Autorizado para manejar una de las cuentas bancarias de Luz y Fuerza Córdoba, Oscar Fabio Guzmán fue uno de los empleados de máxima confianza de la cúpula del gremio durante años enviado a juicio por la presunta megadefraudación relacionada con el cobro de cheques sumamente sospechosos que habrían devuelto a los líderes del sindicato.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba (TOF2) capital declaró extinguida, en las últimas horas, la acción penal por asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta, a raíz de fallecimiento y lo sobreseyó.
La causa en la que quedó bajo investigación del fiscal general Carlos Casas Nóblega es una de las más esperadas en los Tribunales Federales locales por la cuantía de la supuesta estafa en contra de los afiliados al gremio y la relevancia de los delitos: asociación ilícita, lavado y defraudación mediante el libramiento de cheques.
En la larga nómina de los enviados a juicio sobresalen el exsecretario general Gabriel Suárez, el actual (por entonces N° 2), Jorge Molina Herrera, el exsecretario de Finanzas del gremio Fernando Navarro y otros 16 imputados, entre ellos, la hija de Molina Herrera, subsecretaria de Previsión Social, y Andrés Adolfo Chianalino, exinterventor de la Obra Social del Personal de Luz y Fuerza de Córdoba.
La lista se completa con Alexis Daniel Fidelbo; José Ramón Galván; Daniel Edgardo Lozano; Roque Daniel Tapia; Justiniano Omar Arce; Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola; Rita Ivana Carranza; Julio César Secchi; Cecilia Ivone Pérez; Enrique Osvaldo Lorente; Emilio Ricardo Chaer, y Martín López.
El rol que habría tenido Guzmán en la supuesta megadefraudación
La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes de Luz y Fuerza.
La investigación se centró en las tres formas de defraudación que se habrían consumado desde la cúpula gremial, liderada por Suárez, Molina Herrera y Navarro: mediante el libramiento de cheques a favor del sindicato (por parte de la conducción), la firma de cheques a favor de personas jurídicas (con vínculos con la organización) y el libramiento a personas relacionadas con los imputados de manera directa o indirecta (empleados gremiales, personas con “inconsistencias” ante el fisco, sin actividad comercial, beneficiarios de planes sociales o jubilados; por ejemplo, de la Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior).
Suárez, Navarro y Molina Herrera suscribieron la totalidad de los cheques, muchos de los cuales fueron librados a favor del sindicato para cobrarlos directamente o endosándolos (sin poder determinarse el motivo) a los autorizados para su pago: Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Guzmán (declararon que cumplían órdenes de Suárez, Molina Herrera, Navarro y Daniel Lozano, y que, una vez cobrados, entregaban el dinero a la cúpula o a quienes ellos les indicaran).
Así, desde el sindicato se libraron múltiples cheques que tenían como beneficiarios a diversos sujetos con actividades registradas disímiles, quienes, a su vez, los endosaban a “coleros”.
Al parecer, no se buscaba pagar “servicios” a esas personas de rubros muy diferentes, sino que lo que se pretendía, según se sospecha, era consumar el desvío de los fondos para beneficio de los imputados.
Darío Cipollini, un testigo imprentero (curiosamente imputado en 2019 como el “rayador serial” de autos de Nueva Córdoba), declaró que el sindicato “normalmente” fraccionaba “el total de la operación en varios cheques”.
De acuerdo con su versión, el gremio habría solicitado “a los proveedores que uno de esos cheques” fuera “devuelto a ellos a través de un endoso, haciéndose ellos con la suma”. Al monto total de la operación, de acuerdo con su denuncia, le agregaban una sobrefacturación, con la que obtenían un valor.
En este contexto, Guzmán habría sido uno de los engranajes clave en la causa. Con 30 años de antigüedad como empleado del gremio, contaba con autorización para operar la cuenta del gremio en el Banco Nación, ya que era apoderado/firmante.
En uno de los hechos quedó bajo sospecha por haber recibido un cheque de $ 50 mil endosado a su nombre por parte de una empresa presuntamente vinculada a servicios de hotelería. ¿Por qué una firma endosaría ese cheque a un empleado de Luz y Fuerza luego de que el gremio librara tal cheque a la compañía?
Guzmán no estaba inscripto en ninguna actividad ante la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que justificara la transacción, por lo que -para el fiscal- no existe justificación en el traspaso de fondos. La sospecha es que la cúpula habría buscado reiteradamente desviar fondos del gremio para sí o terceros.
Para el juez N° 1 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, el argumento de Fidelbo, Galván y Guzmán de que “desconocían qué hacían las autoridades” gremiales “con el dinero que les entregaban” no resulta “verosímil para desligarlos de la acusación”.
Esto, particularmente, resaltó el magistrado, “teniendo en cuenta no solo la antigüedad que ostentaban en el cargo, lo que denota una confianza de los jefes para con ellos en la realización de las operaciones cuestionadas, sino también el modus operandi que desarrollaban, endosando numerosos cheques, por cifras redondas, cobrando por ventanilla sumas en efectivo de manera periódica e ininterrumpida, entregando dinero en efectivo a las autoridades de la entidad gremial, entre otras características”.
Sánchez Freytes descartó entonces que “oficiaran como simples cadetes”: “Por el contrario: puede presumirse que conocían las acciones ilícitas de las que formaban parte, además de que encontrándose autorizados para operar las cuentas del sindicato, no se justifica de forma alguna y menos por las razones ‘de agilidad’ que cheques de elevada cuantía terminaran colocándolos como beneficiarios directos a ellos”.
El TOF2 confirmó que Guzmán falleció en enero de 2023, a los 54 años, de un paro cardíaco. Declaró extinguida la acción penal y lo sobreseyó.
