniel Tapia; Justiniano Omar Arce; Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola; Rita Ivana Carranza; Julio César Secchi; Cecilia Ivone Pérez; Enrique Osvaldo Lorente; Emilio Ricardo Chaer, y Martín López.
Luz y Fuerza Córdoba: cheques, terceros y cobros millonarios
La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza.
La investigación se centró en las tres formas de defraudación que se habrían consumado desde el gremio: mediante el libramiento de cheques a favor del sindicato (por parte de la conducción), la firma de cheques a favor de personas jurídicas (con vínculos con la organización) y el libramiento a personas relacionadas con los imputados de manera directa o indirecta (empleados gremiales, personas con “inconsistencias” ante el fisco, sin actividad comercial, beneficiarios de planes sociales o jubilados; por ejemplo, de la Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior).
Según la acusación, Suárez, Navarro y Molina Herrera habrían sido los jefes de la asociación ilícita. “Conformaron un grupo para defraudar a la entidad sindical que decían representar, mediante el manejo de fondos que eran desviados y conducidos a su patrimonio y/o al de terceros”, afirmó Sánchez Freytes.
Suárez, Navarro y Molina Herrera suscribían la totalidad de los cheques. Muchos eran librados a favor del sindicato para cobrarlos directamente o endosándolos (sin poder determinarse el motivo) a los autorizados para su pago: Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Oscar Fabio Guzmán (declararon que cumplían órdenes de Suárez, Molina Herrera, Navarro y Daniel Lozano, y que, una vez cobrados, entregaban el dinero a la cúpula o a quienes ellos les indicaran).
Así, desde el sindicato se libraron múltiples cheques que tenían como beneficiarios a diversos sujetos con actividades registradas disímiles, quienes, a su vez, los endosaban a “coleros”.
Al parecer, no se buscaba pagar “servicios” a esas personas de rubros muy diferentes, sino que lo que se pretendía, según se sospecha, era consumar el desvío de los fondos para beneficio de los imputados.
Darío Cipollini, un testigo imprentero (curiosamente imputado en 2019 como el “rayador serial” de autos de Nueva Córdoba), declaró que el sindicato “normalmente” fraccionaba “el total de la operación en varios cheques”.
De acuerdo con su versión, el gremio habría solicitado “a los proveedores que uno de esos cheques” fuera “devuelto a ellos a través de un endoso, haciéndose ellos con la suma”. Al monto total de la operación, de acuerdo con su denuncia, le agregaban una sobrefacturación, con la que obtenían un valor.
El rol del presunto “colero” Farías
Farías habría nutrido la mecánica defraudatoria en contra del gremio. El fiscal federal de Córdoba capital, Carlos Casas Nóblega, estableció que el 20 de junio de 2017, Suárez, Molina Herrera y Navarro, con el aparente fin de desviar fondos del sindicato, libraron el cheque N° 1456797 en contra de la cuenta corriente del gremio en el Banco Nación por $ 50 mil.
Colocaron como beneficiaria a la operadora mayorista de viajes Div. Operador SA, que, a través de un supuesto apoderado, lo endosó a favor de Farías. ¿Por qué una firma endosaría un cheque a un jubilado vinculado a Asociación Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior de la Administración (Ampes)?
Las sospechas aumentaron porque, además, Farías no tenía ninguna actividad registrada ante la ex-Afip. El 12 de enero de 2018, a las 8.48, el supuesto “colero” se presentó en el banco y cobró el dinero.
Sin justificación alguna más allá de la tenencia del cartular, Farías se presentó al banco para cobrar los $ 50 mil, perdiéndose así la trazabilidad del dinero. La principal hipótesis es que los fondos terminaron en manos los supuestos jefes de la banda delictiva o entregados a terceros, desviando así el dinero del sindicato.
El jubilado fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe no necesario.
En las maniobras bajo investigación no dejan de ser altamente suspicaces las cifras “redondas” de los cheques, el cobro en el mismo día o con pocos días de diferencia, por volúmenes importantes y con la pérdida de trazabilidad.
“La operación responde a un patrón de conducta de la asociación ilícita, en el cual existen varios cheques librados por ellos colocando como beneficiarios a diversos sujetos con actividades registradas disimiles (como ser la extracción de petróleo; fabricación de heladeras; elaboración de cemento; venta de artículos de bazar, y mayoristas de agencias de viajes), los cuales endosaban los mismos a personas con actividad económica pasiva –jubilados– o relacionados a Ampes, que se reiteran a lo largo del muestreo de cheques y, como en el caso de Farías, recibieron cheques por un elevado monto, alcanzando en su caso la suma de $ 470 mil”, indicó el fiscal.
El caso de Div. Operador es muy llamativo porque durante noviembre 2015-mayo 2017 cobró por ventanilla cheques librados por el sindicato por $ 340 mil, y apareció –también– como beneficiaria de un cheque por $ 50 mil cuyo “apoderado” lo endosó a Fidelbo (empleado del sindicato y con poder de administración sobre la cuenta corriente).
Muerte y sobreseimiento
El Tribunal N° 2 intentó notificar a Farías de la citación a juicio, pero una nieta confirmó que el imputado había fallecido. Murió de un ataque cardíaco el 20 de enero de 2025.
De esta forma, los jueces Noel Costa, Carolina Prado y José Asís declararon extinguida la acción penal por muerte y lo sobreseyeron.
