Huelen sangre. Y, claro, leen las encuestas. Los 16 gobernadores peronistas (incluyendo a Axel Kicillof, pero no a Juan Schiaretti) firmaron el apoyo explícito a uno de los proyectos que arribó al Congreso de la Nación que pone en tela de juicio el reparto de los subsidios al transporte urbano de pasajeros.
Se trata de la iniciativa presentada por el senador sanjuanino Rubén Uñac junto al tucumano Pablo Yedlin, ambos del Frente de Todos. Se llama Ley de Distribución Federal de los Fondos de Compensación del Transporte. Para este año, estos se estiman en 360 mil millones de pesos, aunque dependerá de cómo cierre el último trimestre la paritaria salarial de UTA, el gremio de los choferes.
Subsidios al transporte
En el conurbano bonaerense y ciudad de Buenos Aires, hay 49.519 choferes para un parque de 18.039 unidades. En el interior, son 30.116 los choferes y 10.830 los colectivos. Es decir que, si miramos el sistema global, Amba representa el 60 por ciento del sistema, y el interior, el 40%. Pero a la hora de repartir la plata que pone la Nación, a Amba va el 85% del total, y al interior, el 15%. En el mejor mes, junio de 2021, al interior le tocó el 20%.
Según datos de Fatap (federación que agrupa a las empresas del interior), a abril pasado la Nación ponía 1,27 millones de pesos por cada colectivo de Amba, y en el interior, apenas 268 mil pesos. Eso permite, obviamente, que en el Amba la tarifa promedio sea de 14 pesos, mientras que en el interior, también en promedio, trepa a 51,50 pesos. La brecha tarifaria es de 268%. En Caba, la tarifa es de $ 18, pero quien tiene Sube apenas paga $ 8,10 el boleto. Dicho de otra forma: si tomamos un mix entre el precio pleno y el de la Sube, por cada usuario del interior que paga ida y vuelta su boleto a la tarifa promedio de 14 pesos, un porteño fue y vino casi cuatro días.
Precio de los boletos: desiguales
El boleto en el Amba está congelado desde abril de 2019, prepandemia, lo que significa que el aumento fue cero con una inflación del 240% desde entonces a esta parte. En el interior, todas las administraciones tocaron tarifas al menos dos o tres veces.
La otra iniciativa, que promueve Schiaretti y que motoriza la senadora Alejandra Vigo y sus tres diputados nacionales, apunta a crear un “boleto federal”; es decir, una tarifa plana para todos los usuarios, con independencia del lugar donde vivan. Se entusiasman con un boleto a 18 pesos para todos y todas, aun a sabiendas de que algo así implicaría multiplicar por cuatro los subsidios que se destinan. Por ello, tiene cero chances de avanzar en el Congreso.
El proyecto de Uñac apunta a repartir algo más parejo lo que hay, en sintonía con el peso de cada una de las partes. Sería apuntar a que el Amba se quede con el 60% de la torta, y el interior, con el 40%. Para el Amba, el recorte rondaría un tercio de lo que hoy recibe, mientras que el interior pasaría a tener el triple. Un montón, por lo que hay que hacer algunas consideraciones.
Un tercio menos para el Amba implicaría llevar la tarifa a por lo menos 45 pesos. Inviable con una Cristina Kirchner soplándole la nuca a Alberto Fernández, a meses de unas Paso. Kicillof apoya porque sus municipios del interior también se le rebelan, pero lo que la política no dice es que los fondos le llegarán al gobernador K vía ATN, aun cuando el FMI vigila las transferencias discrecionales. O sea, habrá más plata en subsidios; por eso todos los gobernadores del PJ van unidos.
Pero lo cierto es que esa mayor cantidad de plata será sólo para Kicillof, no para Rodríguez Larreta. Como los mismos gobernadores creen que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le restituirá a Caba los fondos de la coparticipación que Alberto le quitó, quieren que le lleguen ya gastados de antemano; es decir, con un fin específico, no previsto. ¿Qué mejor que obligarlo a pagar los colectivos en lugar de que baje impuestos, como se apuró en prometer?
Como siempre que actúan en tándem, los gobernadores advierten el momento de debilidad extrema del Presidente. Y así como Sergio Massa lo corre por derecha cuando obliga a Martín Guzmán a apurar los anuncios de Ganancias, los mandatarios creen que este es “el” momento para sacarle más plata a Fernández. Dicen que puede ser por ley, pero que si el Ejecutivo tuviese buena voluntad lo podría hacer con un decreto o una resolución. Ya, ahora, en un gesto de buena voluntad para congraciarse con la institucionalidad que revisten las provincias.
Cuando firmaron el Consenso Fiscal, en 2017, se relamieron al presionar para que cada jurisdicción se hiciera cargo del transporte en sus distritos. Imaginaban una María Eugenia Vidal y un Rodríguez Larreta asfixiados, haciéndose cargo de los colectivos, la electricidad y el agua, como hace cada uno en sus pagos.
Pero cambió el país. Y el Frente de Todos, en 2019, volvió a poner Edenor y Edesur bajo el ala de la Nación, al igual que todos los casi 20 mil colectivos del Amba. Con el agua, no habían ni avanzado. Sostener el transporte se ha vuelto inviable para la mayoría de las provincias y municipios: ya no les importa pensar un país saludable, donde cada jurisdicción asuma las funciones que le toca. Ahora hay que salvarse rápido, que vienen las elecciones y hay que conseguir más plata, naturalizando que las empresas se lleven 360 mil millones de pesos en subsidios anuales que nadie discute demasiado.
