La Secretaría de Energía, del Gobierno de Alberto Fernández, identificó cinco criterios que se podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios al consumo de gas y electricidad para los clientes residenciales de mayores ingresos.
Así se desprende del informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético que será parte de la debate que se dará en las audiencias públicas convocadas para los días 10, 11 y 12 de mayo próximos.
Todo lo que necesitás saber sobre la quita de subsidios
Allí, se discutirá una actualización de las tarifas y la segmentación de subsidios sobre, afirma el Gobierno, “el principio de gradualidad”.
La idea ya planteada por el Gobierno nacional, según la agencia Télam, es reducir “totalmente” los subsidios en el caso de los usuarios con capacidad de pago de una tarifa plena de gas y electricidad.
También prevén la existencia de un segmento medio que recibirá una reducción parcial de los subsidios y -por último- la de los usuarios de menores ingresos y más vulnerables que continuarán con la asistencia mayor del Estado.
En las dos primeras audiencias se tratarán los precios del gas natural a nivel nacional y de la energía eléctrica para el Área Metropolitana de Buenos Aires (el AMBA, donde operan Edenor y Edesur).
En la tercera, el 12 de mayo, se presentará el informe técnico elaborado por la Secretaría de Energía donde se identifican los criterios que se podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios.
La baja de subsidios es una de las condiciones que pactó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional. Aunque no está claro si alcanzará.
Subsidios: los más ricos
Por el cruce de la información de empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) sobre ingresos y patrimonio, se estima que estarían afectados por un menor nivel de subsidios 921.778 clientes titulares de energía eléctrica, y 760.600 de gas residencial.
Vale recordar que los criterios no son los mismos para el AMBA que para el resto del país ya que, por ejemplo, la luz y el agua en Córdoba no reciben los mismos subsidios de parte de la Nación.
Si se toman como referencia los suministros, en este segmento se incluirían hasta 1.631.846 usuarios del servicio eléctrico que representan el 10,1% del universo relevado, y 1.178.248 suministros de gas residencial que representan el 12,9%, de acuerdo al informe oficial.
En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de subsidios, el informe analizó que el decil superior recibió en 2021 un subsidio promedio en electricidad de $ 49.452, y en gas natural de $ 23.312, por lo cual con un ingreso por hogar promedio de $ 3.258.861 al año, el pago pleno de los servicios tendría un impacto de 1,5% y 0,72%, respectivamente.
A estas cifras, la cartera energética llegó mediante la evaluación de alternativas para la asignación de subsidios basadas en aspectos socioeconómicos individuales del suministro o del titular como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y las características de la urbanización.
Así, en el segmento de menor nivel de subsidios la definición se define por alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de “polígonos de alta capacidad de pago” identificados por el ENRE o estar en el registro de urbanizaciones cerradas (countries o barrios cerrados).
En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.
Es decir que comenzarían a pagar la tarifa plena los titulares del servicio con ingresos de más de $ 300.000.
Subsidios: los más pobres
En el caso del segmento de mayores necesidades, que reciben más subsidios, la inclusión se podría definir por estar ubicado dentro de “polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)” o entre los criterios socioeconómicos ser jubilado, pensionado o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (hoy es de $ 33.000).
También podría alcanzar a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, y los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
El estudio también contempla a los titulares de programas sociales, los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y de certificado de discapacidad.
En este segmento los criterios de exclusión (recibirían menos subsidios o se los sacarían) son: ser propietario de dos o más inmuebles, ser propietario de un vehículo de hasta 10 años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) y tener más de un suministro bajo su titularidad.
Subsidios: clase media
En cuanto a la clase media (Télam lo llama “difuso segmento intermedio”), se entiende que dado que el criterio espacial (el lugar donde está ubicada la vivienda) puede generar errores de inclusión a la hora de definir la pertenencia o no a un segmento determinado, lo que debe primar es el criterio socioeconómico.
Por lo tanto, todos los suministros que no tengan una modificación en su segmento se asignará el nivel de subsidios correspondiente al segmento intermedio.
En este sentido, se mencionó que se ha logrado identificar y asignar características de clase media al 59,4% de los suministros en el caso de energía eléctrica y el 69% en el caso del gas para el total nacional
La información aclara que hay jurisdicciones donde este valor se reduce “en la medida que la información suministrada no permite una identificación correcta de los titulares”.
En la instancia de implementación, la autoridad de aplicación deberá instar a los organismos competentes a la provisión y adecuación de la titularidad de los suministros para alcanzar un mayor grado de identificación de forma tal de reducir las solicitudes de reconsideraciones.
